Una financiación extra de 3.000 millones a las regiones pobres solo reduciría en un tercio la brecha actual

Fedea propone un fondo para compensar a las autonomías peor financiadas mientras se negocia la reforma del sistema

Belén Trincado Aznar

El actual sistema de financiación autonómica, caducado desde hace ya 10 años, origina importantes asimetrías de recursos entre territorios. En 2021, último ejercicio para el que hay datos disponibles, la región mejor financiada superó en casi 730 euros por persona a la peor, una tendencia que ha ido acrecentándose con el paso del tiempo. La reforma del sistema, por ello, se ha convertido en una de las promesas del Gobierno para una legislatura en la que las demandas de los partidos soberanistas valen su peso en oro y en la que será difícil llegar a acuerdos. Mientras, los expertos en el tema van lanzando sus propuestas. Ayer, Fedea sugirió crear un fondo de aportación estatal que rondase los 3.000 millones de euros para así dar recursos extra a las cuatro regiones infrafinanciadas mientras se negocia la remodelación total. Con él, esta brecha se reduciría en alrededor de un tercio, hasta los 450 euros.

El sistema de financiación se nutre de los recursos que aportan tanto el Estado como las comunidades. En esencia, funciona como una suerte de bolsa común que reparte los ingresos entre las regiones siguiendo criterios de población, nivel de renta, inversión en servicios o dispersión demográfica. La idea es que haya una distribución más o menos simétrica para que todas puedan ofrecer en las mismas condiciones los servicios públicos que de ellas dependen.

Pero eso es solo teoría. El problema es que, en la práctica, el modelo actual da lugar a fuertes divergencias. Mientras que algunas comunidades como Cantabria, Baleares o La Rioja están sobrefinanciadas con unos 3.400 euros por habitante ajustado, otras como Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia rondan los 2.700 euros per cápita. Dicho de otra forma, en un índice en el que la financiación efectiva media se sitúa en 100, los territorios mejor posicionados llegan al 115 y los peores caen hasta el 90.

La reforma del sistema, por ello, apremia. Sin embargo, dado que será una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, “sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando en ciertos trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de un acuerdo general”. Es lo que propone Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los mayores expertos de España en la materia.

Ayer, en un evento organizado junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), la Fundación de Estudios de Económica Aplicada presentó el primer documento de una serie de apuntes que pretenden aportar al debate sobre políticas públicas. En él se encuentra la propuesta para poner en marcha un fondo de algo más de 3.000 millones para compensar a las regiones infrafinanciadas. Esta sería “una primera fase de la reforma, que debería abordarse de forma inmediata”.

Según la propuesta, esta herramienta “complementaría los ingresos de aquellas comunidades de régimen común que están por debajo de la media de ese grupo en términos de financiación por habitante ajustado”, eliminando toda, o al menos buena parte, de la distancia. El fondo, propone Fedea, se mantendría operativo hasta que se completase la reforma del modelo de financiación autonómica, integrándose entonces sus recursos en el sistema general.

Bajo este modelo, la brecha entre Cantabria y Murcia, las regiones que se encuentran en los extremos de la tabla, se reduciría en casi un tercio, pasando de los 726 euros a los 454. Con el índice en base 100, la parte alta caería en tres puntos, hasta el 112, y la baja aumentaría casi ocho, hasta el 97,8. Es decir, la financiación media por habitante pasaría a los 3.029 euros y las cuatro comunidades más castigadas se quedarían solo un poco por debajo: 2.963 euros por ciudadano.

Una vez puesto en marcha este fondo, la reforma entraría en fase técnica mientras se desarrollan las negociaciones políticas para buscar “un consenso lo más amplio posible”. Para que la reforma sea “factible” y “pacífica”, sería necesario un acuerdo entre el PSOE y el PP, asegura Fedea. Dada la configuración de la actual mayoría parlamentaria y los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con los partidos nacionalistas existe el riesgo de una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, “negociado de forma bilateral con algunas comunidades”. Por ello, añade el documento, sería necesario un pacto entre los dos grandes partidos dada la importancia de los asuntos técnicos que tienen que cerrarse en la eventual reforma.

Según la fundación, hay dos cuestiones fundamentales que precisan de ese gran acuerdo. Una tiene que ver con el nivel de bienes y servicios públicos del que se quiere disfrutar y, en consecuencia, del nivel asumible para financiarlos vía impuestos. La otra está relacionada con el grado deseable de nivelación del sistema de financiación territorial, esto es, con la intensidad de la redistribución de recursos entre territorios ricos y pobres con el fin de igualar, al menos parcialmente, su capacidad de prestación de servicios.

En el primero de los frentes, Fedea asume que el grueso de cualquier incremento en los recursos agregados del sistema deberá financiarse mediante una subida de impuestos autonómicos con el fin de evitar los problemas de incentivos que se derivarían de nuevas inyecciones de recursos estatales sin coste político alguno para los gobiernos regionales.

En cuanto al grado de nivelación, se parte de la base de que debe ser necesariamente elevado para garantizar la cohesión territorial y social del país, incluyendo en él a los territorios forales. Sin embargo, podría aceptarse que, como sucede en otros estados descentralizados, no llegue al 100% “si esto permite llegar a un compromiso” con las comunidades más reacias, y también ricas, a la redistribución territorial.

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