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Abogados y asesores esperan una oleada de inspecciones a las grandes fortunas

Hacienda ingresó 623 millones de euros por el impuesto de solidaridad en su primer año de vigencia

Tiroteo Puerto Banus
Barcos amarrados en Puerto Banús, en Marbella.

El impuesto a las grandes fortunas ya lleva un año rodando y abogados y asesores fiscales prevén que en los próximos meses llegue una oleada de comprobaciones por parte de Hacienda para verificar que los contribuyentes obligados han abonado —y de forma correcta— el tributo. “Todavía no hemos visto inspecciones, se mirará sobre todo la residencia y la estructura del patrimonio”, vaticina el letrado de un despacho legal madrileño experto en fiscalidad. “Van a venir inspecciones”, auguran en otro bufete, esgrimiendo como razón de peso que el Gobierno ha anunciado que pretende convertir en permanente un tributo que en un principio nació con carácter temporal.

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas se aprobó a finales de 2022 y se cobró por primera vez —se abona una vez al año— en julio del año siguiente. La Agencia Tributaria se limita a señalar que el procedimiento habitual marca que después de cierto tiempo todos los nuevos tributos se comprueben. Lo que no se concreta a priori es el grado de intensidad de los controles. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero del organismo para 2024, publicado justo este jueves, apunta a que “se realizarán actuaciones para el análisis y, en su caso, comprobación” de los nuevos impuestos, entre ellos el que grava a las grandes fortunas.

Los despachos consultados sí auguran fuertes comprobaciones y creen que la lupa de la administración recaerá principalmente en Madrid, donde el impuesto sobre el patrimonio lleva años bonificado y las grandes fortunas no estaban acostumbradas, como sí sucedía en otras autonomías, a planificar su riqueza para esquivarlo o rebajarlo. Todo se explica por la exención de la empresa familiar, la mayor rebaja con la que cuentan los dos gravámenes. Según detalla Constantino Vidal, socio director del despacho Zadal, al tener el tributo original bonificado, en comunidades como la madrileña los ricos no tenían que gastar sus esfuerzos en estructurar la empresa para cumplir con los requisitos de la exención. Tampoco tenía sentido que la autonomía vigilase el cumplimiento, ya que “la cuota tributaria resultante en todo caso sería cero”, añade.

Esto cambió radicalmente a finales de 2022, cuando se anunció el tributo temporal y se aprobó prácticamente de la noche a la mañana. “Los contribuyentes no tuvieron tiempo para prepararse ni ningún margen de maniobra”, reconoce Alejandra Hernández, directora de grandes patrimonios en Atl Capital. Por eso, “es previsible que la Agencia Tributaria ponga el foco sobre los pagos del primer año”. “En muchas ocasiones son cantidades importantes, por lo que es probable que haya inspecciones”, añade Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de A&G Banca Privada.

A todo esto se le une otra derivada que explica Alberto López, socio de fiscal de Ejaso: la comprobación del impuesto de patrimonio le corresponde a las autonomías y no a la Agencia Tributaria, pese a que los propios inspectores han pedido poder vigilar exenciones como la de la empresa familiar. Esta “tiene muchos requisitos que deben comprobarse y que las comunidades autónomas no tienen capacidad de controlar con el nivel que tiene la agencia, por lo que muchas fortunas quedaban exentas sin cumplir los requisitos para ello”. Ahora, sin embargo, se da la circunstancia de que la Inspección del Estado comprobará la rebaja fiscal en un contexto en el que “muchos patrimonios muy grandes se han beneficiado de la exención sin cumplir todos los requisitos para ello”, esgrime López.

El hecho de que el nuevo tributo vaya a convertirse en fijo incentiva también la teoría de que la Agencia Tributaria iniciará las comprobaciones sobre las restructuraciones posteriores a 2022. “Hubo quien decidió pagar el impuesto de solidaridad, asumiendo que aplicaría durante dos ejercicios, porque podría resultar más eficiente el coste fiscal que el de adaptar la estructura solo para dos años”, añade Vidal. Por eso, apunta Hernández, también se mirarán con lupa los movimientos hechos a partir de 2023, cuando ya se intuía que el gravamen podría terminar siendo permanente.

Desde un gran despacho con oficinas en varias ciudades españolas matizan que el tributo “es muy claro y no se presta a demasiadas interpretaciones”, además de contar con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que lo avala. “Puede que haya disputas en casos concretos, pero no debería plantear problemas a los contribuyentes que lo han pagado correctamente”, señalan. “Otra cosa es que Hacienda ponga el foco en este impuesto por otras razones, ya que ha sido una decisión política muy trascendente”.

Armonización

De hecho, el Gobierno creó el nuevo gravamen dejando claro que su naturaleza no era solo recaudatoria. Su prioridad era conseguir cierta armonización entre territorios en la tributación sobre el patrimonio, un impuesto de carácter estatal cuya gestión está en mano de los gobiernos autonómicos, que le han dado tratamientos distintos provocando grandes diferencias en el trato a los contribuyentes. Y lo ha logrado: todos los territorios que tenían bonificado parcial o totalmente el gravamen autonómico lo han recuperado para que su recaudación se quede en las arcas regionales y no vaya a la hacienda estatal.

Madrid, la primera que anunció el regreso del tributo, es la autonomía que más había exprimido su capacidad normativa: desde hace más de una década nadie paga en la comunidad el impuesto sobre el patrimonio, bonificado al 100%. No por nada es el territorio que aglutina las mayores fortunas del país —tanto por número (19.508 en 2021, según la Agencia Tributaria) como por riqueza media declarada (10 millones)—. También es la que más ha aportado al nuevo gravamen de solidaridad, que funciona de manera complementaria al impuesto sobre el patrimonio: solo afecta a las fortunas de más de tres millones de euros y por aquella parte de la riqueza que no ha sido gravada por las comunidades autónomas.

En 2023, primer año en que se cobró, recaudó 623 millones de 12.010 contribuyentes —frente a los 231.367 que declaran patrimonio—. La mayoría residía en Madrid, que aportó casi el 90% (555 millones), seguida por Andalucía y Galicia, las otras dos comunidades que tenían bonificado el impuesto sobre el patrimonio, al 100% la primera y al 50% la segunda. La cuota media fue de 52.000 euros, según Hacienda. Entre los dos tributos, el fisco ingresó 1.868 millones el año pasado.

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