La intención y el efecto del ingreso mínimo vital
El IMV ha reforzado el poder asistencial del Estado, pero aún tiene mucho margen de mejora. Sin un suelo sólido es más difícil reengancharse al mercado laboral
Una máxima institucional es que las políticas públicas no se juzgan por sus intenciones, sino por sus efectos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació en 2020 con la mejor intención posible, como un nuevo escudo del Estado para defender a los más vulnerables. Fue uno de los mayores avances en derechos de la pasada legislatura, un salto del Gobierno de coalición que situó a España en el grupo de países que reconocen una prestación mínima estatal para vivir con dignidad.
Recibió las críticas habituales, en forma de augurios apocalípticos (que se demostraron infundados con el paso del tiempo) parecidos a los que acompañan a los incrementos del salario mínimo interprofesional. Pero la realidad política es que incluso el PP votó a favor en el Congreso y Vox se abstuvo. En el sentido de esos votos pudo tener algo que ver el caudal de literatura económica que reconoce la conveniencia de que todos tengamos asegurado un mínimo con el que vivir. El propio Consejo de Europa define las rentas mínimas como “un elemento clave de las estrategias para salir de la pobreza y la exclusión”, y reclama su puesta en marcha en los Estados. Es inhumano dejar caer a los que peores circunstancias tienen, y además es ineficaz y más caro: desde el fondo del pozo es mucho más difícil reengancharse al mercado laboral.
Sin embargo, pese a esas virtuosas intenciones, los efectos del IMV no son tan buenos como se esperaba. El informe difundido este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) indica que solo el 36% de los potenciales beneficiarios recibió la prestación en 2023. Es más, un 56% de las personas con derecho al IMV ni lo solicitan. Estos datos son parecidos a los de 2022 y 2021.
Las cifras suenan pobres, pero tienen un matiz. A partir de los datos de la propia Airef se desprende que más de la mitad de las personas que podrían recibir el IMV y no lo han solicitado cuentan con otras ayudas públicas. Una parte de estas personas, la más importante, recibe prestaciones por desempleo; y otra, las rentas mínimas garantizadas de las comunidades autónomas.
Que el IMV ha reforzado el poder asistencial del poder público trasluce en un dato sencillo: en mayo de 2020, las rentas mínimas autonómicas protegían a 239.000 familias, mientras que la irrupción del ingreso minimo ha elevado la cifra total a 514.000. Hay un avance claro, pues, aunque también queda por mejorar. Y para ello convendría hacer caso a muchas de las recomendaciones de la Airef, pero especialmente a una. La autoridad fiscal pide evolucionar hacia “prestaciones de oficio” que tengan en cuenta todas las ayudas a las que tiene derecho un beneficiario. Una manera de asegurar que nadie se queda en la estacada.
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