El Gobierno repartirá a las comunidades 2.800 millones para Políticas Activas de Empleo
La vicepresidenta Yolanda Díaz afirma que la norma aspira a mejorar la contratación de los parados de larga duración
El Gobierno distribuirá 2.803 millones de euros entre las comunidades autónomas en 2023 para políticas activas de empleo que promocionen la contratación de parados de larga duración. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto en el que es “la mayor inversión de fondos públicos para la mejora de la empleabilidad” desde 2011, según destacó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
Las anteriores Políticas Activas de Empleo, destacó Díaz, ponían el acento en la empleabilidad joven. Según la ministra de Trabajo, el Gobierno ha conseguido “cambiar el paradigma de la contratación joven”, y ha anunciado que el nuevo mandato del Gobierno se centrará en los parados de larga duración de más de 45 años, que ascienden a 1,2 millones de personas, según los datos del Ejecutivo. La vicepresidenta ha indicado que este es el “problema principal de desempleo” que tiene España.
El fondo irá en casi un 92% a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que aportará 2.571 millones de los 2.803 millones de euros del programa. El 8% restante, 231 millones de euros, irán a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. La vicepresidenta ha criticado que durante la pasada administración del Partido Popular, el fondo para Políticas de Empleo fue recortado “sustancialmente” por valor de 1.900 millones de euros, afirmó Díaz.
El reparto de la financiación a cargo del SEPE se distribuirá en un 50% (1.424 millones de euros) hacia Empleo y Formación, en torno a un 22% (633 millones de euros) para iniciativas de formación en alternancia en el empleo, casi un 16% (440 millones de euros)destinado a iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas ocupadas y desempleadas que no corresponden a certificados de profesionalidad y el 2,6% (73 millones de euros) a la modernización de los Servicios Públicos de Empleo.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de la Ley Integral de la Economía Social, que modifica la definición del movimiento cooperativo, que busca adaptar su funcionamiento a las nuevas tecnologías. Además, se creará un Comité para supervisar los planes de igualdad en el funcionamiento de las cooperativas.
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