Singapur abre la puerta a que España indemnice a NextEra con 291 millones por el recorte de las renovables
El Tribunal de Apelación desestima el recurso de la Abogacía, que alegó inmunidad soberana y permite avanzar en la reclamación de cobro del laudo
La justicia de Singapur sigue los pasos de la estadounidense y ha reconocido la obligación de España de indemnizar a los inversores que perdieron sus retribuciones por el recorte de las primas de las renovables. El Tribunal de Apelación del país asiático ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado contra el registro del laudo arbitral que otorgó un indemnización de 290,6 millones de euros (más intereses) al gigante eléctrico estadounidense NextEra. Se trata de la mayor compensación reconocidas en un laudo arbitral contra España en el marco de la larga batalla judicial que enfrenta a España con medio centenar de inversores desde 2011.
La resolución, dictada el pasado 19 de octubre, rechaza el principal argumento del Estado español, que insistió en que tiene inmunidad soberana y que, por tanto, los tribunales no pueden conocer este tipo de reclamaciones. La corte asiática no comparte este criterio y destaca que cuando España se adhirió al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ―la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial―, aceptó someterse a la jurisdicción de los tribunales de los demás Estados firmantes para el reconocimiento de los laudos dictados bajo ese sistema. En este sentido, la sentencia apostilla que los países firmantes están obligados a reconocer los fallos arbitrales y a aceptar el mismo tratamiento cuando es él el que resulta condenado.
De este modo, la justicia de Singapur ha dado un nuevo paso para facilitar el cobro de las indemnizaciones que España adeuda a los inversores afectados por el recorte de las primas a las renovables y que denuncian vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). La crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar una primera medida e introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito de la fotovoltaicas. El golpe definitivo llegó en 2013, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, cuando la reforma eléctrica rediseñó por completo el sistema retributivo y afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados bajo el esquema anterior.
El reciente pronunciamiento va en línea con el de la justicia estadounidense, donde la corte de apelación y el Supremo han rechazado que España tenga inmunidad soberana y han recalcado que los laudos tienen carácter de “sentencia firme”. Esto ha dado pie a que varios jueces del distrito de Columbia hayan abierto, por el momento, hasta 12 procedimientos para ejecutar varios laudos arbitrales, que en total rozan los 848,86 millones de euros. Mientras se tramitan estos casos, los demandantes rastrean los bienes y activos españoles en Estados Unidos para solicitar su embargo. Esta estrategia judicial, que tiene por objetivo presionar al Gobierno español para que abone las indemnizaciones, está liderada por fondos de litigación que han adquirido los derechos de cobro de estos pleitos, encabezados la mayoría de ellos por Blasket Renewable Investments.
Pero esta ofensiva ha sido desplegada también en otros países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos o Australia, donde los inversores cuentan con fallos favorables. Los demandantes han acudido a estos Estados porque, en principio, no se encuentran sujetos a lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limitó la validez de los laudos intra-UE (inversores y Estados miembro de la Unión Europea), ni por las decisiones de la Comisión Europea, que ha respaldado a España en su postura de no abonar las indemnizaciones, al entender que estas podrían considerarse ayudas ilegales de Estado.
Bélgica y Países Bajos, como miembros de la UE, sí que deben seguir lo dictaminado por las instituciones europeas. Así el Ejecutivo comunitario abrió un expediente contra el primer Estado por tramitar algunas de las peticiones de bloqueo de activos de los inversores, al tiempo que en Ámsterdam se ordenó levantar el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
En su recurso ante la justicia singapuriense, los servicios jurídicos del Estado también pusieron de manifiesto los vetos europeos. Sin embargo, el Tribunal de Apelación recuerda que el Ciadi constituye un sistema autónomo, con sus propios mecanismos de revisión y anulación y que los tribunales nacionales no pueden reexaminar la competencia del tribunal arbitral ni abrir una nueva revisión del fondo de sus decisiones. Por último, el fallo confirma también las costas de primera instancia, fijadas en 80.000 dólares singapurenses (55.716,51 euros, al cambio actual) más intereses de demora, e impone a España otros 50.000 dólares singapurenses (34.822,82 euros) como condena por la apelación que ahora decae.
De las 51 demandas de arbitraje presentadas, 29 de ellas se han resuelto a favor del demandante hasta el momento y 18 a favor del España. De los más de 10.000 millones de euros en total que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, más intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.
Hasta la fecha, el Gobierno solo ha accedido a pagar un solo laudo (que también está siendo investigado por el Ejecutivo comunitario), el correspondiente a la japonesa JGC Holdings Corporation por 23,5 millones de euros, al tratarse de un inversor extracomunitario y tras llegar a un acuerdo con los inversores de cerrar todos los frentes judiciales relacionados. Aún así, las previsiones de pago del Gobierno son superiores, ya que, ha provisionado 2.943 millones de euros, según figura en la Cuenta de la Administración General del Estado de 2025, presentado en verano ante el Tribunal de Cuentas.