La empresa se opone en bloque a recibir sanciones o incentivos para el regreso de compañías a Cataluña
Patronales y expertos piden crear un clima propicio que anime a los ‘fugados’ a volver a la Generalitat
Ni sanciones ni incentivos. Normalidad institucional es la única opción. Las empresas volverán, se quedarán o elegirán Cataluña porque el clima económico, social y político propicie su apuesta. Así han contestado los empresarios, tanto desde la patronal nacional como desde la misma organización autonómica, al último órdago de Junts que buscaba penalizar o premiar a las más de 7.000 compañías que se fueron o se quedaron tras el procés independentista de 2017. A cambio, el partido de Carles Puigdemont rebajaría su negativa a la convalidación de los tres grandes decretos económicos de arranque de legislatura que hoy serán debatidos en el Congreso.
El Gobierno de coalición necesita todo escaño que no sea del PP o de Vox para sacar adelante sus medidas contra la crisis, la subida de las pensiones, la digitalización de la justicia o la reforma del subsidio de paro. Y el tiempo de la negociación se acaba. Hay miles de millones en juego, incluyendo 10.000 en forma de fondos de recuperación pendientes de percibir. Por eso, porque no se puede permitir ninguna acritud, la portavoz Pilar Alegría insistió en un mensaje acotado cuando se le preguntó ayer hasta en cuatro veces por la vía independentista de recuperar su tejido empresarial: “Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”.
El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, fue algo más generoso al admitir que se sigue negociando con los independentistas cómo activar una de las medidas pactadas por PSOE y Junts en noviembre y que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. En el documento firmado en Bruselas, ambas formaciones se comprometieron a “promover un plan” de regreso de empresas como Caixabank, Naturgy, Gas Natural, Banco Sabadell, Agbar, Cellnex, Colonial y miles más que cambiaron su sede a otras autonomías en pocos meses. En la tarde de ayer, fuentes del Gobierno dejaban caer que se estudiaban posibles incentivos, aunque otras mostraban abiertamente sus dudas.
A pocas horas de arrancar el pleno extraordinario, la respuesta al planteamiento de Junts ha variado desde el rechazo absoluto de los empresarios a la negativa tajante de la misma Generalitat (en manos de ERC), pasando por el enfado del resto de socios parlamentarios necesarios para el Ejecutivo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, redujo a dos opciones el planteamiento de los independentistas catalanes: “Eso se llama regulación en vena o comunismo”. Menos floridos, pero igual de contundentes, se han mostrado desde Foment del Treball, la patronal catalana. En un comunicado insistieron en su rechazo como punto de partida. “No es una política económica aceptable”, añadieron antes de subrayar que mantienen su “tesis de que la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable son el contexto necesario para favorecer el retorno de aquellas empresas que se marcharon si es que lo consideran necesario”.
Esta posición es la que defiende el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich: “Hay que dejar a las empresas tranquilas”, resume. “Ya sea desde una óptica liberal o socialdemócrata, los gobiernos tienen que crear las condiciones idóneas para las empresas y, a partir de ahí, contar con unos marcos para que estas cumplan las normas fiscales, mercantiles y laborales. Sin un clima favorable, el resto es humo”.
Por ello, y obviando que las penalizaciones e incentivos “son una mala estrategia para cumplir estos objetivos”, cabe recordar que la normativa vigente no da pie a este tipo de fórmulas.
De entrada, explican varios juristas consultados, tanto la Constitución española como la Ley de Sociedades de Capital dan pie a las organizaciones a situar su sede social en el territorio que mejor estimen, “respetando siempre la libertad de decisión de los órganos de administración”. Esto impediría cualquier tipo de sanción. Los mismos expertos descartan, en paralelo, la aplicación de cualquier tipo de incentivo, puesto que podrían dar pie a distorsiones en la competencia y suscitarían el recelo del resto de comunidades autónomas. En el apartado fiscal, los consultados niegan que puedan establecerse bonificaciones en el impuesto de sociedades a este respecto.
“Cualquier medida regulatoria que se quiera aprobar tiene que calibrar los potenciales beneficios y riesgos. En el caso de no dejar a las empresas trabajar de forma autónoma, estas medidas podrían tener incluso efectos negativos y acarrear consecuencias contrarias al fin que se quería perseguir”, añade el presidente del CGE.
Efectos de la caída de las medidas anticrisis
Consciente de que se la juega a una carta, el Gobierno de coalición cuantificó ayer el impacto que tendría en los bolsillos de los hogares españoles la caída del decreto que prorroga parcialmente el escudo anticrisis. En lo relativo al transporte público, una pareja con dos hijos mayores de 14 años que viva en las afueras de Madrid tendría que pagar 3.297 euros más en 2024 por usar Cercanías, cifra cercana a los 3.357 euros de más que tendría que abonar la misma familia en Barcelona y lejos de los 5.585 euros en el caso de un hogar valenciano. Por su parte, la factura de la luz de un consumidor medio pasaría de 44,3 euros mensuales a 53,3 euros. En paralelo, sin la subida del 3,8% en las pensiones, un jubilado dejaría de percibir 734 euros de media en todo el ejercicio, siempre según los cálculos del Ejecutivo. Cabe recordar que también decaerían inmediatamente otras rebajas como la del IVA de los alimentos básicos.
Ante el galimatías que supone cuadrar los apoyos necesarios en el Congreso, el Partido Popular podría desbloquear la convalidación del decreto anticrisis con su abstención o su voto a favor. Ayer, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo insistió en sus condiciones, que, de cumplirse, permitirían prorrogar el paquete de ayudas. Para ello, los populares piden ampliar las rebajas del IVA a las carnes, los pescados y las conservas, que pasarían del 10% actual al 4%. En su lista también incluyen “reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas”, ya que el Gobierno ha previsto irlo aumentando progresivamente en los próximos meses. El PP también reclama rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros y deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta.
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