El incremento de morosidad post-Covid: la importancia de adaptar la normativa bancaria a las nuevas necesidades
Carece de lógica que se pida a la banca manga ancha ante los impagos y en cambio se imponga una normativa regulatoria draconiana
Según el Boletín Estadístico del Banco de España de febrero de 2021, la ratio de créditos dudosos para la banca española se ha situado en diciembre de 2021 en el 4,51%, el más bajo de todo el año 2020 y de casi la última década. Ello se debe a la política de saneamiento de balances llevada a cabo por la que la banca española se ha deshecho de una gran parte de su cartera de créditos, especialmente los NPL (non performing loans), siguiendo las indicaciones y los mandatos de los reguladores. Las entidades financieras, si bien han consolidado pérdidas controladas, a cambio han mejorado sus ratios de morosidad y, por ende, sus balances en las cuentas de activo.
Los datos antes señalados también nos dicen que el 2020 fue un año de mejora ininterrumpida, dado que enero de 2020 comenzó con una ratio del 4,85%, por lo que la crisis de la COVID no ha supuesto un cambio de tendencia. No obstante, todos los analistas son conscientes que la crisis económica que está padeciendo nuestra economía y la de nuestros socios se está haciendo especialmente larga y tendrá inevitables consecuencias en las tasas de morosidad. De hecho, debemos ser conscientes que la mora real es muy superior, dado que muchos créditos impagados han sido refinanciados o se han podido acoger a moratorias, por lo que, cuando las medidas COVID impulsadas por el Gobierno tengan que llegar a su fin, es muy probable que las tasas de impagados suban considerablemente.
Ante esta potencial situación, las entidades financieras no tienen margen de actuación ante los impagados. La normativa de solvencia que imponen las autoridades regulatorias, especialmente las europeas, exige que las entidades actúen frente al impagado, lo que supondrá un incremento de reclamaciones y ejecuciones judiciales. El hecho de que la banca siga utilizando como recurso la venta de carteras no supondrá una bajada de las ejecuciones, dado que el fondo comprador de los créditos se encargará de llevar a cabo la ejecución igualmente. Se dejan a parte los créditos que quedarán impagados a causa del concurso del deudor, donde los porcentajes de recuperación son muy bajos. De manera adicional, los acuerdos de dación son poco viables, sobre todo porque los propios reguladores de la banca no quieren que las entidades financieras tengan stock de inmuebles adjudicados.
Si bien es cierto que la tarea de saneamiento efectuada desde hace años ha hecho que nuestras entidades financieras sean más fuertes y estén mejor preparadas para afrontar situaciones de crisis, ello no debe confundirse con que los bancos pueden asumir una situación de quita generalizada, dado que eso es incompatible con el mantenimiento de un sistema financiero que funcione.
Por tanto, será el poder político, tanto el nacional como el de la Unión Europea, el que tendrá que jugar un papel central para afrontar la situación que se avecina. Un incremento de la morosidad provocará un incremento de las ejecuciones judiciales y un retraimiento en la concesión del crédito, con todo lo que ello conlleva, como demostró la última crisis, especialmente en los países de la Unión Europea. Soluciones populistas como las quitas generalizadas a cargo de los bancos pondrán a nuestro sistema financiero sobre las cuerdas y tendrán como efecto también un cierre de la concesión del crédito, con el consiguiente deterioro de la economía.
El poder político tendrá que analizar muy detenidamente y con profundidad qué medidas adopta, huyendo de planteamientos fáciles y de alto rendimiento político a corto plazo, evitando que se genere un colapso como el que se generó en 2008, dado que el crédito es necesario para la recuperación económica. El papel de las entidades financieras para que fluya el dinero en la actividad económica sigue siendo esencial pese a la entrada en el mercado de nuevos actores que quieren competir en un mercado de financiación, donde las alternativas propuestas como el crowdlending o fondos privados con exceso de liquidez todavía no tienen el peso necesario para una correcta diversificación de las fuentes de financiación.
Ante este escenario, creemos necesaria una reflexión por parte de los reguladores europeos para reformar determinadas imposiciones a la banca con el objetivo que estas puedan disponer de un margen de maniobra mayor. Carece de lógica que se pida a la banca manga ancha ante los impagos y en cambio se imponga una normativa regulatoria draconiana en la contabilización de pérdidas ante los impagados. Por no hablar del sinsentido derivado de unos organismos regulatorios europeos imponiendo fuertes e impenitentes controles a la actuación de los bancos, mientras en España el gobierno propugna todo lo contrario.
En conclusión, la banca actuará conforme los márgenes de maniobra que creen las autoridades políticas, si bien es obvio que no pueden regalar el dinero ya que ni es su cometido ni sería positivo para una posible recuperación económica.
Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit y PhD en Psicología económica, y David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit.