La letra pequeña del hidrógeno verde, a examen por la abogacía de élite
CincoDías ha tanteado el marco legislativo de la mano de los principales bufetes que trabajan en esta gran oportunidad energética para España
Lograr la independencia energética y reducir al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los grandes objetivos de la Unión Europea para finales de esta década. Se trata de un propósito en el que ha acelerado tras la invasión de Rusia, uno de los principales proveedores de gas y petróleo, sobre Ucrania. La llave para conseguirlo pasa por el hidrógeno verde, que puede utilizarse como materia prima, combustible o vector energético, y tiene muchas aplicaciones posibles en los sectores de la industria, el transporte, la electricidad o la construcción.
Sin embargo, rara vez se encuentra en la Tierra en solitario, aunque es una de las sustancias más abundantes del universo. El primer elemento de la tabla periódica suele aparecer combinado, formando moléculas más complejas, como la del agua. De hecho, el hidrógeno verde se puede producir a través de la electrólisis, un proceso que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno mediante fuentes renovables. El resultado es la generación de energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Por eso, ofrece una solución para descarbonizar los procesos industriales teniendo en cuenta que el objetivo de la Unión Europea para 2030 es reducir en, al menos, un 55% las emisiones de gases invernadero en comparación con 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En este escenario tiene los ojos puestos España, que puede convertirse en un gran centro europeo de energía debido a la riqueza de sol y viento. No en vano, nuestro país es el quinto del mundo en energía eólica y el octavo en generación de renovables, según datos del Gobierno. Las mismas fuentes indican que, de todos los proyectos de hidrógeno verde a nivel mundial, el 20% se sitúan en España, que está solo por detrás de Estados Unidos.
De hecho, el último Consejo de Ministros destinó 74 millones de euros a la puesta en marcha de cuatro proyectos de fabricación de bienes de equipo necesarios para la generación del combustible y su uso en el sector del transporte. Las iniciativas, de las empresas H2B2, Sener, Nordex e Iveco, movilizarán una inversión total de más de 245 millones. Esto se suma al Perte de energía renovable, hidrógeno y almacenamiento, que ya ha convocado ayudas por 400 millones de euros, o al proyecto de interconexión energética H2Med, que tiene como propósito conectar la Península Ibérica con el resto de Europa. El objetivo es transportar el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión Europea en 2030.
Ahora bien, uno de los principales escollos para el desarrollo del hidrógeno verde es que aún no es una fuente de energía competitiva por sus elevados costes y por la incertidumbre de ingresos futuros. CincoDías ha querido tantear el terreno desde el punto de vista legal de la mano de los principales bufetes que trabajan en su desarrollo, según el directorio Chambers and Partners. A continuación, destacan que la normativa aplicable, comunitaria y nacional, se encuentra fragmentada, aunque el legislador trabaja en un marco legal más sólido. También señalan que la Administración ha de acelerar la concesión de permisos, mejorando los procesos burocráticos para las instalaciones de producción de hidrógeno, así como los mecanismos para que las ayudas lleguen a los proyectos en el menor tiempo posible. Otro de los flecos que remarcan consiste en determinar qué se entiende por hidrógeno verde, si bien la nueva legislación sobre las garantías de origen da pasos en este sentido.
Jaime Almenar, Socio de Regulatorio de Clifford Chance en España
“A nivel nacional, existe una asimilación prácticamente completa del marco regulatorio del hidrógeno verde al del gas natural, en espera del texto definitivo de las normas europeas que están en tramitación (una propuesta de directiva y otra de reglamento). Ya existe, por tanto, regulación para la construcción y operación de instalaciones de producción, para su transporte y su comercialización. Se está avanzando también en la definición de qué se entiende por hidrógeno verde y en los mecanismos de financiación que permitan su desarrollo acelerado. Creo que el aspecto más importante que debe contemplar el legislador es el de no desincentivar las inversiones en curso cuando tenga que adaptar el nuevo marco europeo”.
Luis Pérez de Ayala, socio de energía e infraestructuras de Cuatrecasas
“Hemos de abordar un doble reto regulatorio. El primero es cubrir las lagunas que hoy existen para la tramitación de este tipo de proyectos, puesto que todavía hay ámbitos en los que no hay una regulación específica, como sucede, por ejemplo, con el aspecto medioambiental. El segundo reto se refiere no tanto a llenar lagunas como a remover obstáculos. Los proyectos se ven sometidos a normativa variada. El reciente Real Decreto Ley 18/2022 ha supuesto un avance al permitir que las conexiones gasistas puedan acogerse a la expropiación forzosa, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con la línea de conexión eléctrica entre la planta de producción de hidrógeno y una planta renovable en régimen de autoconsumo”.
