La vuelta de Patrimonio en las autonomías del PP causa un lío de fechas con el impuesto a los ricos
Los altos contribuyentes tendrán que elaborar un precálculo de la cuota de grandes fortunas para poder aplicar la bonificación. También podrán solicitar una rectificación por ingresos indebidos
Lío de fechas en las comunidades autónomas del Partido Popular que han recuperado el impuesto sobre el patrimonio. Los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía y Galicia han rescatado de forma transitoria el impuesto original con el objetivo de que la recaudación del nuevo gravamen a los ricos se quede en sus comunidades y no en manos del Ministerio de Hacienda. A partir de aquí, han establecido una bonificación variable que permite a los contribuyentes más acaudalados satisfacer la cuota de impuesto sobre las grandes fortunas en el de patrimonio. El problema está en el calendario.
Mientras que el impuesto de patrimonio se liquida junto con la Renta, el 30 de junio, el de las grandes fortunas se abona a finales de julio. Es decir, para poder aplicar el descuento, los contribuyentes afectados tienen que saber en junio cuánto tendrán que pagar un mes después. “La solución diseñada por estas comunidades es buena desde el punto de vista técnico porque consiguen su objetivo, es decir, que la recaudación se quede en ellas”, recalca Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Sin embargo, hay un problema de plazos que supone un quebradero de cabeza para los contribuyentes.
Ante esta situación, prosigue Gimeno, los altos patrimonios madrileños, andaluces y gallegos tienen dos opciones. Una es elaborar un precálculo de la cuota en grandes fortunas que permita anticiparse a la hora de aplicar la deducción. La otra alternativa es pagar el primer impuesto y solicitar posteriormente una rectificación por ingresos indebidos, una vez que se sepa cuál es la cuota exacta que sale a pagar en el gravamen de las grandes fortunas y que, en consecuencia, marca el volumen de la bonificación a la que cada contribuyente tiene derecho.
Es decir, con estos cambios normativos diseñados por las autonomías los ricos van a tener que pagar únicamente la cuota que les corresponde en grandes fortunas. Ni más ni menos. El problema es el engorro que supone elaborar un precálculo o tener que estar pendiente de solicitar la rectificación posterior. En cualquiera de los dos casos, argumenta Gimeno, los afectados deberían recurrir a sus asesores fiscales dada la complejidad asociada a patrimonios de tal volumen.
El impuesto sobre las grandes fortunas fue diseñado por el Ministerio de Hacienda para neutralizar las bonificaciones autonómicas –en algunos casos del 100%– que aplicaban varias de las regiones gobernadas por el PP, encabezadas por la Comunidad de Madrid. El objetivo del departamento de María Jesús Montero, que hizo de este asunto uno de los grandes frentes de la batalla fiscal, era presionar a los territorios para que recuperasen Patrimonio. El argumento era simple: mientras que la recaudación del impuesto de grandes fortunas va para Hacienda, la del gravamen tradicional se queda en las arcas regionales.
En 2022, el primer año de aplicación, el gravamen de solidaridad ingresó unos 623 millones de euros en todo el país. De ellos, la inmensa mayoría (555 millones) llegó de 10.000 altos contribuyentes afincados en la Comunidad de Madrid. Por eso, a finales de 2023 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que recuperaría temporalmente Patrimonio, una decisión a la que se adhirieron después el resto de territorios.
El Tribunal Constitucional avaló a comienzos del pasado mes de noviembre el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. La decisión provocó un importante revés a las comunidades autónomas del PP, que habían recurrido el gravamen y confiaban en que fuese declarado contrario a la ley. Por eso, inmediatamente después del fallo, estas regiones comenzaron a armar su respuesta. A grandes rasgos, todas ellas optaron por eliminar las bonificaciones que aplicaban sobre Patrimonio. Sin embargo, la letra pequeña de cada diseño muestra las diferencias de criterio entre unos y otros territorios.
Diferentes fórmulas para evitar a Hacienda
En la Comunidad de Madrid, que en los últimos años se ha convertido en la principal oposición del Ministerio de Hacienda, la presidenta Díaz Ayuso anunció una modificación de la bonificación territorial aplicable al impuesto sobre el patrimonio, estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el tributo a los ricos lo satisfagan en el de patrimonio. Es decir, como el nuevo gravamen tiene efectos a partir de los 3,7 millones de riqueza neta, la idea de Díaz Ayuso es que los ricos de la región central que se queden por debajo de este umbral estén exentos de tributar.
Por ahora, sin embargo, todos los grandes patrimonios estarán obligados a pagar. El último articulado de ley presentado en la Asamblea madrileña por el Grupo Popular, y que por ahora no ha sido modificado, obliga a que todas las fortunas tengan que abonar Patrimonio, estén por encima o por debajo del límite de 3,7 millones.
El objetivo de la región central, no obstante, es utilizar esa recaudación para continuar con las políticas de rebaja fiscal. “La Comunidad de Madrid va a asumir de manera transitoria la recaudación derivada del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, aprobado por el Gobierno central, para destinarlo a continuar con bajadas fiscales en la región. Para ello, modificará la bonificación del tributo sobre el patrimonio a los ya afectados por la medida estatal”, explicaba Madrid hace dos meses.
En Andalucía, sin embargo, la fórmula ideada por el Gobierno regional ha sido algo diferente. El equipo de Juanma Moreno ha recuperado Patrimonio para que la recaudación se quede en la región, pero también ha permitido que los altos contribuyentes que lo deseen puedan abonar su cuota a la Administración Central si así lo prefieren.
Las grandes fortunas, de esta manera, podrán elegir entre dos bonificaciones: o la que se establece en grandes fortunas, de forma que la recaudación se quede en Andalucía, o la fijada en Patrimonio, cuyos efectos son los contrarios. En todo caso, la cantidad a pagar deberá ser la misma en ambas situaciones, ya que el nuevo impuesto se diseñó como una fórmula espejo para evitar posibles problemas por la doble imposición.
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