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La no convalidación del decreto anticrisis trastocaría las cuentas de Hacienda en más de 7.000 millones

El Congreso vota mañana tres decretos sin que el Gobierno tenga atados los apoyos. El fin de las rebajas fiscales y las ayudas al transporte costaría a los ciudadanos 3.000 millones

Pedro Sánchez y María Jesús Montero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Javier Lizón (EFE)

El Ministerio de Hacienda se juega cuadrar varios miles de millones de euros en la votación del decreto anticrisis que tendrá lugar el miércoles en el Congreso de los Diputados. Su convalidación corre serio riesgo debido a la negativa ya confirmada tanto por los principales partidos de la oposición como por Junts, que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Si las Cortes rechazan la prórroga parcial del escudo anticrisis, aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros, decaerían inmediatamente las rebajas fiscales y ayudas previstas, así como la prórroga de los impuestos sobre banca, energéticas y grandes fortunas. En conjunto, entre las medidas de gasto e ingresos, a Hacienda se le descuadrarían unos 7.000 millones de euros.

En total, mañana se votarán tres decretos cuya validación debería llegar de forma íntegra, es decir, sin ningún tipo de modificación. Si esto sucede, podrían tramitarse como proyectos de ley para estar abiertos a enmiendas y cambios más adelante. Uno de ellos, conocido como decreto ómnibus, está vinculado al Plan de Recuperación, con el objetivo de que España pueda recibir un nuevo desembolso, de 10.000 millones de euros. El segundo está marcado principalmente por la reforma del subsidio de desempleo y por un recorte progresivo de las futuras pensiones que rechaza Podemos. El tercer decreto es el que recoge el escudo anticrisis y los impuestos extraordinarios.

El último es el más arriesgado. Dentro de las partidas de gasto, las rebajas fiscales previstas por el Ejecutivo ascienden a los 2.500 millones de euros para el año 2024. En este grupo se encuentran los descuentos en el IVA de los alimentos, que mantienen hasta junio la rebaja del 4% al 0% a los productos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para los aceites y las pastas. A esto se le añaden las rebajas fiscales energéticas en el IVA de la luz y el gas o en el impuesto especial sobre la electricidad. Aunque estas figuras impositivas se recuperan de forma progresiva durante este ejercicio, siguen lejos de los niveles registrados antes de la crisis.

En las políticas de gasto también se incluyen las bonificaciones al transporte público para toda la población. En esta partida se prevén subvenciones del 30% al transporte por parte de la Administración central siempre que los gobiernos autonómicos y locales costeen otro descuento para llegar en conjunto a un mínimo del 50%, como ha venido sucediendo hasta la fecha. Esta bonificación que podría decaer tiene un coste estimado para Hacienda superior a los 1.400 millones de euros.

Hasta aquí, las grandes cifras que suponen un importante gasto fiscal. En paralelo, la no aprobación de los decretos también implicaría la caída de otras medidas que no tienen perjuicio para las arcas públicas, como la eliminación de las comisiones bancarias en ventanilla, la prolongación del bono social o la prohibición de los desahucios a vulnerables.

En el apartado de los ingresos, Hacienda se juega unos 3.000 millones de euros. Si el decreto anticrisis no ve luz verde, decaería inmediatamente la prórroga de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, así como el impuesto a las grandes fortunas.

Los gravámenes que afectan a las grandes empresas de estos dos sectores recaudaron en 2022 unos 2.900 millones de euros. El Gobierno de coalición se ha propuesto mantenerlos para revisarlos más adelante, aunque incluyendo una bonificación que todavía tiene que diseñarse para que las energéticas puedan descontarse las inversiones verdes. Por eso, y a la espera de a cuánto podría ascender la recaudación de 2024 una vez que se sepa el impacto de este descuento, Hacienda perdería esa recaudación.

Algo similar sucede con el impuesto a los ricos. El gravamen nació para presionar a las comunidades autónomas que bonifican el de patrimonio, con el objetivo de que lo recuperasen. Algunas como Madrid ya lo han hecho, por lo que la recaudación del nuevo gravamen sería muy limitada a partir de 2024. Sin embargo, si la prórroga del impuesto a los ricos no saliese adelante, las regiones que han recuperado el tributo original para que la recaudación no vaya al Estado podrían volver a bonificarlo al 100% para dejarlo sin efectos.

Desde el departamento que dirige María Jesús Montero aseguran, en caso de que los decretos no prosperen, que la reforma de las pensiones puede aprobarse más tarde con efectos retroactivos. Sin embargo, añaden, si los textos no se aprueban y no se diseñan decretos de urgencia, las rebajas fiscales terminarían inmediatamente y la energía y los alimentos volverían a sus tipos impositivos habituales.

La negociación se amplía al PP y se estanca con Junts

El Gobierno apura todas las posibilidades y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contactó el lunes con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para hablar sobre un posible apoyo del partido con más diputados en el Congreso a sus decretos anticrisis. El PP se ha mostrado abierto a abstenerse en la votación del decreto anticrisis, pero solo en caso de que los socialistas acepten sus tres condiciones: extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas; retornar la rebaja del IVA de la luz y el gas al 5% durante los próximos meses y deflactar el IRPF. En este sentido, fuentes de Génova señalaron a Europa Press que fue Bolaños quien llamó a Gamarra y que la conversación fue “para pedir, no para ofrecer”, mientras que en Ferraz no cierran la puerta a aceptar alguna de las condiciones del PP, aunque piden cautela. “Si estamos hablando es que algo hay”, señalan. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que el PP no debería “darle ni agua a este Gobierno”.

Junts sigue en el no. El portavoz, Josep Rius, ha anunciado que la formación mantendrá el miércoles su voto en contra de los reales decretos del Gobierno porque “agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía”. Por todo ello, exige la retirada de los tres textos y que vuelva a presentar una vez los haya negociado con Junts y de forma individualizada: “Un decreto por cada tema”, ha reclamado.

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