La Fiscalía se opone a suspender el proceso del 1-O en el Tribunal de Cuentas por la amnistía

El fiscal jefe del órgano contable insiste en que la aprobación de la ley es “un hecho futuro y relativamente incierto”

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, durante una sesión del Parlamento EuropeoRONALD WITTEK (EFE)

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que el procedimiento contable por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la promoción exterior del procés debe seguir adelante mientras se tramita la futura ley de amnistía. Así lo ha manifestado el fiscal jefe del órgano contable, Manuel Martín-Granizo Santamaría, en un reciente escrito en el que se opone a la petición de suspensión que hizo el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, uno de la treintena de exaltos cargos catalanes encausados por el presunto desvío de dinero público para organizar el proceso independentista. “Es un hecho futuro y relativamente incierto”, ha subrayado.

De este modo, el fiscal reitera su postura acerca de la pertinencia de mantener la causa contable abierta o no ante la eventual aprobación de una ley de amnistía, que anulará toda la responsabilidad civil y económica del procés, tal y como expone la proposición de ley que el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados, el pasado 13 de noviembre.

Esta cuestión se debatió el pasado 17 de noviembre, cuando el Tribunal de Cuentas celebró una vista oral para escuchar a tres testigos, después de que las representaciones legales de algunos demandados, como Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, solicitaran la suspensión tras conocer la presentación de la iniciativa legislativa. En esta sesión, el fiscal expresó su rechazo a paralizar el proceso porque, según señaló, lo único que se conocía hasta el momento era la presentación de la una propuesta legislativa, al tiempo que destacó que los “efectos” concretos de la norma no se conocerán hasta su aprobación y entrada en vigor.

La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez –encargada de analizar la causa contable por el procés independentista– que escuchó también la opinión de todas las defensas y de la otra acusación, Sociedad Civil Catalana, dejó en el aire su decisión e informó de que resolvería el asunto “por escrito en el plazo más breve posible de tiempo”.

Mientras tanto, la defensa de Junqueras volvió a insistir en su pretensión y presentó un nuevo escrito para comunicar que la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite, el pasado 24 de noviembre, la proposición de ley orgánica de amnistía. En contestación, en un reciente escrito adelantado por Vozpópuli y al que ha tenido acceso CincoDías, el fiscal ha insistido en que la futura norma “se halla al comienzo de su tramitación y por tanto no puede producir efecto alguno, por cuanto su entrada en vigor es un hecho futuro y relativamente incierto, al no poder conocer actualmente su exacto contenido en el momento en que entre vigor”.

“Por todo ello, el fiscal considera que de la misma manera que no se acordó la suspensión del juicio, no procede acordar la suspensión del procedimiento”, concluye el escrito.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama a la treintena de exdirigentes de la Generalitat de Cataluña, de manera conjunta y solidaria, 3,4 millones de euros por el referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Esta cantidad está por debajo de los 4,1 millones de euros que los acusados afianzaron por el 1-O con el embargo de bienes y de los 5,4 millones por la promoción exterior que avaló la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Por su parte, Sociedad Civil Catalana entiende que solo 11 exdirigentes de la Generalitat deben retornar a las arcas catalanas cinco millones de euros.

Precisamente en la vista oral del pasado noviembre estaba citado a declarar el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (huido en Bélgica), a quien se le rechazó la comparecencia por videoconferencia. En este sentido, el exdirigente catalán no se presentó en el juicio, ya que la orden de detención en España emitida por el Tribunal Supremo sigue vigente hasta que entre en vigor la ley de amnistía. Y así lo explicó su abogado, Gonzalo Boye, en el Tribunal de Cuentas, donde ironizó que Puigdemont “quería comparecer” y que esperó “hasta el último momento” para saber si podía viajar a España por “si se aplicaba la ley [de amnistía]”.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días