El fantasma de YPF acecha a Milei y abre la puerta al embargo de bienes argentinos por hasta 16.000 millones
La justicia estadounidense ha permitido a un fondo de inversión que acceda a los registros financieros de entidades públicas argentinas con el objetivo de hacerse con activos del país en el extranjero
En junio de 1999, Repsol lograba el control del 98% de la petrolera argentina YPF tras una inversión de más de 15.000 millones de dólares y ponía fin al principal proceso de privatización llevado a cabo por el Gobierno liberal del presidente argentino Carlos Menem. Un cuarto de siglo después, y con el regreso del ideario neoliberal al mando del Ejecutivo de la tercera economía latinoamericana, los fantasmas de esta petrolera amenazan con transformarse en un frente de tormenta para la administración de Javier Milei. En septiembre del año pasado, una sentencia de un tribunal estadounidense obligó a Argentina a pagarle al despacho de abogados inglés Burford Capital unos 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012, algo que los recién llegados a la Casa Rosada han intentado apelar sin éxito.
Más allá de los intereses crecientes por el impago de la deuda, en torno al 5,42% anual, la verdadera amenaza parece tomar forma para Milei con la posible expropiación de bienes argentinos en el extranjero. La jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del distrito Sur de Manhattan, abrió la puerta la pasada semana a considerar que YPF, que sigue operando como una sociedad privada que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, y el Banco Central argentino puedan ser “alter ego” del país sudamericano, lo que permitiría embargar bienes de ambas entidades y asegurarse el cobro de parte de la deuda, al menos hasta alcanzar una sentencia firme tras la apelación de los abogados argentinos. “En términos deportivos, los argentinos estamos perdiendo el partido 6-0 y sumamos ya seis fallos en contra desde 2016”, apunta Sebastián Maril, experto de la firma de asesoría Latam Advisors.
El comienzo de esta peripecia legal entre Buenos Aires y Nueva York tiene origen en Madrid, gracias a la llegada de la familia argentina Eskenazi al accionariado de YPF con el visto bueno de Repsol. Entre 2008 y 2011, este grupo adquirió el 25,4% de los títulos de la energética gracias al financiación otorgada por bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander junto con otras cuatro entidades, así como 1.500 millones de euros de deuda acordada con Repsol. La expropiación en 2012 provocó que las sociedades españolas controladas por Eskenazi entraran en concurso, por lo que los nuevos administradores diseñaron un plan con el objetivo de saldar sus deudas con los bancos y la petrolera española.
La estrategia central de los abogados, aprobada por el juzgado mercantil número 3 de Madrid en 2014, consistía en demandar a Argentina en EE UU al considerar que el Gobierno, al pactar la salida de Repsol, estaba obligado a lanzar una opa al resto de los accionistas, que controlaban el 49% de la compañía. En 2015, Burford Capital se incorpora al pleito para administrar y financiar el proceso, a cambio del 30% de cualquier futuro beneficio económico. Es decir, si Argentina decidiera cumplir con el fallo de los tribunales estadounidenses, poco más de 4.300 millones de dólares irían para saldar la liquidación de las compañías vinculadas a Eskenazi. A la vez, más de la mitad de este dinero iría a saldar la deuda con Repsol, mientras que los bancos acreedores se quedaron con las acciones de YPF como pago parcial por lo adeudado.
Consecuencias para Argentina
Milei no es el primer presidente que tiene que hacer frente a las consecuencias de este pleito: desde 2015 se han sucedido tres administraciones de diferentes colores políticos. Por lo pronto, el nuevo Ejecutivo parece seguir la misma estrategia legal que sus antecesores y apuesta por agotar las instancias legales en Estados Unidos, con el foco puesto en el año próximo, cuando la Corte de Apelaciones falle la petición de Argentina. “Es hora que finalmente Argentina preste atención y no siga pateando la pelota. El presidente Milei tiene una oportunidad única de diferenciarse de sus predecesores”, apunta Maril, quien señala que el Ejecutivo debe dejar de ver estos casos solo “como un pasivo”.
En diciembre del año pasado, Milei adelantó que el país no cuenta con los recursos para hacer frente a la decisión judicial. “Esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, aseguró en una de sus primeras entrevistas televisivas tras llegar a la Casa Rosada. En ese momento, también adelantó que estudiaba emitir un bono perpetuo si tuviera que hacer frente a la decisión de los tribunales estadounidenses, a la vez que crearía el “impuesto Kicillof”, llamado así por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro de economía cuando se expropió la compañía energética. El problema es que el mercado no cree en esta solución: “No hay ninguna posibilidad de que Argentina siga emitiendo”, destacaba en diciembre una encuesta de analistas realizada por la agencia Bloomberg.
A nivel político, cualquier posible resolución deja al Gobierno argentino en una situación incómoda, especialmente en su búsqueda desesperada de inversiones extranjeras para reanimar una economía cada vez más anémica y donde la pobreza alcanza al 57,4% de la población, según los últimos datos de la Universidad Católica Argentina. El presidente se reunió a finales de mayo con grandes directivos de compañías tecnológicas, como OpenAI, Apple y Alphabet, a los que presentó “su visión sobre el futuro de la Argentina y la importancia de un marco regulatorio que promueva la innovación y la inversión”, según informó el Ejecutivo. También traería los amargos recuerdos de la anterior gran crisis argentina. La declaración en 2001 del default de los bonos emitidos en la década de 1990 disparó una ola de embargos de activos argentinos en el extranjero. El caso más conocido fue el del buque escuela de la Armada Libertad, embargado por dos meses en Ghana por petición de acreedores extranjeros.
En clave económica, cualquier incremento de la deuda en moneda extranjera puede agravar una situación ya compleja. “Dependiendo de la magnitud de los fallos definitivos en los casos de litigios internacionales contra Argentina (incluyendo YPF), la deuda pública podría aumentar inicialmente y la confianza de los inversores en la deuda soberana podría disminuir”, resaltaba la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de febrero pasado. Si bien la deuda pública está en niveles sostenibles, apunta el organismo multilateral, con un superávit primario esperado de 2% para este año, los expertos destacan el exigente calendario a mediano plazo, con vencimientos por más de 21.000 millones de dólares antes de 2029.
Cualquier decisión puede afectar también las operaciones actuales de YPF. Los ADR (American Depositart Receipt, o certificados que representan la propiedad de acciones no estadounidenses) que cotizan en Wall Street han duplicado su precio desde que el ultraliberal se impuso a su rival peronista el pasado 19 de noviembre. La expectativa, como indican los analistas del banco brasileño Bradesco, es que si la “compañía puede fijar los precios de la gasolina en paridad con los precios internacionales”, los indicadores económicos sufrirían un “fuerte impacto positivo”. Por lo pronto, el Gobierno descartó en enero una privatización total de la energética, algo que entusiasmaba a parte de los inversores, aunque traía otra vez los temores del anterior proceso.
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