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Permisos de residencia, flujos y expulsiones de inmigrantes: lo que Junts asegura que el Estado traspasará a Cataluña

El partido catalán aspira a controlar prácticamente toda la política migratoria y el Gobierno se limita a señalar que se debatirá por ley orgánica

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras (d), tras su intervención en el pleno del Congreso.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras (d), tras su intervención en el pleno del Congreso.Mariscal (EFE)
CINCO DÍAS

Asentada la polvareda en torno al sorprendente primer pleno de la legislatura, el protagonista absoluto de la semana parlamentaria, Junts, desgrana poco a poco los aspectos del acuerdo alcanzado con el PSOE que permitió su no oposición a los decretos que se votaban. Dirigentes como Míriam Nogueras, Jordi Turull o Laura Borràs han explicado este jueves que en el punto sobre la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat se incluye la gestión “integral” de esa materia, incluidos los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los “flujos migratorios”.

“Se ha dado un pase de gol a la Generalitat, y esperemos que la Generalitat marque este gol”, ha asegurado la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, a la emisora Rac1.

Ayer, JxCat pactó con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno.

La cesión de competencias en materia de inmigración se realizará, según Nogueras, mediante una ley orgánica que parta del artículo 150.2 de la Constitución.

Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha apuntado que el acuerdo con el PSOE permitirá que la Generalitat “podrá hacer una gestión integral en materia de inmigración”, desde los flujos migratorios hasta las políticas de integración.

Preguntado por si es partidario de expulsar a inmigrantes irregulares que sean multirreincidentes, Turull ha asegurado que “todo se debe decidir desde Cataluña”, pero ha indicado que “empezar el debate por aquí es empezar la casa por el tejado”.

“En el momento en que tienes las competencias en materia de gestión de la inmigración, de juventud, en servicios sociales y en educación lo que tienes que procurar es que no haya multirreincidencia”, ha subrayado.

A este respecto, la líder de JxCat, Laura Borràs, ha considerado que “es evidente que Cataluña debe poder gestionar y regular un tema tan importante y fundamental como los flujos migratorios y su impacto”.

Ha recordado que “Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa del conjunto del Estado y debe poder estar en disposición de gestionar en condiciones este fenómeno y gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos”.

Por su parte, y entre críticas no sólo de la oposición sino de los principales sindicatos policiales que critican que este acuerdo supone entregar la política de fronteras, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha limitado a explicar que se desarrollará a través de una ley orgánica (lo que exige una mayoría absoluta en el Congreso) y no ha especificado si incluirá el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular. En concreto, ha afirmado que el “acuerdo literal por escrito” es acordar una ley orgánica para delegar una competencia a la Generalitat.

“Iremos al parlamento y se verán cuáles son las competencias exactas, pero hay que esperar a que tengamos esa ley y ver el detalle”, ha explicado Bolaños. Con todo, el ministro ha defendido en TVE que si hay una delegación de competencias de una materia a otra comunidad autónoma tal y como permite la Constitución, “lo que hoy asume el Estado como así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma como va a ser el caso en materia de inmigración”.

En el mismo sentido de pedir prudencia a la hora de determinar qué incluye el pacto, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también se refirió a que la ley orgánica despejará esas dudas pero que hay que ir paso a paso.

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