España no debe fiar la reducción de la deuda solo al crecimiento y a la inflación

La consolidación de las cuentas públicas volverá a convertirse en una condición imperativa una vez que se renegocie en Bruselas el nuevo modelo de reglas fiscales

España ha acabado 2022 con un récord histórico de deuda pública, que alcanzó los 1,502 billones de euros al cierre de diciembre, lo que supone un aumento de más del 5% respecto a 2021. Pese a ese importante repunte, la ratio de la deuda en las cuentas públicas bajó hasta situarse en el 113,1% del PIB, un porcentaje menor que el registrado el año anterior y por debajo también del objetivo del Gobierno, el cual recordaba el viernes con una evidente satisfacción que supone “la mayor reducción del endeudamiento de las administraciones públicas registrada en la historia reciente”.

Las razones de este descenso de la deuda sobre el PIB se deben fundamentalmente a dos circunstancias, ambas coyunturales. La primera es el buen comportamiento de una economía que ha evitado hasta el momento las peores profecías, que apuntaban a una inminente y casi inevitable caída en recesión técnica, y que en 2022 creció más de lo previsto. A ello hay que sumar el generoso aumento que han experimentado los ingresos públicos, alimentados no solo por el crecimiento extra de la economía, sino también por el efecto de la inflación. El rally de los precios castiga con virulencia el bolsillo de los ciudadanos y los márgenes de la mayor parte de las empresas, pero favorece a las arcas públicas al elevar de forma casi automática las bases imponibles de los principales impuestos. Hacienda ha cerrado así 2022 con un volumen extra de ingresos, un fenómeno que no es privativo de España, sino también de otros países golpeados por la inflación.

Aunque desde el Gobierno se ha destacado el compromiso con el rigor fiscal, España no ha emprendido todavía el camino de regreso a la consolidación de las cuentas públicas, una disciplina de saneamiento que ha dejado de ser un deber de obligado cumplimiento en Europa por la irrupción de la pandemia, pero que volverá a convertirse en una condición necesaria una vez que se renegocie en Bruselas el nuevo modelo de reglas fiscales.

España ha aumentado el gasto público y las necesidades de financiación como consecuencia de una situación extraordinaria que ha obligado a aumentar el apoyo a las familias y las empresas, pero no debe fiar la reducción de la deuda únicamente al crecimiento económico, que previsiblemente suavizará su ritmo, y al efecto de la inflación en los ingresos públicos, que será menor a medida que los precios se moderen. A la espera del nuevo modelo de consolidación fiscal, es hora de sentar las bases de una vuelta progresiva a una disciplina que pronto volverá a ser imperativa para toda la eurozona.

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