Jorge Toral, ASOCIADO SéNIOR DE LINKLATERS
“Aunque se han realizado progresos muy relevantes, consideramos que en España debe terminar de definirse la tipología de canalizaciones de gases renovables, su régimen jurídico y, especialmente, los elementos necesarios para facilitar su conexión con el sistema de gas natural (blending). También deben establecerse mecanismos que incentiven la inversión en proyectos e infraestructuras del hidrógeno renovable. Esos mecanismos, a los que se accede por concurso, han de abordar tanto ayudas directas a las inversiones como beneficios fiscales y garantías de un nivel determinado de ingresos futuros, fundamentales para abaratar los costes de capital y facilitar la financiación de los proyectos”.
Borja Carvajal, socio de Público y Regulatorio de Gómez-Acebo & Pombo
“Las principales barreras que existen a día de hoy para escalar la producción y suministro de hidrógeno verde se refieren a las tramitaciones administrativas. El gran número de solicitudes que tiene que atender la Administración genera que se alarguen mucho los plazos. Además, una definición demasiado restrictiva sobre qué se considera hidrógeno renovable repercute directamente en su competitividad. Para agilizar el desarrollo y hacer la industria del hidrógeno más competitiva sería preciso racionalizar el régimen de permisos aplicable y flexibilizar la definición de hidrógeno renovable. También ayudaría que se agilizaran los mecanismos para que las ayudas lleguen a los proyectos en un menor tiempo”.
Javier Montalvo, socio de Energía de mva asociados
“La regulación española cuenta con un instrumento de enorme utilidad para fomentar proyectos piloto. Se trata del banco de pruebas regulatorio. Aunque su ámbito es el sector eléctrico, puede constituir un instrumento idóneo en el hidrógeno verde mediante la exención de ciertos deberes burocráticos. La adecuada planificación de las infraestructuras será, sin duda, un elemento esencial para que España tenga un rol de primer nivel. No obstante, las decisiones planificadoras deberán guardar cuidado en relación con las expectativas de demanda local a corto plazo. Debe evitarse una burbuja de proyectos como el que se está viviendo en el sector de las renovables. También deben planificarse las nuevas redes y los corredores”.
Ignacio Álvarez, abogado de Energía de Uría Menéndez
“La legislación se encuentra bastante fragmentada, si bien ya se han adoptado medidas y hay otras en curso para crear un marco legislativo uniforme. En este sentido, un aspecto fundamental es la aprobación de un estándar a nivel europeo para determinar qué requisitos se deben cumplir para que el hidrógeno pueda considerarse verde y, en particular, si a estos efectos finalmente se introducen requisitos de adicionalidad. En España ya se han adoptado algunas medidas destinadas a eliminar algunas de las barreras regulatorias. No obstante, una de las medidas pendientes más relevantes es la simplificación de la tramitación administrativa de las instalaciones de producción, que se clasifica como una actividad industrial”.
Pilar García Guijarro, socia directora de Watson Farley & Williams en España
“A nivel nacional, se han acometido cambios normativos relevantes para favorecer el despliegue de esta tecnología. No obstante, queda pendiente llevar a cabo una reforma integral en materia de autorizaciones y ambiental, que permita un mayor acomodo de este tipo de instalaciones en la regulación, y dotar de mayor claridad a su tramitación administrativa. Como en el resto del sector energético, es imprescindible agilizar el procedimiento autorizatorio de este tipo de instalaciones para facilitar su despliegue. En estos casos se añade la complejidad de que se trata de proyectos novedosos, por lo que sería útil un marco normativo integrado que dé mayor seguridad jurídica a los promotores. También se deben agilizar las ayudas públicas”.
Vanessa Cuellas, socia de Financiero de allen & overy
“Para favorecer la inversión hemos de ser capaces de asegurar la viabilidad de los proyectos desde dos vertientes. Por un lado, temporal, es decir, en la práctica tener certeza de qué permisos voy a necesitar, cuáles son los requisitos y cuál es el plazo. Por otro lado, financiero, esto es, conseguir estructurar el proyecto de forma que sea competitivo económicamente. En este sentido, el legislador español debería mejorar los procesos para obtener permisos relacionados con el agua y la implantación de usos en suelo rural y desarrollar una serie de incentivos económicos, principalmente fiscales, aunque pueden incluirse otras medidas, ya que, pese al volumen de ayudas, no parecen suficientes para lograr rentabilidad a medio plazo”.