Junts aspira a obligar que el domicilio social de las empresas coincida con su actividad
La formación catalana opta por descartar las penalizaciones y prefiere diseñar estímulos jurídicos y económicos. Los expertos recuerdan que no se puede imponer a una compañía un cambio de sede
Junts, consciente de que sus siete diputados valen oro en una legislatura marcada por la minoría parlamentaria del Gobierno, ha conseguido arrancar al PSOE el compromiso de modificar la ley de sociedades de capital para promover el regreso a Cataluña de las empresas que se mudaron tras el referéndum independentista de 2017. La fórmula por la que parecen decantarse en la formación soberanista pasaría por vincular el domicilio social de las organizaciones con el territorio en el que estas ejercen su actividad principal, y no con la puesta en marcha de posibles sanciones.
Durante los días previos a la votación de tres decretos económicos vitales para el Ejecutivo, los catalanes empezaron a deslizar la idea de que se pudiese sancionar a aquellas compañías que abandonaron la Generalitat si no hacían el camino de vuelta. Ayer, sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que no habrá ni penalizaciones ni obligaciones de ningún tipo. Algo similar empezaron a decir en Junts.
De lo que se trataría, sugieren los catalanes, es de promover que las empresas fijen su sede social, que sería como una suerte de domicilio, en el mismo territorio en el que estas ejercen su actividad principal. “Igual que se hicieron estímulos jurídicos para facilitar que las empresas se fueran”, explicó ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, ahora se creará un real decreto ley que propondrá “estímulos jurídicos para que vuelvan”, añadió en una entrevista en Catalunya Radio recogida por Servimedia.
“Si una empresa”, expuso, tiene “la fábrica en Cataluña, pero cotiza en otro sitio y la ley dice que tiene que estar aquí y no lo hace, creo que alguna medida tiene que haber para que eso no sea posible”.
El problema, tal y como explican varios abogados mercantiles consultados, es que la ley actual, tanto española como comunitaria, permite a las empresas fijar su sede donde quieran siempre que se cumpla uno de los dos requisitos fijados: “El domicilio social debe estar donde se encuentre el centro de administración o dirección, o allá donde radique el principal establecimiento o centro de explotación”. Siempre que coincida con uno de estos condicionantes, la sede puede estar en un sitio u otro.
Por todo ello, prosiguen los expertos, con la ley en la mano es imposible obligar a las organizaciones a cambiar su domicilio. “La ley permite que el centro de social esté en un lugar y el centro de actividades, en otro”. Por ello, todos prefieren esperar a conocer los detalles del cambio para valorar en profundidad una medida que, al menos por ahora, “es un poco difusa y difícil de digerir”.
En este punto, y salvo que haya cambios legales de calado –que podrían encontrarse con la negativa de la justicia europea y el recelo del resto de comunidades autónomas–, las únicas herramientas posibles que ponen sobre la mesa los expertos consultados son los estímulos fiscales y económicos. Y es que, aunque las empresas tributan por el impuesto de sociedades, que es de carácter estatal y no da margen de maniobra a las autonomías, sí hay otras figuras que pueden balancear la decisión del retorno.
“Hablamos del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto de actividades económicas, del impuesto de actos jurídicos documentados... Son figuras locales o autonómicas a las que también se enfrentan las compañías, por lo que una rebaja o incentivo puede impulsar la decisión de volver”. También hay otros tributos que afectan a las personas físicas, como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, que podrían animar a los directivos de las empresas a regresar si hay un trato fiscal favorable, apuntan desde el Consejo General de Economistas.
Dentro del capítulo de estos incentivos de todo tipo y condición, otros expertos creen que Cataluña podría optar por ofrecer a las empresas recursos materiales como terrenos gratuitos o más baratos, o edificios para albergar sedes, fábricas o centros logísticos.
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