Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica: un binomio perfecto
Los dos pilares básicos en los que se asienta este texto son la protección de la actividad industrial, con especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica y gas) y la autonomía estratégica
España ha disminuido un 7,3% su productividad industrial durante los primeros veinte años del presente siglo. Sin embargo, la inversión de las empresas en innovación creció en España en el año 2022 (más de 20.000 millones de euros). El paro en logística y transporte vuelve a crecer en noviembre por tercer año consecutivo.
¿Queremos una España unida e ilusionada, con un tejido industrial y empresarial potente y solvente, y con ello, un crecimiento nacional de altura y con velocidad de crucero? Es un problema de concepto. ¿ La solución? Se llama industria-nación: un binomio perfecto.
El pasado 10 de diciembre el gobierno aprobó el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. La norma se enmarca en la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Los dos pilares básicos sobre los que se asienta este texto normativo son: la protección de la actividad industrial, con especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica y gas) y la autonomía estratégica.
Toda solución estratégica conlleva, a su vez, una gestión táctica, con análisis de riesgos y evaluación de impactos.
Hablamos, por lo tanto, de tres sistemas claves que hay que tener en cuenta: líneas de defensa en el ámbito del cumplimiento normativo de las empresas ( ISO 37301 ); sistemas integrados de gestión corporativa y directrices contenidas en el estado de información no financiera (se incluye aquí el Control General de Tecnologías de la Información: Ley Seguridad Servicios de la Información y Reglamento UE 881 de 17 de abril de 2019).
Hablamos también de que una industria nacional potente requiere un tejido empresarial potente. Se resume en las tres P: personas, procesos y procedimientos. En otras palabras: talento, hábito y método.
A todo ello contribuyen los sistemas integrados de gestión. Se enfocan los principales riesgos diarios corporativos como oportunidades de crecimiento, no sólo como un problema evitable: ciberseguridad, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, protección de datos (RGPD y Ley de Secretos Empresariales), prevención de riesgos laborales y blanqueo de capitales, entre otros. Eso sí, lo más importante: que sean, realmente, integrados. En definitiva, empresas con un mismo comportamiento sin compartimentos. Todo un desafío personal y empresarial.
Dos grandes riesgos/retos añadidos protagonizarán la gestión empresarial durante este año 2025: seguridad de la información (Directiva NIS-2) y la inteligencia artificial, vinculada a la previsión de riesgos éticos y legales a través de la ISO 42001.
Por todo ello, la reindustrialización europea se convierte en una prioridad estratégica que nace tras la crisis del COVID-19, para integrarse ya en un nuevo contexto geopolítico (con constantes cambios, así como nuevos intereses industriales vinculados a dichos cambios), al haberse revelado la dependencia de la importación sobre ciertas materias primas estratégicas.
Por otra parte, en España, según los datos de la Contabilidad Nacional (INE), el sector industrial y el manufacturero, representaron en 2022 el 16,0% y el 11,6% respectivamente del PIB de la economía española, frente al 18,1% y el 14,7% respectivamente de la eurozona, lo que pone de manifiesto que España tiene todavía un recorrido importante de crecimiento de su sector industrial.
Aparece en esta Ley de Industria y Autonomía Estratégica un enfoque sistémico de la industria, entendiendo la autonomía estratégica sobre los principales ecosistemas industriales, que no operan como actores aislados, sino interrelacionados. La norma apuesta por impulsar proyectos específicos para esos ecosistemas con la finalidad de minimizar la pérdida de capacidad productiva y mejorar el ecosistema industrial en su conjunto.
Entre las novedades que incluye la norma, se recoge la importancia de la colaboración público-privada. Para ello, se ponen en valor las alianzas industriales, tal y como se ha intentado conseguir a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), apelando a la participación conjunta de grandes compañías, pymes, autoridades públicas, universidades y otros agentes de la comunidad investigadora. En la ejecución de los procesos que se instrumenten, también resultará necesaria la cooperación entre las distintas administraciones y la estrecha colaboración entre las distintas CCAA y el gobierno central.
A pesar de que promete ser una norma innovadora, no todo va a ser coser y cantar. Se regulan mecanismos (más presiones que motivaciones) para asegurar las inversiones realizadas en nuestro país. De este modo, se impone a las empresas que quieran finalizar su actividad industrial en España la obligación de comunicarlo al Gobierno con nueve meses de antelación. A su vez, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, la obligación de devolverlas si se reduce en más de un 65% su producción, o se reduce su plantilla a partir de 500 personas.
En definitiva, la sanción no genera crecimiento. España, sin embargo, sí quiere crecer, pero necesita saber crecer. La actitud sin talento, es continente sin contenido. España tiene talento y tiene ilusión. Falta una eficaz gestión. Lo sabemos. Sólo una planificación industrial nacional a largo plazo, desde el patriotismo de lo nuestro (talento y proyectos) ejecutado con los nuestros (empresas y pymes) unificará y potenciará dicho talento e ilusión. Somos la cuarta economía de la UE. Seamos grandes. Seamos, ahora sí, una industria-nación. Semper altivs, siempre más alto.