El Gobierno cierra un acuerdo con ERC y Bildu para aprobar la ley de vivienda

La futura normativa incluirá un tope a todos los precios del alquiler en áreas tensionadas

Bien está lo que bien acaba. Es una de las ideas que transmiten este viernes desde el Gobierno de coalición tras confirmarse que se han atado los apoyos necesarios en el Congreso para aprobar definitivamente la tan ansiada Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que incluirá topes al alquiler. Las últimas negociaciones, tanto internas (entre PSOE y Unidas Podemos) como externas (con los socios habituales), se han prolongado durante más de un año desde que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de ley en febrero de 2022. Durante todos estos meses han sido varias las ocasiones en las que el acuerdo definitivo se daba por hecho, aunque en todas se acabó pasando del optimismo a las discrepancias. Tampoco fue fácil llegar a ese punto, ya que las conversaciones dentro del Ejecutivo para preparar el texto inicial comenzaron a finales de 2020.

Según explicaban en la tarde de este jueves fuentes gubernamentales, PSOE y Unidas Podemos habían alcanzado ya un acuerdo. Solo faltaba que sus dos principales apoyos en las Cortes, ERC y Bildu, diesen el visto bueno a la letra pequeña, algo que las dos formaciones han confirmado en la mañana de este viernes.

El eje de la negociación durante los últimos meses se ha centrado en la limitación de los precios del alquiler. El Gobierno y sus socios habituales han querido acordar un mecanismo que sirva para topar las rentas, similar al techo del 2% anual vigente hasta 2024 y que entró en vigor para aliviar a los inquilinos ante la subida del IPC. Las desavenencias en las conversaciones giraron en torno a la magnitud del futuro límite. Mientras que Unidas Podemos, ERC y Bildu querían un tope permanente del 3%, el PSOE, movido por el Ministerio de Economía, apostaba por una limitación del 3% hasta 2025 y que a partir de entonces entrase a funcionar el índice oficial de precios que todavía tiene que desarrollarse.

La falta de avances en esta materia forzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a engrasar las conversaciones para que la norma reciba luz verde antes de que termine la legislatura, dando cuenta de la importancia que esta ley tiene para la coalición y para el rédito electoral de cara a las próximas elecciones. Finalmente, el Gobierno y los socios han acordado un límite del 3% durante 2024 y que a partir de 2025 entre a funcionar un nuevo índice que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.

Sin un límite al alquiler no habría habido acuerdo, ha confirmado este viernes en la presentación del acuerdo la diputada de ERC, Pilar Vallugera.

Los límites a las rentas

Cuando el Ejecutivo comenzó a redactar el texto que ha servido de base en las negociaciones estableció que los precios del alquiler estarían regulados mediante un índice oficial que se elaboraría en el plazo máximo de 18 meses desde la aprobación definitiva de la ley en el Congreso. Sin embargo, esa fórmula parece haber quedado caduca.

Este no ha sido el único punto de fricción en las negociaciones. Un eventual tope del 3%, fuese temporal o fuese permanente, afectaría únicamente a las revisiones de los contratos, es decir, a aquellas viviendas que ya están en el mercado del alquiler y cuyos contratos tienen que actualizarse anualmente. Por eso, parte de la negociación también ha girado en torno a la posibilidad de que la ley incluya mecanismos para limitar el precio de los nuevos contratos en zonas tensionadas que tengan como casero a un pequeño propietario, algo que no recoge el anteproyecto aprobado en febrero por el Consejo de Ministros.

Con el nuevo acuerdo, todos los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados. Hay dos novedades fundamentales: la normativa afectará a las viviendas propiedad de grandes tenedores y de pequeños propietarios y regulará tanto los contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos, es decir, casas que entren por primera vez al mercado. Los que se renueven estarán vinculados al contrato anterior, y los nuevos estarán limitadas por el índice.

Gran propietario y mercado tensionado

Durante estos meses de negociaciones para cerrar los puntos principales también se ha avanzado en otros aspectos. El Gobierno y los socios acordaron hace meses pactar la definición de gran propietario. En el anteproyecto de ley se entiende como tal a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 casas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Una vez que la ley se apruebe, las comunidades podrán rebajar el umbral hasta los cinco inmuebles.

En las negociaciones también se ha trabajado para redefinir los requisitos necesarios para poder declarar una zona como tensionada. Según el texto inicial, para regular los alquileres de una zona, sea una ciudad, un barrio o una calle, es necesario que esta se declare primero como tensionada. Para ello tienen que cumplirse dos requisitos de forma simultánea, según el anteproyecto. Por un lado, la carga media del coste de la vivienda más los suministros básicos deben superar el 30% de los ingresos medios de la zona. Por otro, el precio de la vivienda en los cinco años previos a la declaración debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC autonómico.

El último era el punto más polémico debido a la fuerte inflación registrada. Una forma de solucionarlo, explicaban desde el Gobierno hace meses, sería rebajar el porcentaje de crecimiento acumulado necesario para poder declarar una zona como tensionada. Otra, que para llevar a cabo la declaración baste con el cumplimiento de uno de los dos requisitos contemplados.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días