El acuerdo de principios de Biden y McCarthy: razonable...a corto plazo
Ambos partidos proclaman que quieren reducir la deuda, pero sus posturas maximalistas provocarán en un principio el efecto contrario
Las negociaciones entre el presidente Joseph Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, culminaron en un acuerdo de principios el sábado 27 de mayo. Se acerca la fecha en la cual el ministerio de Finanzas ha anunciado que no podrá pagar a todos los acreedores de EEUU y abonar todas las partidas del presupuesto federal. Janet Yellen ha retrasado el temido día de una hipotética suspensión parcial de pagos del 1 al 5 de junio. Algunas fuentes hablan del 15 de junio como tope debido a los ingresos por recaudación de impuestos. Pero el vaivén de fechas se presta a que los republicanos más radicales relativicen los efectos desestabilizadores de una suspensión de pagos breve.
El acuerdo entre Biden y McCarthy estipula una elevación del techo de la deuda nacional en 4 billones hasta enero de 2025. En la actualidad asciende a 31,4 billones de dólares. La Casa Blanca acepta congelar para el año fiscal 2024 el gasto discrecional no militar (excluye pensiones, Medicare y Medicaid) al nivel de 2023 (1,7 billones), mientras que los republicanos lo querían recortar al nivel de 2022 (1,6 billones). Biden y McCarthy están asimismo de acuerdo en limitar el aumento de dicho gasto en un 1% en 2025.
Se mantendría el aumento previsto en el gasto militar (885.000 millones) y para los veteranos de guerra (131.000 millones). Ambos partidos eluden acotar los fondos para el sistema de pensiones y los programa médicos Medicare para los jubilados y Medicaid para los pobres. Estas partidas políticamente intocables constituyen el 63% del presupuesto. Por consiguiente, los recortes en el gasto deben proceder de una parte relativamente pequeña del presupuesto, el gasto discrecional no militar, que en 2023 ascendió a 936.000 millones. Hay acuerdo en recuperar los 70.000 millones para Covid-19 no desembolsados. Los demócratas asimismo aceptan a regañadientes reducir la financiación científica, la dotación para la seguridad del sistema ferroviario y parte de los 80.000 millones destinados a la agencia tributaria (IRS).
Unos de los escollos en las negociaciones es la exigencia de los republicanos en cortar las ayudas sociales y médicas a los menores de 56 años sin personas a cargo que no trabajen o busquen empleo. Se acordó introducir el requisito de trabajar o buscar empleo para los 40 millones de individuos que reciben ayuda alimentaria del programa SNAP, pero no para los 85 millones que se benefician del programa médico federal para los pobres (Medicaid). Los congresistas demócratas más progresistas se oponen a dicho requisito de trabajar y la agilización de los permisos para la extracción de hidrocarburos. Por su parte, algunos de los 36 congresistas republicanos radicales integrados en el denominado Freedom Caucus solo respaldarán el proyecto de presupuesto aprobado en abril por su mayoría en la Cámara de Representantes. A cambio de aumentar el techo de la deuda en 1,5 billones, reduciría el gasto en 3,2 billones durante la próxima década. Dicho presupuesto era inasumible para la Casa Blanca, porque elimina la mayor parte de los 391.000 millones en inversiones en tecnologías verdes, energías renovables y sanidad contenidas en el Inflation Reduction Act aprobado por los demócratas en agosto de 2022. Los republicanos, por su parte, también rechazaron el presupuesto de los demócratas. Hubiera subido el gasto en 6,8 billones y se hubiera financiado con un alza del impuesto de sociedades del 21% al 28% y del impuesto sobre la renta y las plusvalías hasta al 39,6% para los individuos con ingresos anuales superiores a 400.000 dólares.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes es de 222 a 213, y la de los demócratas en el Senado 51 a 49. Por consiguiente, el proyecto de ley pactado entre Biden y McCarthy deberá contar con votos republicanos y demócratas en ambas cámaras. Un presupuesto y acuerdo para elevar el techo de la deuda consensuado entre demócratas y republicanos le otorga más legitimidad y sería un desenlace positivo. Pero Biden esperó hasta mediados de mayo antes de aceptar recortes en el gasto. La oposición de los congresistas más radicales de los dos partidos también ha retrasado la consecución de un acuerdo.
La Casa Blanca pecó de ingenuidad al pensar que los republicanos temían las repercusiones políticas de una suspensión de pagos. Hasta mayo los demócratas exigieron a la mayoría republicana en la Cámara un alza del techo de la deuda desvinculado de la negociación del presupuesto. Kevin McCarthy no cuenta con demasiado margen de maniobra. En enero necesitó quince rondas de votación para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. Un único congresista republicano puede exigir una votación que podría destituirle. Por ello, McCarthy les ha prometido que tendrán 72 horas para examinar el texto del proyecto de ley alcanzado con la Casa Blanca.
El ministerio de Finanzas ha elaborado un plan ante la posibilidad de que no se logre el acuerdo antes del 5 de junio. Priorizaría abonar los intereses de la deuda de EEUU y las pensiones, lo cual recortaría en una tercera parte las demás partidas presupuestarias. Pero la priorización de los pagos solamente funcionaría si el ministerio logra realizar sus subastas semanales de bonos con normalidad y emplea las ganancias de los que vende para cubrir el capital de los que vencen. La rentabilidad de los bonos que vencen el 1 de junio se ha situado por encima del 7%. Fitch ha colocado en “observación negativa” la calificación de AAA de EEUU como emisor de deuda extranjera. El acuerdo de última hora evitará la suspensión de pagos.
EEUU está muy polarizada y se ha politizado su política presupuestaria. Ambos partidos proclaman que pretenden reducir la deuda. Pero sus posturas maximalistas irónicamente provocarán el efecto contrario a corto plazo.
Alexandre Muns es profesor de EAE Business School
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