¿España se rearma? Entonces los bufetes de abogados también
La industria armamentística se abre a contratar firmas legales ante la avalancha de trabajo que se les viene encima, lo que supone un cambio de paradigma en un sector que prefería lavar sus trapos en casa
Más armas, más contratos. También más literatura legal, más garantías, más recelos. Y más millones en juego. La ecuación tiene como resultado una mayor demanda de asesoramiento legal. En definitiva, más abogados. En un contexto geopolítico de infarto, el anuncio del Gobierno de aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % del PIB ha puesto patas arriba una industria armamentística española que permanecía adormecida.
La noticia ha provocado dos reacciones: por un lado, el lobby armamentístico se muestra entusiasmado con que el grifo de dinero público se haya abierto de golpe; pero, por otro, que lo haya hecho de sopetón les inquieta. Hay dudas sobre cómo gastar este presupuesto en tiempo récord y sin pisar ninguna mina legal. Y por ello el teléfono de los bufetes de abogado no ha parado de sonar.
Las propias empresas de seguridad y defensa lo reconocen: necesitan abogados. Tras años de vacas flacas, hay 10.000 millones extras de dinero público que gastar. Demasiados flecos legales necesitan ser perfilados. Por ejemplo, la tendencia a la concentración de empresas en el sector, con reestructuraciones y fusiones, algo que los analistas dan por supuesto, plantea dudas. “Va a venir mucho trabajo que requiere apoyo jurídico de nivel”, anticipa Javier Folguera, director de asesoría jurídica y secretario del consejo de Hispasat. La previsión, señala Folguera, es que los equipos in house van a necesitar “el apoyo de despachos externos de nivel, pues son operaciones de gran complejidad”.
Folguera lanzó esta idea un encuentro organizado por el bufete BDO Abogados el pasado miércoles en Madrid. La cita reunió a la plana mayor de la industria armamentística y militar y a expertos jurídicos, precisamente para encarar la coyuntura. Hubo consenso en admitir que el escenario es tan insólito como desafiante. Una de las previsiones de los ponentes es que las empresas militares ampliarán su factura en servicios legales. “Es imposible que las asesorías jurídicas lleguemos a todo”, reconoció Jorge Orts, director de la asesoría jurídica de Escribano Mechanical & Engineering, grupo especializado en la fabricación de equipamiento armamentístico.
Una llamada de socorro de este calibre no es común. En un sector que manosea información clasificada, secretos industriales y de Estado, la industria tiende a lavar los trapos legales en casa. Con el tsunami de trabajo que se viene encima —el Ejecutivo ha dejado claro que la inversión se quedará en España e irá a parar a empresas patrias— las promotoras se abren a pedir ayuda a las firmas legales fuera de sus muros.
“Éramos reacios a acudir a despachos externos porque echábamos en falta el conocimiento del sector y de los clientes”, dijo Anouk Izquierdo, responsable de la asesoría jurídica del Programa A400M de Airbus DS, en la cita de BDO. “Nos encontrábamos con abogados muy buenos en M&A y en litigios, pero que les faltaba conocer la sensibilidad del sector”.
El panorama ahora es distinto. Los bufetes están cortejando a los players del mundo armamentístico y han abierto vías de diálogo con el Ministerio de Defensa, según fuentes expertas consultadas. Una estrategia valorada por la industria militar, asegura Izquierdo.
Estrategias
Defensa nunca ha sido un área remarcable en términos de facturación para los bufetes, pero con el “plan rearme” de la Unión Europa, como muchos analistas lo han bautizado, los bufetes se han puesto la pila. Un ejemplo es BDO Abogados, que el año pasado estrenó un departamento especializado en cuestiones militares y de seguridad.
Su balance es positivo. “Durante este primer año de actividad, el equipo ha asesorado en operaciones de alta complejidad como las autorizaciones de inversiones extranjeras en el ámbito de la defensa, que requieren el visto bueno del Ministerio de Defensa. También ha intervenido en procedimientos para la obtención de permisos de exportación de material de defensa y productos o tecnologías de doble uso, esenciales en un sector con cadenas de suministro complejas y con fuerte dimensión internacional”, subrayan fuentes del departamento. “Desde hace un año, y más aún desde enero, la postura de la Unión Europea y del Gobierno está propiciando más movimiento empresarial”, reconoce Pablo García-Manzano, responsable de este equipo. Ello está disparando las “consultas legales multidisciplinares” por parte de empresas de armamento.
Otros bufetes también le hacen ojitos a la industria armamentística. “El sector de la Defensa es realmente especial, por su vinculación a la seguridad nacional, la innovación de los productos y sistemas, la concentración de la demanda, por contar con un marco jurídico y procedimientos propios, etcétera”, reconocen David Arias y Marta Guerrero, socio y asociada principal del departamento de derecho administrativo de Garrigues. La firma corrobora el aumento de la frecuencia y la complejidad de las consultas. “Y se irán incrementando, sin duda, por las exigencias del contexto actual”, apostillan.
Por ejemplo, hay dudas sobre cómo articular agrupaciones empresariales que puedan dar salida a la alta demanda de suministro armamentístico. Existe un burbujeo de reestructuraciones y fusiones, y esto es peligroso, pues en la Unión Europea las concentraciones empresariales están sujetas a férreas limitaciones y control.
