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Caos judicial en Andalucía: juicios para 2028 y funcionarios al borde del ataque de nervios

Las listas de espera se cronifican y los empleados no dan abasto, en una de las regiones con más litigiosidad de la OCDE

Suceso Malaga
Vista de la Ciudad de la Justicia de Málaga, en una imagen de archivo. EFE/Carlos DíazCarlos Diaz (EFE)

La opinión es unánime. Abogados, procuradores, funcionarios, jueces e incluso portavoces del propio Poder Judicial. Todos coinciden en el diagnóstico: la justicia andaluza sufre de estrés crónico. Las listas de esperas se eternizan, los expedientes se acumulan en las oficinas públicas y algunos actos judiciales están siendo agendados ya para 2028. Las víctimas del caos burocrático son, cómo no, los ciudadanos. Rebeca tuvo un accidente de coche en 2018, pero el juez no examinará su caso hasta 2024. Por su parte, Eduardo reclamó a su empresa en 2020 unas nóminas atrasadas, pero, tras varios aplazamientos, el juez no le escuchará hasta el 2028. Son un par de casos de profesionales que prefieren guardar el anonimato de sus clientes y que aseguran que estas situaciones se cuentan por docenas.

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lanzó su particular S.O.S. en su última memoria de actividad. En el documento, de 208 páginas que diseccionan y ponen números al tapón de asuntos en el territorio, el órgano que preside Lorenzo Jesús del Río advertía la urgencia en contratar más jueces y abrir más juzgados para salvar una justicia “al borde del colapso”. Dos factores han agravado la brecha. Por un lado, las sucesivas huelgas de los funcionarios, colectivo que precisamente reclama medios para diluir el tapón. Por otro, la instalación de un nuevo software de gestión judicial, Adriano, habría, según los portavoces del TSJ, empeorado la situación.

Andalucía, la región más poblada del país, presenta una tasa de litigiosidad superior en casi un 8% a la media estatal. Si en el conjunto del Estado surgieron 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2023, en la región andaluza la tasa se colocó en 156,8 asuntos. Es la segunda más alta de España, tan sólo detrás de Canarias. También es una de las regiones donde más se acude a los juzgados de toda la OCDE, según recoge el tribunal andaluz.

El abogado sevillano Daniel Sánchez es tajante: cree que “la justicia tardía no es justicia”. Lamenta que haya quien se alegre si la oficina judicial le agenda con un año vista, al consolarse de que podría haber sido peor. “Es inaceptable”, zanja Sánchez. Hace unos días, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de este letrado, que denunciaba que la pegajosa burocracia judicial está vulnerando el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas de uno de sus clientes. En 2022, el órgano garante de la Carta Magna ya le dio la razón por una audiencia previa que fue citada a dos años vista, cuando la ley dice que debe celebrarse en un máximo de 20 días.

Sara Romero, abogada de Huelva, se queja de que algunos procedimientos de derechos fundamentales que deben resolverse en semanas pueden “alargarse hasta dos años”. La letrada conoce casos de conciliación laboral y familiar, pensados para atender a familiares y menores, que al ser señalados “con dos o más años vista” pierden su razón de ser. “En procedimientos de familia”, apunta, “las medidas provisionales se adoptan casi a la par que el día del juicio”, lo que condena a que haya actuaciones de enorme relevancia, como un régimen de visitas, que queden en el limbo.

Es una idea en la que coinciden otros profesionales: la respuesta de los tribunales es tan tardía que sus sentencias llegan cuando ya no tienen sentido. Por ejemplo, pleitos sobre régimen de visitas de menores que son resueltos cuando los niños son mayores de edad. En instancias superiores, algunos recursos tardan hasta seis meses solo en admitirse a trámite (es decir, hasta que el tribunal abre el expediente y acepta estudiar el caso).

Sevilla

La pesadilla de papeleo y juicios que se eternizan estaría forzando a las partes a aceptar acuerdos a la hora de pleitear contra aseguradoras y bancos. Mariló Rivera, procuradora de Sevilla, recuerda un caso así, el de una cliente que aceptó una indemnización por accidente “50.000 euros por debajo de lo que cabría esperar”. “Prefirió el dinero antes que esperar el pronunciamiento del juez”, a sabiendas de que podría demorarse años.

En Sevilla, los propios bancos estarían utilizando este factor, la incertidumbre de que el proceso se eternice, como baza para conseguir un acuerdo más beneficiosos, aseguran fuentes cercanas a estos casos. Otro abogado, que opta por el anonimato, expone un asunto de suspensión de empleo y sueldo cuyo juicio ha sido agendado para la “esperpéntica” fecha de 2027. Denuncia que cuando celebre el juicio “las circunstancias de la relación puede que hayan cambiado hasta el punto de no exista siquiera relación laboral”.

El tapón de asuntos se hace notar especialmente en el orden laboral. La comunidad es la más lenta del país en dar salida a pleitos laborales (15,9 meses para obtener una sentencia en primera instancia, sin contar recursos). Para hacerse una idea, los catorce juzgados de lo social de Sevilla ingresaron un total de 17.392 nuevos asuntos; de estos, fueron capaces de resolver 14.986. El resto se va al cajón de temas pendientes, donde duermen 26.905 de asuntos inconclusos.

