Una nueva campaña que debe centrarse en los retos del país
La convocatoria de elecciones generales en julio abre una etapa de incertidumbre en un momento en el que España está llamada a la presidencia de turno en el Consejo de la UE
La convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio anunciada ayer por Pedro Sánchez constituye la primera consecuencia política, y una consecuencia inmediata y contundente, del vuelco electoral producido el domingo en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. La decisión de Sánchez, inesperada también en su inmediatez, es la respuesta al castigo sufrido por el PSOE y sus socios en unos comicios que se han saldado con un potente respaldo al Partido Popular, que recupera terreno de forma importante en toda España. En el ámbito municipal, donde estaban en juego 8.000 ayuntamientos, los populares han pasado del 22,6% de los votos obtenidos en 2019 al 31,5%, tres puntos por encima del PSOE, que se ha quedado con un 28%. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha obtenido siete millones de votos, lo que supone 1,9 millones más que hace cuatro años y 758.000 más que los socialistas, ha arrebatado a la izquierda la Comunidad Valenciana y Aragón, y ha consolidado las dos grandes regiones que ya gobernaba: Madrid, con mayoría absoluta, y Murcia.
Más allá de la política de pactos que se irán forjando en las próximas semanas y de la consolidación de los flecos que están pendientes de esos acuerdos, la decisión de Sánchez apunta a una estrategia para tratar de revertir o, como mínimo, de no agravar la distancia tomada por los populares en unas elecciones que fueron planteadas por todos los partidos como una suerte de primarias y cuyos resultados es inevitable interpretar en esa misma perspectiva.
Sánchez, que reconocía ayer su responsabilidad en el retroceso del PSOE, ha tomado una decisión arriesgada desde el punto de vista político al adelantar los comicios, en una apuesta por movilizar el voto de izquierda antes de que su Gobierno sufra un desgaste mayor. La convocatoria de elecciones generales en julio abre, en cualquier caso, una etapa de incertidumbre en la vida política y económica española y lo hace en un momento en el que España está llamada a desempeñar la presidencia de turno en el Consejo de la UE. Mientras los ciudadanos españoles afrontan los efectos de una crisis inflacionaria que ha devaluado su poder adquisitivo y neutralizado la percepción de mejora en otros indicadores macroeconómicos, las fuerzas políticas volverán a medirse en una nueva campaña cuya tensión política será previsiblemente mayor que la que acabamos de cerrar, pero en la que sería un grave error que se obviasen los grandes temas que preocupan a la ciudadanía y que son fundamentales para el futuro inmediato de la economía del país.
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