El Constitucional aplaza el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas
El tribunal de garantías tenía previsto deliberar esta semana la ponencia que prevé avalar el tributo temporal, pero la cantidad de asuntos pendientes de estudio ha obligado a retrasarlo a noviembre
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aplazado a su próxima reunión el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó hace un año y que se aplica a los patrimonios de más de tres millones de euros con el objetivo de combatir los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética. Fuentes del tribunal de garantías han indicado a CincoDías que este asunto se intentará incluir en la próxima reunión, cuya fecha no se ha fijado oficialmente pero se prevé para los próximos 6, 7 y 8 de noviembre.
El órgano máximo intérprete de la Constitución tenía previsto estudiar en el Pleno celebrado esta semana la ponencia que ha preparado la magistrada María Luisa Balaguer sobre este asunto, que será la primera vez que se analice por el tribunal. El borrador de la sentencia propone desestimar el recurso que la Comunidad de Madrid presentó contra este tributo temporal, al considerar que no choca con el impuesto sobre el patrimonio, cuya competencia es de las comunidades autónomas, al ser un impuesto cedido. Por tanto, el texto descarta una vulneración de los principios de autonomía financiera.
No obstante, la cantidad de asuntos que estaban incluidos en el orden del día del Pleno ha obligado a los magistrados a retrasar su deliberación, que ni siquiera se ha podido iniciar. Las fuentes consultadas han apuntado que la intención es comenzar a debatir en el encuentro de noviembre la constitucionalidad del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, si bien no hay una fecha definitiva para ello ni para su resolución, ya que dependerá del tiempo que se tarde en examinar este caso concreto, así como otros que también se han tenido que aplazar, más los que se añadirán a la agenda de dichas fechas para su estudio.
El impuesto, que se aprobó en diciembre de 2022 junto al establecimiento de los gravámenes temporales a las grandes energéticas y a la banca –que están recurridos por las grandes compañías en la Audiencia Nacional – fue impugnado también por los gobiernos de las comunidades de Murcia, Galicia y Andalucía, alegando invasión de competencias. La primera sentencia del Tribunal Constitucional marcará el camino a la resolución de estos recursos, que cuentan con el mismo fondo que el de la Comunidad de Madrid.
En Madrid, los contribuyentes llevan años beneficiándose de la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio y en Andalucía se comenzó a aplicar este descuento en 2022. En Galicia, las altas rentas tuvieron un descuento del 25% en 2022, que aumentó hasta el 50% en 2023. Y en el caso de Murcia, el impuesto de patrimonio está exento a partir de 2023, por lo que aún no ha tenido efectos prácticos.
En un principio, estos serán de aplicación en 2023 y 2024, pero el Ejecutivo no ha cerrado la puerta a una posible prórroga. Entre los pasados 1 y 31 de julio, los grandes patrimonios tuvieron que hacer frente al primer pago. Según indicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la primera recaudación fue de 623,6 millones de euros.
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