PSOE y PP reabren la guerra fiscal a mes y medio de las elecciones generales
Feijóo promete una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros y Montero recuerda que beneficiaría más a los ricos
La fiscalidad promete convertirse de nuevo en uno de los caballos de batalla en el camino a la Moncloa tras el terremoto político desencadenado la noche del 28 de mayo y el adelanto electoral anunciado para el 23 de julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A mes y medio de los comicios generales, los dos grandes partidos ya esbozan sus líneas maestras y sus principales propuestas en esta materia. Y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la gran figura del sistema fiscal español, no puede quedarse fuera. Ayer, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó sin dar más detalles su intención de rebajar el IRPF para las personas con ingresos inferiores a los 40.000 euros anuales. A las pocas horas, la ministra de Hacienda, y Función Pública, María Jesús Montero, cargó contra esta propuesta por ser regresiva y beneficiar también a las rentas más altas.
El compromiso inmediato del líder popular, según detalló el propio Feijóo, es no subir impuestos y rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros anuales para aliviarles de la inflación. “Sé que decir esto en este momento es arriesgado, pero me he comprometido a ello”, explicó en el programa de Onda Cero Más de uno. También añadió que las instrucciones que ha dado a los expertos del partido que están estudiando las diferentes opciones es que la medida se tome “en los primeros 100 días de Gobierno”.
Poco después, en la jornada La nueva gobernanza europea y la fiscalidad en España, organizada por la Fundación Primero de Mayo y la secretaría de Estudios de Comisiones Obreras, Montero criticó abiertamente unos planteamientos que “el propio PP viene trasladando desde hace varios meses” y que, pese a parecer selectivos, tienen un efecto contrario.
El líder popular, más allá de mostrar este compromiso fiscal, no expuso la letra pequeña de la eventual medida. Sin embargo, a juzgar por las fórmulas impulsadas en los últimos meses por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, todo apunta a que Feijóo podría decantarse por la deflactación del impuesto, es decir, la corrección de las tasas o tramos impositivos para ajustarlos a la inflación.
Otra opción podría ser una rebaja general, por ejemplo de medio punto porcentual, en todos los tramos por debajo de los 40.000 euros, a semejanza de la rebaja fiscal que llevó a cabo Madrid hace dos años en toda la escala. Por ello, la titular de Hacienda recordó que no hay que dejarse llevar por la idea errónea de que solo las rentas bajas y medias se beneficiarían de algo así. “Es falso”, resumió.
La razón, argumentó Montero, se encuentra en la propia construcción y diseño del IRPF, ya que la totalidad de las rentas, también aquellas que están por encima de los 40.000 euros de referencia, se beneficiarían de una rebaja. “El IRPF se construye por la aportación de los tramos de cada una de las rentas”. Es decir, “un sueldo de 400.000 euros pagaría menos porque los primeros 40.000 euros tendrían menos recursos que aportar. Es una medida que parece selectiva pero es todo lo contrario”, argumentó.
En efecto, una eventual rebaja para las rentas bajas y medias también tendría efectos sobre las altas. El IRPF se estructura en diferentes tramos de ingresos, cada una con una tasa impositiva progresiva. A medida que los ingresos de una persona aumentan y alcanzan el límite de un tramo, se aplica la tasa impositiva correspondiente, de tal forma que un contribuyente con, por ejemplo, 100.000 euros de ingresos, se beneficiaría de los descuentos fijados para los tramos anteriores.
Por el contrario, la titular de Hacienda defendió las medidas adoptadas por el Gobierno, como el incremento en la reducción de las retenciones a las rentas de hasta 21.000 euros recogido en los Presupuestos Generales del Estado. Según los cálculos de Hacienda, una renta por debajo de 21.000 euros “tendrá una rebaja del entorno de 40 euros al año” con la propuesta del PP, mientras que con la del Gobierno lograría un ahorro de 400 euros al año.
La batalla fiscal, sin embargo, irá más allá del IRPF y amenaza con tocar también otros impuestos. En esta línea, y en relación a las medidas del decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania cuya vigencia finaliza a finales de junio, la ministra de Hacienda avanzó que el Gobierno prorrogará aquellas que contribuyen a relajar la inflación mientras esta “esté en niveles no lógicos y no normales”.
El decreto que aprobará la Diputación Permanente, al haberse disuelto las Cortes Generales, no incluirá medidas como las referidas al transporte público, ya que el plazo de vigencia ya se estipuló hasta el 31 de diciembre de este año. Pero sí tocará el resto de medidas, entre las que se incluye la rebaja del IVA a los alimentos básicos y a las pastas y aceites. Las posibles prórrogas se verán “en función de cómo siga evolucionando la inflación justamente en este mes”.
Los deberes en la presidencia de la Unión Europea
El adelanto electoral ha llegado en vísperas de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, un momento en el que se debatirán importantes medidas de carácter fiscal y en el que habrá que llegar a acuerdos de calado, por ejemplo el que respecta a las reglas fiscales de los países para controlar el déficit y la deuda públicos. En este punto, Montero avanzó que uno de los debates que se está produciendo es la posibilidad de que las decisiones fiscales no tengan que ser aprobadas por unanimidad para salir adelante, sino que se basen en mayorías.
Las reglas fiscales fijaban límites del 3% y el 60% del PIB al déficit y la deuda. Sin embargo, se congelaron al inicio de la pandemia de Covid-19 para permitir a los países desplegar el gasto público. La pausa se prorrogó hasta hoy y volverán a estar efectivas en 2024. Antes de ello, los países tendrán que llegar a un acuerdo para reformularlas.
Montero también explicó que los socios tendrán que intentar consensuar un marco común sobre la fiscalidad empresarial, un debate que se está produciendo en el seno de la OCDE para, entre otros puntos, establecer un tipo mínimo del 15% a las grandes multinacionales. Aunque hay una serie de conceptos que tienen que matizarse, como qué se considera base imponible en Sociedades, Montero confió en que pueda llegarse a un pacto. Durante estos seis meses, recordó, también habrá debates de importancia en el capítulo de la fiscalidad medioambiental.
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