Joaquín Gadea, el juez conservador que reivindica los derechos LGBTI desde la Audiencia Nacional
Ha investigado casos mediáticos, como el del comisario Villarejo, y fue uno de los magistrados que inhabilitó a Quim Torra
La “necesidad” personal de demostrarse a sí mismo y a su entorno que, pese a su orientación sexual, era capaz de generar un sentimiento de “orgullo” llevó a Joaquín Gadea (Alicante, 1981) a estudiar con ahínco para ser “el primero” de su promoción. Juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha trabajado junto al magistrado Manuel García Castellón en algunas de las investigaciones judiciales más mediáticas de los últimos años, como el conocido caso Villarejo o el caso Dina, sobre la tarjeta del móvil robado a Dina Bousselham, la exasesora de Pablo Iglesias.
Lo que lo ha traído a las páginas de CincoDías, sin embargo, no es la intención de desvelar secretos de sumario, sino de “visibilizarse” como profesional LGBTI. También cuestionar algunos estereotipos que rodean a la judicatura, criticada en las últimas semanas desde el Ministerio de Igualdad a raíz de la rebaja de condenas a agresores sexuales debido a la entrada en vigor de la conocida como “ley del solo sí es sí”. Aunque las acusaciones de “machismo” le parecen “inadmisibles”, piensa que “el debate no debe estar en las penas, que ya de por sí son muy duras, sino en las medidas preventivas y en por qué la gente lo hace”.
El niño Gadea, huérfano de madre desde los nueve años e hijo de un funcionario de Correos militante “de toda la vida del PSOE”, partido por el que su padre llegó a ser alcalde de Cocentaina, un pueblo alicantino de cerca de 11.000 habitantes, cargó durante mucho tiempo con la “mochila de las inseguridades”. Tanto, que esperó hasta los 26 años para salir del armario con su círculo cercano. “Tal vez creando referentes podemos ayudar a niños a que superen más fácilmente los miedos que puedan tener” al descubrir su sexualidad o su identidad de género, reflexiona a los 41 años.
Fiel oyente del Hoy por Hoy de Carles Francino (Cadena SER) cuando estudiaba la oposición, hoy se integra en la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), la mayoritaria en la carrera judicial y perteneciente al llamado sector conservador, en la que ha ocupado diferentes cargos ejecutivos. Desde ahí, Gadea afirma que, si bien “es importante que haya días de visibilidad, tienes que luchar por la igualdad cada día”.
Aunque asegura que en su asociación “nunca” ha sufrido comportamientos “homófobos” o que a lo largo de su carrera lo hayan tratado de “una u otra manera” debido a su sexualidad, es consciente de que cuando se quita la toga y sale por la puerta de la Audiencia Nacional la homofobia está presente. El año pasado, de hecho, el Ministerio del Interior registró un aumento de casi un 70% en los delitos contra la orientación sexual o identidad de género con respecto a 2019 (466 casos), excluyendo de la serie el año que apareció la pandemia, aunque las agresiones suelen ser la punta del iceberg.
Ley trans
Gadea, quien puntualiza que no se siente “legitimado” para hablar en nombre de nadie más que de sí mismo, cree que las lesbianas, las personas bisexuales o las transexuales pueden encarar más dificultades que los gays, tradicionalmente más visibles. Sobre el proyecto de ley trans, considera, aunque insiste en que no es civilista, que “las personas tienen derecho a ser reconocidas públicamente conforme se perciben a sí mismas”, es decir, sin tener que pasar por un informe médico a la hora de modificar su sexo legal, como establece el texto del Ministerio de Igualdad, que está en tramitación parlamentaria.
Juez decano de Tarragona durante los años del proceso independentista catalán, Gadea fue uno de los magistrados que inhabilitó a Quim Torra por no quitar los lazos amarillos de la Generalitat. Con la proposición de ley del Gobierno para derogar el delito de sedición sobre la mesa, prefiere mantenerse cauto y esperar al debate político. No obstante, estima que la redacción actual de la malversación, a cuya reforma también se ha abierto el Ejecutivo, aunque todavía no hay nada claro, es adecuada: “Cualquier desviación del dinero público debe castigarse”, sentencia.
Especialista en temas de corrupción, el juez de la Audiencia Nacional defiende la creación de la Corte Internacional Anticorrupción, planteada por países como Holanda o Canadá, para “concienciar a los políticos de que la corrupción es algo serio y, si los países no tienen herramientas, puede haber otro ente que actúa” por ellos. Desde estas líneas, llama al Ministerio de Justicia a que se sume a la iniciativa.
La parálisis en el gobierno de los jueces
CGPJ. Con el mandato expirado desde 2018, el juez Gadea opina que el PP y el PSOE deben llegar a un acuerdo de inmediato para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora actualmente, aunque no responsabiliza a un partido más que a otro de que las conversaciones hayan encallado. Tras ello, defiende que el legislador debe reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales que ahora designan el Congreso y el Senado sean elegidos por los propios jueces. “Sería importante articular un buen sistema de elección que garantizara una representatividad” de todos los espectros ideológicos presentes en la carrera judicial.
Constitucional. También llama al Poder Judicial a nombrar a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. Desde el pasado septiembre, cuando finalizó el plazo fijado en la ley, el sector conservador, que tiene mayoría en el tribunal de garantías, ha dilatado los tiempos. Aunque se manifiesta en contra de la reforma impulsada este 2022 por el Gobierno para permitir que el órgano solo designe a estos dos juristas, después de la reforma del año pasado que le impide hacer otros nombramientos al estar en funciones, Gadea cree que los jueces están “sometidos al imperio de la ley, guste o no”. La elección de los miembros que deben ser renovados, dos a propuesta del CGPJ y otros dos del Gobierno, produciría un vuelco progresista en la mayoría del Constitucional.