El futuro sostenible de la moda en la ‘fast fashion’: la responsabilidad ampliada del productor
El principio que inspira la nueva directiva europea sobre los residuos es inequívoco: quien contamina paga
La moda rápida ha transformado la manera de vestir y de consumir. Prendas baratas, producidas a gran escala y diseñadas para durar poco, han democratizado la moda, pero también han generado un problema ambiental de dimensiones colosales. Cada año Europa produce seis millones de toneladas de residuos textiles, lo que equivale a once kilos por habitante. En España, 23 kilos por persona.
La vorágine de la fast fashion se traduce en montañas de ropa usada muy difícil de gestionar.
El sector textil no es marginal: aporta casi un 3% al PIB español y concentra un 3,7% del empleo, según datos del Observatorio del Textil y la Moda. Son más de 17.000 empresas, en su mayoría pymes, que integran un tejido empresarial diverso y atomizado. Precisamente por su peso económico y social, este sector no puede quedar al margen de la transición hacia una economía circular.
Llegados a este punto, la pregunta que se plantea es clara: ¿cómo hacer compatible la competitividad de la moda española con la responsabilidad ambiental que exige el siglo XXI?
La respuesta puede estar en la nueva Directiva (UE) 2025/1892 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de septiembre de 2025, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 29 de septiembre de 2025, y que en buena parte se refleja en texto del Proyecto de Real Decreto sobre productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos, que en septiembre ha cerrado su consulta pública y que pretende aplicar al textil y al calzado un régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP). En otras palabras: quien pone la prenda en el mercado, debe hacerse cargo del final de su vida útil.
La RAP implica obligaciones organizativas y financieras muy concretas: inscripción en el Registro de Productores de Producto, reporte anual de las cantidades puestas en el mercado, financiación de la recogida separada y del tratamiento de los residuos, campañas de concienciación al consumidor y, en última instancia, la cobertura de todos los costes derivados de la gestión de ese residuo. El principio que inspira la norma es inequívoco: quien contamina paga. Pero lo interesante es que esta lógica económica puede convertirse en una palanca de innovación y competitividad, si las empresas saben anticiparse.
Uno de los aspectos más disruptivos es la prohibición de destruir excedentes de productos no vendidos, que se canalizarán hacia la reutilización, la donación o, en su defecto, el reciclaje. La futura norma reglamentaria establece los siguientes objetivos de recogida separada y reciclado: en 2030 al menos el 50% de los residuos generados y en 2035 al menos el 70%. Y los siguientes objetivos de preparación para la reutilización: en 2030 al menos el 20% y en 2035 al menos el 35%.
En el 2028, los comercios de más de 400 metros cuadrados deberán informar de forma clara y destacada a los clientes sobre cómo separar sus residuos textiles, sobre la disponibilidad de productos de segunda mano o reciclados, y sobre el contenido reciclado de los artículos que se venden.
Las aportaciones económicas de los productores al sistema de RAP se modularán en función del ecodiseño: los costes dependerán de criterios de reciclabilidad, facilidad de desmontaje, mayor durabilidad o uso de materiales reciclados. Por el contrario, los modelos asociados a la “moda rápida” pagarán más. Esto abre un debate de fondo: la regulación ya no se limita a castigar el incumplimiento, sino que empieza a premiar a quienes apuestan por el diseño circular.
El desafío es enorme. El sector del textil y del calzado está ante un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de gestionar bien los residuos, sino de transformar el modelo productivo de la moda. La fast fashion entra en tensión directa con un marco jurídico que exige durabilidad, circularidad y responsabilidad.
