Facua denuncia ante la CNMC un presunto pacto entre supermercados para fijar los precios del aceite de oliva
Según la organización, ocho grandes cadenas han subido el importe de este producto un 9%. La botella de un litro de virgen extra cuesta en todas estas superficies 9,25 euros
La enésima subida del precio del aceite de oliva puede que no coja a nadie por sorpresa. Las razones que provocan este incremento, tampoco. La sucesión de las malas campañas de recolección año tras año, fruto de un clima nada benévolo con las cosechas, están provocando que el oro líquido haya sido en septiembre un 67% más caro respecto al mismo mes de 2022.
En este sentido, Facua ha hecho pública su intención de denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo a ocho grandes cadenas de supermercados que, según la organización, han pactado la subida de sus marcas blancas de aceite de oliva, al menos, durante los últimos tres meses. Así, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra sale al mismo precio en Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona: 9,25 euros.
Pero esto no ocurre solo con el envase de un litro, también con el formato de 750 mililitros (7,60 euros) y con las garrafas de 3 (27,60 euros) y 5 litros (46 euros). Tres meses con precios idénticos o que, como mucho, presentan una variación de un céntimo entre supermercados. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez cree que “tanto la CNMC como el Ministerio de Consumo deberían investigar si se trata de un cartel y estas prácticas forman parte de un pacto colusorio”.
Para nada ha servido la rebaja del IVA en los alimentos, que si bien provocó una bajada en los primeros meses posteriores a su aplicación, a la larga ha acabado con el 52% de estos productos registrando un precio más caro que cuando entró en vigor. El aceite, con una rebaja del 10% al 5% entra dentro de esta categoría.
El artículo 72 del Real Decreto-ley regulador de esta medida recoge que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”.
El secretario general es claro en este sentido. Sánchez habla de “subidas que no responden a incrementos de precios en origen y ponen de manifiesto una estrategia paralela de fijación de precios. Es una ilegalidad”. Además, recalca que durante las últimas cuatro semanas no ha habido un encarecimiento en la producción que responda a esta subida intermensual del 9%. La evolución de precios en origen publicada en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación refleja movimientos a la baja o que, como mucho, suben un 1%.
Por este motivo, la asociación también ha denunciado las subidas ante el Ministerio de Consumo, al que lleva meses trasladando incrementos de precios en alimentos afectados por la rebaja del IVA a fin de que inicie una investigación. Sánchez ha arremetido contra el ministro, Alberto Garzón, ante lo que considera una dejación de competencias. La ley general para la defensa de los consumidores tipifica como infracción en su artículo 47 los aumentos de precios que vulneren limitaciones establecidas por la legislación, por lo que corresponde al ministerio sancionarlas.
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