De Shakira al Rey emérito: la Fiscalía presume de sus investigaciones por delitos económicos
En 2022, el ministerio público abrió 162 procedimientos y presentó 146 escritos de acusación por delitos contra la Hacienda Pública
La Fiscalía ha hecho gala de su actividad investigadora y acusatoria relacionada con delitos económicos, algunos de los cuales ha salpicado directamente a conocidos personajes como la cantante Shakira, el Rey emérito Juan Carlos I o a un club de fútbol. Así se plasma en la Memoria anual de la Fiscalía, correspondiente al año 2022, que fue presentada ayer por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto solemne de Apertura del año judicial, celebrada en el Tribunal Supremo y presidida por el Rey Felipe VI.
El documento de 1.500 páginas recoge que el año pasado la Fiscalía abrió 162 investigaciones por los delitos contra la Hacienda Pública y presentó 146 escritos de acusación. Asimismo, incoó 45 diligencias de investigación por delitos contra la Seguridad Social y acusó en 134 procedimientos; y, por último, inició investigaciones sobre 27 nuevos posibles fraude de subvenciones y dirigió acusación en 10 ocasiones. En este sentido, también hace hincapié en que por estos mismos delitos, en 2022, los juzgados españoles dictaron 294 sentencias, de las cuales el 82,99% han sido fallos condenatorios.
Tras este resumen anual sobre delitos económicos, la Fiscalía dedica un apartado a explicar “algunos de los procedimientos más destacados”. Entre ellos, sin hacer mención expresa, señala el que llevó la Fiscalía provincial de Barcelona en el Juzgado de Instrucción número 2 de Espluges de Llobregat, por el que ha acusado por seis delitos contra la Hacienda Pública a “una artista mundialmente conocida”. Se trata de la cantante colombiana Shakira, a quien pide ocho años de prisión por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
Otros casos de relevancia
Otros de los casos “de especial relevancia”, indica el ministerio público, es el seguido por el presunto delito de apropiación indebida relacionado con en equipo de fútbol de Málaga. Además, recalca que una de sus investigaciones por fraude fiscal de subvenciones europeas, centrada en el Instituto Madrileño para Estudios Avanzados de Materiales (Imdea Materiales), ha supuesto la primera vez que el Tribunal Supremo ha entrado a valorar cuando tiene competencia la Fiscalía Europea frente a un juzgado de instrucción para dirigir una investigación. En este caso, el Alto Tribunal decantó la balanza hacia la institución comunitaria.
En cuanto a las diligencias de investigación que se abrieron contra el Rey emérito por varias irregularidades fiscales, la Fiscalía dedica un apartado de la Memoria a explicar los motivos por los que se acordó el archivo y se decidió no presentar una querella. El ministerio público recuerda que no vio ningún delito de blanqueo de capitales relacionado con el cobro de 65 millones de euros por mediar en la adjudicación, en 20211, de la construcción del AVE a la Meca a un consorcio formado por 12 empresas españolas y dos saudíes. Insiste en que no se pudo establecer, “siquiera de modo indiciario”, relación alguna entre ambos hechos.
Sobre las otras dos líneas de investigación que se abrieron por la donación de fondos a Juan Carlos I por parte de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, y por la existencia de dinero oculto en un trust domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal, la Memoria justifica ambos archivos. Por un lado, recuerda que el abogado del anterior jefe del Estado presentó dos regularizaciones fiscales; y, por otro, que no se halló indicio alguno que permita vincular la asociación financiera con Juan Carlos de Borbón, “ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos”.
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