El ahorro se adapta a la normativa de sostenibilidad a dos velocidades
Las comisiones de control de los planes de empleo buscan evitar el riesgo de ‘greenwashing’
Los datos dicen que buena parte de los planes de pensiones en España ya tienen un componente ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo). En concreto, según José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco, a finales de 2022 los planes individuales que cumplen el artículo 8 (incluyen criterios de sostenibilidad en el proceso de inversión) o 9 (con objetivos explícitos) del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles “acumulaban 29.288 millones de euros, mientras que en junio 2024 aumentaban hasta los 45.656 millones. Ello supone que el 51,2% del ahorro en planes individuales está alineado con dichos criterios”.
De esta cifra, la mayor parte corresponde a productos alineados con el artículo 8, representando los del artículo 9 un 1,4% del patrimonio a junio. Respecto al total de partícipes, a tenor de esos datos, los planes ESG suponían el 55,4% del total, un aumento respecto del 54,5% reportado en diciembre de 2023. “Estos datos parecen indicar que el sector de planes de pensiones individuales con características de sostenibilidad se ha consolidado, después de experimentar un gran crecimiento y del impulso recibido principalmente por el efecto de la regulación en los últimos años”, observa Eva Hernández, colaboradora del programa finanzas sostenibles de EFPA España.
En su opinión, entre el “inversor retail, en general, todavía hay un gran desconocimiento de las finanzas sostenibles, con lo que su comercialización viene más desde el lado de la oferta por parte de las entidades que de la demanda de este. En este sentido, las instituciones financieras han tenido un gran incentivo, tanto desde el punto de vista de cumplimiento normativo como de marketing, para posicionarse en el sector”.
Según Inverco, el 51,2% del ahorro en vehículos individuales está alineado con criterios de sostenibilidad
Inverco no maneja datos sobre sostenibilidad en los planes de empleo, sin embargo, según Manrique, “intuimos que la evolución será similar a los individuales. De hecho, los planes de empleo han sido pioneros en la adopción de políticas ESG, con un papel muy relevante de las comisiones de control”.
Ana Guzmán, directora de inversiones y de impacto de Portocolom AV, cree que las comisiones de control están tomando en cuenta estos factores con mayor seriedad “y, en muchos casos, ya es un requisito estándar que los mandatos incluyan consideraciones de sostenibilidad. La inversión ESG seguirá jugando un papel clave en los mandatos a largo plazo”.
Pero lo cierto es que el proceso de adaptación sigue en marcha. “Se quieren aplicar los artículos 8 y 9 con rigor y ello implica, probablemente, un tiempo de transformación mayor. Se quiere evitar una transformación rápida e inadecuada que genere riesgos de greenwashing”, explica Andrés Herrero, de previsión social de UGT y miembro de la vicepresidencia del grupo de sindicatos de Spainsif, y Mario Sánchez, economista en CC OO y coordinador del Grupo de Expertos en Planes de Pensiones de Empleo ASG y miembro de la junta directiva de Spainsif.
En las empresas se pone el foco en la política de voto y la transición justa, explican en Spainsif
Estos expertos recalcan que el foco está en “desarrollar políticas de voto e implicación que estén en línea con los intereses de los partícipes y beneficiarios y en establecer una senda de descarbonización de las carteras que no se olviden del aspecto social, es decir, que promuevan una transición justa”. Creen que 2025 será un buen año para evaluar el estado de situación de los fondos en esas tres áreas: sostenibilidad, implicación y voto.
A este respecto, Eva Hernández recuerda que en 2023 entró en vigor la obligación de sujeción de los planes de empleo al reglamento de divulgación SFDR “y, por tanto, la necesidad de explicar cómo se tienen en cuenta los factores de sostenibilidad en las decisiones de inversión y de encuadrar los fondos dentro de los artículos correspondientes según lo establecido en esa normativa”, por lo tanto, lo lógico sería esperar cierta estabilidad en 2024.