“Notamos una mayor demanda de asesoramiento en todo lo relativo al acceso al mercado europeo, a la conformación de consorcios o agrupaciones de empresas y a la agilización en la respuesta a los procesos de contratación”, señalan los letrados de Garrigues.
La firma internacional Baker McKenzie también ha movido ficha en la lucha por estos clientes. “Sí, hemos configurado un equipo de trabajo específico para este sector”, confirma Rodrigo Ogea, uno de sus socios directores en España. El auge de este tipo de áreas no será algo coyuntural, predice el experto, “a la vista de la extraordinaria relevancia de los cambios anunciados en este ámbito por EE.UU. y la UE”.
Ogea coincide en señalar que “la complejidad de los proyectos que se están gestando favorece la externalización del asesoramiento jurídico”. Y detecta dos sacos de consultas. Por un lado, las que tocan las dificultades transaccionales: cómo gestionar la inversión, las dudas de competencia y las autorizaciones gubernamentales. Por otro lado, los letrados ponen la lupa en los flecos regulatorios: la maraña normativa para producir, licitar y exportar armas, las dificultades para la gestión de la información clasificada y sensible o las cuestiones de propiedad intelectual, entre otras aristas.
Nuevos jugadores
Andersen España también ha expresado su interés por este nicho. “Contamos con un grupo de defensa y aeroespacio que ha emergido de forma natural”, explican Pedro Rubio, socio de público y regulatorio de Andersen, y Alfonso Couce, director en el mismo departamento. “Desde el inicio del ciclo inversor en 2022, marcado por la aprobación de la Estrategia Industrial de Defensa de 2023, el incremento sostenido del presupuesto y el lanzamiento de nuevos programas de defensa como el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), el Plan MC3, el programa Halcón o las Fragatas F-110, hemos observado una intensificación clara de la demanda de asesoramiento jurídico especializado”, señalan los letrados.
Por su parte, José María Viñals, socio responsable del área de comercio internacional y sanciones a nivel europeo de Squire Patton Boggs, detecta que hay pequeñas empresas interesadas en meter cuello en este mercado. “Existe un incremento de interés por parte de nuevos actores que están entrando en el sector, como startups tecnológicas o de ciberseguridad, así como firmas industriales con vocación mixta”. Para gestionar las consultas de los clientes, la firma ha articulado un grupo internacional llamado National Security, que coordina abogados de Londres, Bruselas, Madrid, Nueva York, y Washington DC.
La oficina madrileña del bufete internacional Jones Day también ha puesto la mira en esta industria, confirmando el aumento de la demanda de servicios legales. Bárbara Fernández Cobo, responsable de la iniciativa de defensa de la firma en Madrid, constata que las empresas están reforzando sus equipos legales internos, pero a la par no tienen miedo a contar con ayuda externa y “están recurriendo a despachos solventes”. El objetivo es, en definitiva, reforzar los blindajes legales.
Los números de la industria militar
Inyección. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que vio la luz el pasado 22 de abril por el Consejo de Ministros, prevé inyectar 10.471 millones de euros al presupuesto militar de este año.
Contexto. El gasto militar en España pasa de un 1,4% a copar el 2% del PIB. Se trata de una de las inyecciones presupuestarias más notables de esta partida en Democracia. La última vez que el gasto militar tocó el 2% fue en 1993. La previsión es que, en un futuro cercano, la OTAN eleve la exigencia de gasto al 3%, lo que inflaría la partida en armas a niveles nunca vistos desde 1983.
PIB. En total, el gasto militar alcanzará 33.123 millones a finales de año.
Desglose. De los 10.471 millones extras, el 35% irán destinados mejorar las condiciones laborales y el equipamiento de las fuerzas armadas; el 31% a nuevas tecnologías y ciberseguridad; el 18,75% a instrumentos de defensas y disuasión; un 16,73% a emergencias y desastres naturales y un 3% a misiones exteriores.
Fuente. El dinero, según explicó el Gobierno, saldrá de una reorientación de parte de los fondos Next Generation de la UE y de partidas de 2023 prorrogadas.
Modernización. El plan incluye una partida de 3.807 millones para lanzar 31 nuevos programas de modernización de las Fuerzas Armadas. Ello se sumará a los 56 en curso. El 57,3% de los fondos se dedicarán a inversiones industriales y tecnológicas.
Independencia. El Gobierno ha dejado claro que quiere alcanzar la llamada “independencia estratégica”, es decir, pasar de ser defendidos a defendernos y no depender de fuerzas exteriores. Por ello, el 80% de la partida prevista se gastará en España; y el 90% en la UE.
Riqueza. El Ejecutivo también ahonda en una idea clave: esta inyección reforzará la reindustrialización del país e impactará en la creación de trabajo, lo que presumiblemente reforzará la riqueza del país. En concreto, la previsión de Moncloa es que con ello el PIB español aumente entre 0,4 y 0,7 puntos. También espera crear 100.000 puestos de trabajos, de los cuales 36.000 serán directos. En 2022, el sector facturó casi 7.500 millones de euros.
