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Tribuna
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El turno de oficio, el garante de un derecho fundamental por y para los ciudadanos

Los profesionales del turno estamos hartos de una situación insostenible, del trato indigno que recibimos y del olvido de la Administración

Protesta de los abogados del turno de oficio en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en 2011. ÁLVARO GARCÍA
Protesta de los abogados del turno de oficio en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en 2011. ÁLVARO GARCÍA

El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española en su artículo 24. Para garantizar el ejercicio de dicho derecho a aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos económicos existe el turno de oficio, con la finalidad de garantizar que todo ciudadano, sin importar su condición, tenga garantizado su derecho a la asistencia letrada y a un acceso con garantías a la justicia.

El sistema español de asistencia jurídica gratuita cubre la totalidad de los órdenes jurisdiccionales, garantizando la asistencia al ciudadano por parte de un abogado o abogada perteneciente al turno de oficio en la jurisdicción penal, civil, laboral o contencioso administrativa, incluyendo, incluso, el posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la garantía del cumplimiento de este derecho fundamental no recae en la Administración, sino mayoritariamente sobre las abogadas y los abogados del turno de oficio. Solo la vocación que distingue de forma extraordinaria la razón de ser de los abogados y las abogadas que integran el turno se garantiza el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia. Sobre sus espaldas y su economía recae el garantizar ese derecho a cambio de unas retribuciones irrisorias y unas condiciones de trabajo impropias del siglo XXI.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) trabajaremos sin descanso para dignificar y mejorar las condiciones de los profesionales del turno de oficio, para ensalzar su labor. Una labor en la que está comprometida toda la Junta de Gobierno y en la cual tres de sus miembros, el decano Eugenio Ribón, la tesorera Lola Fernández y yo mismo, somos abogados pertenecientes al turno de oficio y miembros de Altodo, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, de la que hemos formado parte de su Junta Directiva.

En estos meses, desde que la Junta de Gobierno tomo posesión, hemos exigido que se pongan a disposición de los letrados de guardia plazas de aparcamiento reservadas en los juzgados y centros de detención. También hemos abierto la casa de la abogacía de Madrid a los compañeros de toda España, en la movilización histórica, a la que nos sumamos, que protagonizamos el 27 de abril ante el Congreso de los Diputados.

Hemos conseguido nuevas plazas de aparcamiento en algunos juzgados y muy pronto inauguraremos una nueva sala de abogados en Plaza Castilla para que los letrados y letradas de guardia puedan realizar la asistencia en calabozos a los detenidos de una forma digna. Además, hemos cumplido nuestro compromiso de mejorar la formación para todos los profesionales del turno, conscientes de lo imprescindible que resulta la formación continua y la práctica de actualización para el ejercicio profesional. Y de manera gratuita.

También hemos centrado nuestros esfuerzos en el Servicio de Orientación Jurídica, que representa el primer filtro que canaliza las peticiones de los ciudadanos en el sistema de justicia gratuita.Y Madrid tendrá, por fin, una plaza que rinda justo homenaje a todos los profesionales que integramos la justicia gratuita: la Plazuela del Turno de Oficio. Un gesto que, aunque simbólico, otorgará al turno la relevancia que tiene en nuestro Estado de Derecho.

Pese a estos avances, el turno continúa enfrentándose a desafíos y dificultades. El primero, y quizá el más urgente, es la mejora y subida de los baremos, que, además, deben estar vinculados al IPC para garantizar que el derecho de defensa no va en detrimento de los profesionales que prestamos este servicio, que de forma sistemática recibimos unas retribuciones escasas. Los baremos, además, deben contemplar todas las actuaciones que realizamos los letrados de oficio, circunstancia que hoy en día no ocurre.

Es urgente también acabar con el impago de las designaciones archivadas, de las denegadas y las designaciones a requerimiento judicial para la defensa de personas jurídicas. Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid seguiremos trabajando de forma incansable, como venimos haciendo para continuar con la dignificación del turno de oficio y de todos sus profesionales. Seguiremos reivindicando cuantas mejoras sean necesarias para el turno y para conseguir todas las medidas destinadas a que, de una vez por todas, el turno deje de ser el gran olvidado de nuestra Administración de Justicia.

En definitiva, seguiremos defendiendo los intereses del turno de oficio y de sus profesionales a ultranza. Ya lo vimos el pasado 27 de abril, los profesionales del turno estamos hartos de una situación insostenible, del trato indigno que recibimos por pertenecer al sistema de justicia gratuita y por el olvido sistemático que ha tenido la Administración respecto de nosotros. El turno de oficio no solo existe, sino que resulta fundamental en nuestro Estado democrático y de Derecho. Sin nosotros, sin el turno, no se garantizaría un acceso igualitario a la justicia y ello ahondaría en profundas desigualdades. La Justicia ha de ser igual para todos. Y eso solo lo podemos garantizar con un turno de oficio y unos profesionales que tengan unas condiciones dignas.

Juan Manuel Mayllo, diputado responsable de Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)

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