Una prórroga de los Presupuestos pondría en riesgo la mejora de la agenda social del Gobierno
El primer gran desplante de Junts abre la puerta a una extensión de las últimas cuentas públicas y complica las grandes inversiones. Hacienda todavía confía en poder aprobar el nuevo proyecto
El Gobierno todavía cuenta con margen de sobra para poder negociar con los grupos parlamentarios los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024. Atar unas cuentas públicas cuando no se dispone de mayoría absoluta siempre es un reto y lleva tiempo. Y ahora, con un Ejecutivo que necesita contentar a cada uno de sus socios, el desafío será mucho mayor. Por eso, los expertos creen que el último desplante de Junts debe interpretarse, al menos por ahora, como una mera escenificación y muestra de poder y no como el preludio de una prórroga presupuestaria. El riesgo, no obstante, comienza a hacerse patente.
El choque que se produjo el martes en el Congreso entre el Gobierno y los soberanistas catalanes a cuento de la futura ley de amnistía sí que ha abierto la puerta a elucubrar sobre qué sucedería en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no consiguiese atar los apoyos necesarios para sacar adelante un nuevo proyecto. Más allá del golpe político, las principales perjudicadas serían las políticas sociales del Gobierno de coalición y las nuevas grandes inversiones, ya que otros asuntos como la revalorización de las pensiones, la actualización salarial de los funcionarios o el control de las finanzas públicas estarían, a priori, asegurados.
Los Presupuestos conforman la norma que constituye la política económica de un Gobierno y, en consecuencia, su identidad. En ellos se contemplan las principales inversiones comprometidas, la política fiscal, las pensiones, las partidas sanitarias o las prestaciones de desempleo.
Cabe recordar, explica Javier Collado, profesor del Grupo CEF-Udima e inspector de Hacienda del Estado, que para seguir gobernando “se pueden prorrogar sin ningún problema los últimos Presupuestos”. España, de hecho, nunca se ha quedado sin cuentas públicas ya que, en caso de que no se alcance un acuerdo o no se llegue a tiempo, automáticamente se prorrogan las del año precedente, tal y como ha sucedido ahora. La extensión, además, puede acompañarse de un decreto con los ajustes necesarios para garantizar su buen funcionamiento en aquellos puntos que se consideran básicos.
Por eso, prosigue Collado, aspectos como la revalorización de las pensiones o la subida salarial de los funcionarios estarían fuera de peligro. De entrada, la primera está blindada por la última reforma. La segunda, en caso de que se llevase al Congreso, “obtendría sin duda el apoyo de todos los partidos políticos”.
Al margen de lo más elemental, sí habría políticas en riesgo. La prórroga total de los Presupuestos –que sería la novena de la democracia después de las de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y las dos de las cuentas de 2018– implicaría que el margen de gasto quedaría ajustado al registrado el año anterior. A su vez, los desembolsos asociados a cada partida en las cuentas de 2023 tendrían que mantenerse inalterados para el nuevo ejercicio. Esto, apunta Jorge Uxó, profesor titular de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, es lo que pondría contra las cuerdas la agenda social del Gobierno.
“Ya hay anunciadas políticas que giran en torno a la ampliación del cuarto pilar del Estado del bienestar”, apunta Uxó. Algunas de estas son el aumento del gasto para la dependencia, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la extensión del presupuesto para las políticas de cuidados, la ampliación de la cartera de servicios sanitarios o todas las políticas que giran en torno a la juventud. “Si todo vuelve a la casilla de salida esos compromisos caerían en saco roto por no poder estar dotados de los recursos necesarios”.
Es cierto, prosigue Collado, que el Gobierno cuenta con “argucias” para poder aumentar su capacidad aunque el margen de gasto esté acotado. Por ejemplo, “mediante ampliaciones de crédito, complementos o, simplemente, a través de la figura del Real-decreto ley”. Sin embargo, estas maniobras, que pueden valer para medidas muy concretas, no deberían servir en el caso de grandes políticas o inversiones.
Otro de los puntos importantes es el que atañe a la recepción y ejecución de los fondos europeos para la recuperación, más aún en un contexto en el que la Comisión Europea vigilará con lupa el control del déficit público ahora que las reglas fiscales han vuelto a estar operativas. En este punto, recuerda Collado, cabría el riesgo de que España se enfrentase a una paralización o retraso del oxígeno comunitario. Sin embargo, añade, “se podría negociar con Europa y en ese terreno el Gobierno se mueve bien, por lo que no debería haber grandes problemas”.
Tampoco debería haber grandes quebraderos de cabeza en el control de las finanzas públicas. Según apunta Uxó, por lo que se ha ido anunciado en los últimos planes presupuestarios, el nuevo proyecto de cuentas públicas no debería ser de recortes. Es decir, la reducción del déficit no se va a producir porque el nuevo presupuesto ajuste a la baja los gastos, sino por el efecto del crecimiento económico y del aumento de los ingresos que se va a mantener haya o no nuevas cuentas públicas.
El Gobierno, por el momento, sigue confiando en poder aprobar unas nuevas cuentas públicas para este año. Ayer, unas horas después del rifirrafe con Junts, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en RTVE que “tenemos nuestras cuentas en vigor y la voluntad de este Gobierno es aprobar unas nuevas”. También pidió prudencia y entender cómo funcionan los ritmos en la política: “Cada cosa a su tiempo”.
El Ejecutivo, debido a la convocatoria de las elecciones generales, a su posterior celebración y al ajustado calendario vinculado a la investidura, no tuvo tiempo de elaborar un proyecto de Presupuestos para tenerlo listo el 1 de enero de 2024. Por eso, prorrogó los de 2023 y empezó los trámites necesarios para preparar las nuevas cuentas. De momento, en diciembre convocó al Consejo de Políticas Fiscal y Financiera para comunicar a las entidades territoriales sus objetivos de déficit y, posteriormente, aprobar el techo de gasto. El límite de gasto no financiero se fijó en 199.120 millones de euros, un 0,5% por encima del anterior. Sin contar con el impacto de los fondos europeos la cifra rondaría los 189.200 millones, una subida del 9,3%
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Sobre la firma
