El Tribunal de Cuentas mantiene la causa por los gastos del ‘procés’ hasta que se apruebe la amnistía
La consejera encargada de enjuiciar este procedimiento afirma que, a día de hoy, se desconocen los efectos de la ley, que se encuentra en tramitación
El Tribunal de Cuentas seguirá adelante con la causa por los gastos del procés en Cataluña, al menos hasta que se apruebe y entre en vigor la ley de amnistía. La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, encargada de analizar este procedimiento contable, ha rechazado la solicitud de suspensión que varios de los encausados solicitaron después de que la Mesa del Congreso de los Diputados admitiera a trámite la proposición de ley presentada por el PSOE, que recoge la extinción de todas las responsabilidades penales, civiles y contables derivadas del proceso de independentista.
Según ha informado el órgano fiscalizador, la consejera ha dictado una resolución en la que deniega dicha petición planteada por la defensa del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconsejero Raül Romeva, y otros siete demandados, de paralizar el proceso por economía procesal, a fin de evitar procedimientos innecesarios, ya que la futura ley prevé dejar sin efectos causas como la que se sigue en el Tribunal de Cuentas contra una treintena de exdirigentes catalanes, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont –huido en Bruselas–, por el presunto desvío de dinero público para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 (declarado ilegal por el Tribunal Constitucional) o la promoción exterior del procés a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como el Diplocat.
Hernáez fundamenta su rechazo en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley, que se encuentra todavía pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. De este modo, sigue el criterio del fiscal jefe del órgano contable, Manuel Martín-Granizo Santamaría, que instó a esperar a conocer los efectos de la norma, ya que “es un hecho futuro y relativamente incierto”, y de la otra acusación, Sociedad Civil Catalana (SCC).
La consejera ya ha rechazado en varias ocasiones suspender el procedimiento. Antes de la vista que se celebró el pasado 17 de noviembre, Elena Hernáez denegó la petición de Puigdemont y los exconsejeros fugados Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí –esta última ya a disposición de la Justicia– de interrumpir la causa, argumentando que ellos no han sido condenados en firme por el Tribunal Supremo por el procés, por lo que tampoco cabría una responsabilidad contable en este sentido, dada su estrecha vinculación. Sin embargo, la consejera del Tribunal de Cuentas no atendió a estas alegaciones.
Y después, en la propia vista oral –en la que se escuchó a tres testigos y en la que Puigdemont estaba citado, pero no acudió para evitar su detención en España, ya que la amnistía aún no está en vigor–, aplazó su decisión de paralizar el proceso y se comprometió a resolver la cuestión “por escrito en el plazo más breve posible de tiempo”. La resolución se ha conocido este jueves.
Fiscalía reclama 3,1 millones
Así las cosas, el Tribunal de Cuentas seguirá analizando si se malversaron las arcas públicas catalanas en el marco del proceso independentista, pese a que una eventual aprobación de la ley de amnistía obligue a meter en un cajón todas las actuaciones. Por estos hechos, el órgano fiscalizador impuso una fianza total de más de 9 millones de euros. En concreto, en un acta de liquidación provisional, con fecha del 28 de enero de 2020, reclamó 4,1 millones de euros por el 1-O, una cantidad que los demandados afianzaron con el embargo de bienes. A ella se sumó una acta complementaria, el 29 de junio de 2021, en el que se acordaba la fianza de otros 5,4 millones de euros por la promoción exterior del procés, que avaló la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Tras ello, en su demanda, la Fiscalía rebajó la estimación del Tribunal de Cuentas y que considera que se deben reintegrar al erario público 3,1 millones de euros, un monto que exige de manera conjunta y solidaria a los 35 encausados. Por su parte, SCC entiende que solo 11 exdirigentes de la Generalitat deben devolver cinco millones de euros.
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