La excepción italiana a Mica: sin ninguna licencia y un supervisor objetor de conciencia
La industria señala al presidente de la Consob, Paolo Savona, que no quiere legitimar estos activos. Fuentes conocedoras avisan de que las solicitudes han llegado tarde
“La legitimación de las criptomonedas es un riesgo fatal. Al estar directamente implicado en la aplicación de MiCA, me encuentro en una situación de objeción de conciencia (...) No quiero poner mi sello en la legitimación de las criptomonedas”, dijo Paolo Savona, presidente de Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la CNMV italiana) en el Festival de Economía de Trento el año pasado. Estas palabras han quedado marcadas como fuego en la industria cripto en Italia, que denuncia una situación de parálisis: más de un año después de la entrada en vigor del reglamento, el país no ha concedido todavía ninguna licencia. Aunque no es el único en no haber avanzado, es una excepción entre los principales mercados europeos. España ya cuenta con seis, Alemania, 44, Países Bajos, 21. En Europa se han expedido 151, según el registro de la ESMA.
La explicación de esta aparente parálisis no es unívoca y los reproches son recíprocos. Los portavoces de las empresas consultadas señalan al regulador, pero especialmente a los altos mandos y a Savona. Su postura anticripto sigue sorprendiendo a la industria, puesto que entre 2016 y 2018 fue presidente de Euklid Ltd, un fondo fintech basado en tecnología blockchain e inteligencia artificial y vinculado a un vehículo luxemburgués, tal y como recoge la prensa italiana. Con su comentario interpretan que, bajo su mandato que caduca en marzo, no firmará ninguna licencia y que todo dependerá del nuevo presidente, que todavía no ha sido nombrado.
También se quejan del proceso de autorización: Consob y Banco de Italia dieron la posibilidad a las empresas de presentar una presolicitud, para guiarles en el proceso de autorización formal. No obstante, algunos operadores reprochan que estos procesos se hayan dilatado en el tiempo y que el supervisor seguía exigiendo información adicional, retrasando la presentación definitiva de las solicitudes (a la que también ha pedido integraciones). Asimismo, denuncian que ha puesto barreras de entrada al mercado, al imponer una tasa de 20.000 euros por cada solicitud de autorización presentada, y costes adicionales dependiendo de las actividades realizadas. En España, la CNMV confirma que no se han establecido tasas por estos conceptos.
La incertidumbre sobre el periodo transitorio tampoco jugó a favor de las empresas. A diferencia del resto de jurisdicciones, el caso de Italia fue peculiar: el país lo fijó en 18 meses para que las empresas pudieran seguir operando sin licencia, pero estableció en un primer momento que solo podían beneficiarse aquellos operadores inscritos en el registro OAM (como el del Banco de España, constituido para prevenir el blanqueo de capitales) y que hubieran solicitado la licencia antes del 30 de junio de 2025. Pero el día después se amplió este plazo hasta el pasado diciembre. Fuentes jurídicas involucradas en estos procesos explican que unos operadores, frente a la incertidumbre sobre el periodo transitorio, tramitaron su solicitud antes del verano, pero el vigilante les invitó a retirarlas y a “tomarse más tiempo” para prepararlas. Consob ha declinado confirmarlo a este periódico.
Otros apuntan que el Banco de Italia, que comparte con el vigilante italiano la supervisión de estas empresas en temas como vigilancia prudencial y gestión de crisis, transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales, también ha asumido una actitud muy rígida. “Tiende a considerar a estas empresas como si fueran bancos”, explica un abogado. La postura de su gobernador, Fabio Panetta, hacia este mercado no es un misterio: en 2023 escribió en el Financial Times que los activos digitales carecían de una función “social o económica”. Destacaba su naturaleza especulativa y que deberían tratarse como “las actividades de juegos de azar”.
Si para estas entidades obtener la licencia se ha vuelto una odisea, fuentes jurídicas apuntan que para los operadores extranjeros que quieren obtenerla en Italia es peor. Destacan que el enfoque que los supervisores están adoptando hacia ellos es aún más exigente. “La sensación es que no quieren asumir la responsabilidad de autorizar a sujetos que conocen poco. Me parece prudente pero si se van a otra jurisdicción y obtienen la licencia, podrán operar en Italia con el pasaporte europeo. Se les hace salir por la puerta, pero vuelven a entrar por la ventana”, explica un abogado.
Checksig ha sido el primer operador italiano en tramitar la solicitud formal de licencia en septiembre de 2025. Ya ha recibido varias peticiones por parte de los reguladores para integrar su solicitud y sigue a la espera de la autorización. “La preocupación del sector es que la falta de licencias pueda favorecer a los operadores extranjeros, dejándoles el control del mercado”, lamenta su CEO, Ferdinando Ametrano.
Solicitudes tardías
Pero la versión de los vigilantes es otra. Actualmente, 36 empresas están autorizadas a operar en Italia, según el registro OAM. Consob detalla a este periódico que tiene 28 solicitudes sobre la mesa, mientras ocho operadores optaron por presentarlas en otras jurisdicciones. Fuentes conocedoras aseguran que la falta de licencias se debe a que casi todas las solicitudes han llegado tarde, en diciembre. Mientras parte la industria achaca este retraso a los procesos dilatados de los supervisores, fuentes jurídicas consideran que el sector ha querido aprovechar al máximo el periodo de transición y pasar bajo la lupa de los vigilantes lo más tarde posible. El abogado Massimo Simbula cree que la decisión de optar por un periodo transitorio largo, llevó a las empresas a retrasar los trámites. En España, el grueso de las solicitudes también llegó en los últimos meses de 2025.
Otras fuentes jurídicas sugieren que esta situación se debe a que algunos operadores italianos estaban menos preparados que otros, como los alemanes o los franceses. En estas jurisdicciones, de hecho, existía una normativa sobre criptoactivos antes de MiCA, que aunque fuera más laxa, los obligó a incorporar algunos requisitos antes de la entrada en vigor del reglamento europeo, y a presentar unas solicitudes más completas desde el principio.
No obstante, todos reconocen el extremo rigor de los supervisores italianos respecto a otros como Malta, que ya fue cuestionada por la ESMA por la falta de rigor en uno de los procesos de autorización MiCA. Una señal de ello es que, mientras en el listado provisional de la ESMA sobre las entidades autorizadas no aparece ninguna aprobada por Consob, el registro de operadores no conformes —aquellos que prestan servicios cripto sin autorización o que los promocionan contraviniendo el principio de iniciativa exclusiva del cliente— está repleto de ellas: de los 101 presentes, 99 han sido señalados por Italia, uno por Países Bajos y otro por Eslovaquia.
En este contexto, la industria busca ver la otra cara de la medalla. Aunque teme que la postura sobreprotectora de los supervisores merme la competitividad en un mercado voraz, esperan que contribuya a limpiar el ecosistema de actores menos preparados y sólidos, para evitar escándalos como el de FTX. Así, la industria guarda con expectación al sucesor de Savona y espera que las primeras autorizaciones lleguen entre marzo y abril, aunque fuentes conocedoras apuntan que podrían concederse en junio, en vísperas del fin del periodo transitorio. “En Italia nos esperamos pocas licencias”, reconoce un empresario. ”Poche ma buone“.