Ferrovial: en España no se llora, en España se factura
En vez de hacer de esto un caso político en el que todos nos haremos daño, debemos mejorar nuestro entorno de negocio
No ha sentado bien la decisión de Ferrovial de trasladar su sede legal a Países Bajos. La compañía, nacida bajo el paraguas del franquismo, hizo fortuna en la construcción y gestión de infraestructuras, hasta convertirse en uno de los campeones nacionales. En los años noventa y principios de los años 2000, con bajos tipos de interés, y acompañando la ola de multinacionalización de las compañías españolas de servicios e infraestructuras, Ferrovial aceleró su expansión internacional consiguiendo importantes concesiones de todo el mundo, como aeropuertos internacionales del Reino Unido, incluyendo el mítico Heathrow. Eran los años en los que la Marca España se paseaba por el planeta presumiendo de su presencia internacional en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Las cosas se torcieron bastante en la crisis de 2008, con el mercado de la construcción y las infraestructuras completamente hundidos, y con toda la deuda en la que se incurrió por digerir a largo plazo. El resultado ha sido una década de alto endeudamiento en muchas de nuestras grandes compañías, algunas desinversiones estratégicas y un crecimiento ralentizado. Ferrovial no ha sido ajena a este movimiento y, solo hace seis meses, se hacía pública la negociación para la venta de una parte de su negocio de aeropuertos en el Reino Unido.
La decisión de su salida de España ha tomado por sorpresa a la comunidad económica. Las razones: el mejor acceso a la financiación en un país con mejor rating –algo que afecta bastante al rating de las empresas– y mercados financieros más profundos, con más actores y mejor acceso a los mismos y una factura fiscal más reducida –pero no mucho. La compañía plantea que su objetivo es terminar cotizando en Estados Unidos y que para ello es mejor hacerlo desde Países Bajos. Aunque mueve la sede legal, algo que afectará a su pago de impuestos y a los impuestos de los dividendos, la sede operativa se mantiene en España, donde seguirá manteniendo, al menos inicialmente, miles de puestos de trabajo. La decisión la toma una empresa donde el accionariado está internacionalizado, tanto como su mercado y como el origen de sus beneficios. En definitiva, una decisión, quizá no óptima, pero desde luego razonada en un contexto de creciente internacionalización.
Hasta aquí la mera cuenta económico-financiera. Y desde aquí, las interpretaciones políticas y reputacionales. La salida de Ferrovial supone un importante revés a la marca España a nivel internacional, y ha sido recibida por el Gobierno como una deslealtad con el país que la hizo crecer. No ha faltado tampoco quien ha lanzado los dardos contra la supuesta política antiempresas del Gobierno –en un país donde las empresas han visto crecer sus beneficios seis veces más que los salarios durante el último año, es una acusación bastante chocante– y por la libertad de acción de las empresas privadas.
Algunas consideraciones que sería interesante tener en cuenta. En primer lugar, los dueños de Ferrovial son libres de establecerse en aquel lugar que más ventajas financieras, económicas y fiscales les sean ofrecidas. Los campeones nacionales que han terminado en manos extranjeras se cuentan por decenas, máxime después de las privatizaciones de los años ochenta y noventa. Por citar algunos: Seat, Ebro, Endesa, Everis (hoy NTT), empresas españolas –algunas de origen público– que hoy son filiales de alguna internacional que ni cotiza ni tiene interés en cotizar en España. Aunque no es exactamente la misma situación, la salida de Ferrovial de nuestro país, aun manteniendo la sede operativa en España, apunta en esa misma dirección. En otras palabras, ni es la primera ni la última operación sonada que implica a empresas españolas. Mientras esto ocurre, otros centros de decisión se trasladan a nuestras ciudades, algo de lo que nos congratulamos, porque el camino se recorre en dirección opuesta. Santander, BBVA, Telefónica, Aguas de Barcelona, por citar algunas, mantienen importantes negocios a nivel internacional y en buena medida lo han logrado comprando empresas nacionales, muchas en fase de privatización. En mercados globales, estas cosas ocurren y, en el mercado interior europeo, que garantiza la libertad de movimiento y de establecimiento, más todavía.
Ahí viene la segunda consideración: el mercado único europeo no es simétrico y está diseñado para que las aguas siempre terminen en los mismso países. La Unión Europea debería tomarse en serio la armonización fiscal, porque, sin ser considerados paraísos fiscales –al menos legalmente– tenemos un grupo de miembros que viven a costa de succionar los beneficios de sus socios, y algo de eso hay en la política fiscal de Países Bajos.
Una tercera consideración: convendría no sobrerreacionar con esta decisión. Ferrovial mantiene en España más de 5.000 puestos de trabajo que convendría proteger. Sigue siendo una empresa relevante para nuestro país, y su efecto de arrastre sobre nuestra economía es notable. Es un error amplificar una campaña de desprestigio y de despecho, como si de una infidelidad se tratase. La solución no puede pasar por amedrentar a las empresas españolas, sino por seducirlas y por seducir a más empresas para que se instalen en nuestro país. Y no es necesario convertirse en un paraíso fiscal: invertir en innovación, en formación del capital humano, mejorar las condiciones de financiación a través de una política prudente en la Hacienda pública y evitar regulaciones innecesarias ayudaría mucho más que lanzar soflamas sobre agravios, deslealtades, patrioterismos y codicias.
La región más competitiva de España (Madrid), medida según el índice de competitividad regional de la Unión Europea, es menos competitiva que la región menos competitiva de Países Bajos. Una parte de esa divergencia de competitividad tiene más que ver con la geografía y el acceso al mercado europeo que con las decisiones de política económica, pero la inversión en educación, innovación y apoyo empresarial en Países Bajos está muy por delante de la nuestra. Quizá, en vez de hacer de esto un caso político en el que todos vamos a terminar haciéndonos daño, o de generar la enésima crisis de autoestima nacional, deberíamos extraer lecciones y mejorar aceleradamente nuestro entorno de negocios, algo que esperamos se pueda culminar con la adecuada implementación de las inversiones y reformas del Next Generation. Ojalá pronto podamos decir que en España no se llora, en España se factura.
José Moisés Martín es economista y consultor internacional. Colaborador de Agenda Pública
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