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, reconoce que “la situación es compleja y difícil”, por “las seculares deficiencias estructurales, organizativas y de recursos”, con unos niveles de litigiosidad “sin precedentes agravados por la pandemia y las huelgas”. Y agrega: “Los problemas serían aún más graves de no ser por el sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados”. La sensación es de ruleta rusa y para casos parecidos, si hay suerte tienes el juicio “a dos meses vista”, pero si no suena la flauta pueden citarte “para 2028″.

Málaga

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Torremolinos, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga firmaron un protocolo general de actuación para acometer la construcción del futuro Palacio de Justicia. Durante el acto de la firma del protocolo, el Consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, reconoció que la situación de las sedes judiciales malagueñas es “vergonzosa” tras años de “abandono”. Con la firma del protocolo “desbloqueamos la sede judicial de Torremolinos, pero asumimos el compromiso de desbloquear las de Marbella, Estepona, Torrox, Fuengirola y Archidona” en el marco de un Plan de Infraestructuras Judiciales que finalizaría en 2030.

“Andalucía sigue contando con numerosas sedes judiciales que no responden al nivel exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos y donde desarrollan su actividad profesional funcionarios y trabajadores públicos”, recoge la memoria, donde se hacía referencia tanto al deficiente estado de los inmuebles como a la dispersión de los juzgados.

El mes pasado, en Torremolinos, los funcionarios se negaron a acudir a trabajar por la aparición de grietas en las paredes, el techo y el suelo en el Juzgado de Instrucción número 5. La Junta de Andalucía tuvo que hacer una revisión y certificar que el edifico no corría peligro para poder reactivar el día a día del edificio.

Los sindicatos también se quejan del enorme estrés al que están sometidos los funcionarios, en el ojo del huracán. El baile de altas en las sedes judiciales no ayuda, pues los trabajadores aterrizan en sedes judiciales ya colapsadas. Centenares de expedientes esperan y muchos se ven desbordados. Ana Andrés Alcaide es delegada provincial de Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de Málaga y denuncia el retraso coyuntural en el juzgado de primera instancia nº14 de Málaga. “Si en este órgano aterriza un funcionario o un interino que nunca ha trabajado en civil, se encontrará con una mesa de 1.000 escritos pendientes de proveer”, además de “demandas retrasadas del 2023″.

Otra oficina que coquetea con el colapso es el juzgado de violencia sobre la mujer de Córdoba. En 2023, esta sede recibió un total de 2.442 cuando tiene capacidad solo para recibir 1.600 anuales, es decir, viven sometidos a una sobrecarga de trabajo del 53%.

Ana María Coca Prieto, delegada provincial de STAJ en Córdoba, confirma que los trabajadores pueden resolver hasta diez asuntos en una sola mañana, lo que implica un trasiego de hasta 40 personas en las dependencias judiciales, entre víctimas, acusados, familiares y acompañantes. A veces “se generan tumultos”. Y no es extraño que los funcionarios tengan que pedir a los ciudadanos que se marchen porque será imposible que ese día sean atendidos.

“Algunos trabajadores alargan su jornada hasta las 19.30″, tiempo que “no se paga de manera extraordinaria”. El sindicato asegura que la plantilla está sometida a enormes dosis de estrés. “Un día cualquiera en el juzgado de violencia de Córdoba es así, a toda pastilla, con tensión y sin parar”, asegura Coca Prieto, que agrega: “Cualquiera puede venir un lunes y comprobar lo que allí se vive”.

El colapso en datos

Litigiosidad. Los tribunales andaluces ingresaron en 2023 un total de 1.372.072 asuntos, un 6% más con respecto a 2022 (1.254.304). Presenta, además, uno de los niveles de litigiosidad más elevados de toda España (un 8% por encima de la media estatal), con un aumento en todos los órdenes jurisdiccionales.

Pendencia. Los órganos judiciales presentan, no obstante, una buena tasa de resolución (anualmente ventila 93 casos por cada 100 que tiene en el cajón). En 2023 resolvieron 1.276.551, pero dejaron pendientes un total de 758.989 (un 15,9% más que el año anterior). El volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década en un 40% (de 542.514 se ha pasado a 759.518 en este año).

Congestión. La tasa de congestión en Andalucía (porcentaje de asuntos que se resuelve a lo largo del año respecto de la carga total de trabajo del órgano) es del 62%. Dicho porcentaje impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales, ya que la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes) siempre es superior a los asuntos que se resuelven.

Penal. Más de la mitad de los procedimientos que se tramitan en los juzgados de Andalucía (54%) pertenece a la jurisdicción penal. Le sigue la jurisdicción civil (37%), la social (6%) y la contencioso-administrativa (3%). Sin embargo, la que ha experimentado un mayor incremento en 2023 ha sido la contencioso-administrativa, que sube un 18%, seguida de la civil (8%) y la social (6%). En la penal también se incrementan los asuntos ingresados, aunque en menor medida (4%).

Reconocimiento. La memoria del tribunal andaluz es rotunda al afirmar que si la justicia no ha colapsado todavía en Andalucía “se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas, y de recursos, junto a unos niveles de litigiosidad nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad”.

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