MiCA, un año después: una regulación cripto pionera que avanza a distintas velocidades
Las autoridades europeas trabajan para afinar la normativa con legislaciones paralelas. Las ‘stablecoins’ multiemisión, la licencia de servicios de pago y la supervisión de la ESMA estarán al centro del debate en 2026
Completo, ambicioso y exigente, pero también estricto y en parte, obsoleto. El reglamento europeo MiCA, el primero en poner orden al ecosistema cripto en el Viejo Continente, obliga a mirar las dos caras de la moneda. Ha sido pionero, y ha acelerado la aprobación de otras leyes que regulan el espacio como el Genius Act en Estados Unidos. También ha sentado las bases para que la gran banca aterrizara en el mundo cripto, fijando en toda la Unión Europea unas reglas del juego comunes. Esta ruptura con la fragmentación normativa ha supuesto un baño de realidad que Bruselas quiere contrarrestar con una vuelta de tuerca en la integración. Como dejar la vigilancia de un mercado transfronterizo (en este caso, el cripto) a cada jurisdicción no garantiza una aplicación equilibrada, la Comisión ha propuesto la centralización del control en manos de la autoridad europea, la ESMA, cuyo cometido inicial era solamente de coordinación. En pleno desarrollo de la unión del mercado de capitales, ángulo clave para que la UE afronte sus necesidades de inversión, las criptos son un banco de pruebas.
La fórmula del reglamento, de aplicación directa y sin necesidad de transposición nacional, dejaba en teoría escaso margen de interpretación a los Estados y garantiza una adopción uniforme de la norma. Pero los supervisores se han adaptado a velocidades distintas y con doble vara de medir. Así, este verano el vigilante europeo cuestionó la falta de rigor en el proceso de concesión de licencias por parte del regulador maltés, lo que despertó el resquemor del resto de supervisores nacionales: MiCA otorga un pasaporte para operar en toda la región, y no es casual que varios actores eligieran como sede las jurisdicciones más permisivas y, por tanto, menos exhaustivas en la protección del inversor. Este diciembre la Comisión presentaba (a petición de ESMA, una propuesta para dar al supervisor la vigilancia de todos los proveedores de servicios cripto a excepción de los bancos. Esta primera piedra hacia la unión de mercados llega, no obstante, un año después de la entrada en vigor del reglamento, y ha pillado a contrapié a varios supervisores nacionales.
La supervisión dispar no ha sido la única diferencia entre jurisdicciones. La normativa estableció un periodo máximo de 18 meses de transición para que las diferentes jurisdicciones de la UE se adaptaran al nuevo marco regulatorio. Pero daba carta blanca a cada una para acortar este plazo: Polonia y Eslovenia optaron por seis meses; Italia y Francia, 18. España, en su momento, anunció un periodo de 12 meses, pero a principios de diciembre, y para “asegurar una transición adecuada”, extendió el plazo hasta julio de 2026. Así, la implementación ha sido asimétrica: “Algunas entidades han obtenido la licencia y se les están aplicando unos criterios de supervisión más estrictos, mientras otras siguen operando sin autorización”, destaca Mariona Pericas, directora de Regulación Financiera de finReg360.
En Europa, 133 entidades han recibido la licencia MiCA, según el fichero provisional de la ESMA. Pero cada país ha avanzado a diferentes velocidades. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha concedido cinco licencias hasta ahora. De estas, solo figura una empresa cripto, las demás son bancos, que obtienen la autorización por la vía de la notificación, un régimen simplificado respecto al tradicional. El supervisor detalla a este periódico que ahora está revisando 26 solicitudes de proveedores cripto, de las que 24 son empresas de activos digitales y dos bancos. Alemania, en cambio, ha otorgado ya 36 licencias y Países Bajos, 22. Italia no ha concedido ninguna.
Doble licencia
Con la entrada en vigor de MiCA las entidades cripto han pasado del vacío regulatorio a estar bajo una normativa diseñada a imagen y semejanza de Mifid sobre mercados de instrumentos financieros. Pero cumplir con el reglamento europeo no es el único desafío en su camino. Con el bum de las stablecoins y la creciente interconexión de los activos digitales con las finanzas tradicionales han surgido nuevos retos. Y el mensaje de las autoridades europeas es claro: MiCA no basta para regular un mercado sin fronteras y que crece exponencialmente.
Así, este verano la Autoridad Bancaria Europea anunció que para los proveedores de servicios cripto que operan con e-money tokens (es decir, stablecoins vinculadas al valor de una moneda oficial) y facilitan operaciones de pago no es suficiente la licencia MiCA; necesitan también la autorización para prestar servicios de pago bajo PSD2 (la directiva sobre sistemas de pago) otorgada por el Banco de España. Como alternativa pueden asociarse con una entidad que cuente con esta autorización. Las empresas, ahora, trabajan contrarreloj para solicitar la nueva licencia que tienen que obtener antes del 1 de marzo de 2026.
Parte de la industria se ha quejado de este nuevo requisito regulatorio, que muchos lo consideran desproporcionado. Alfonso Ayuso, vocal de la Asociación Española de Fintech, critica que, por ejemplo, una empresa que custodia un e-money token de un cliente, si el usuario solicita que se le devuelva (una obligación establecida por MiCA), necesita doble licencia, al considerar que se trata de una transferencia y una operación de pago. Preguntado por las licencias solicitadas hasta ahora, el Banco de España ha confirmado a este periódico que “diversas entidades del sector han mostrado interés en el proceso de autorización como entidad de pago” aunque no específica si ha recibido solicitudes.
Entre prohibir o regular
En estos meses, los reguladores han tomado nota sobre aquellos aspectos que quedaron fuera de la normativa y que faltan por regular, como el ecosistema DeFi y los NFTs, por ejemplo. Aspectos que, según el sector, podrían recogerse en un MiCA 2. Pero hay otro elemento más urgente, al menos para la máxima autoridad monetaria de la UE: eso es, las stablecoins multiemisión, monedas estables que se emiten de forma conjunta por una entidad en la Unión Europea y otra de un país tercero, como USDC de Circle. La Junta Europea de Riesgo Sistémico recomendó en octubre prohibir estos activos, ante el temor del Banco Central Europeo de que puedan saltarse las salvaguardas previstas por MiCA y pongan en riesgo la estabilidad financiera de la región.
Pero no todos creen que sea la mejor solución para el mercado europeo. “Que no las prohíban, que las regulen”, espeta Gloria Hernández Aler, cofundadora y socia de finReg360. La experta aboga por crear un régimen competitivo para estos activos y sus emisores, que pueda acoger a “los que están triunfando fuera, aunque sean en dólares”. En este sentido, sugiere que el marco legislativo sea de reconocimiento mutuo: es decir, que si se emite una moneda estable en EE UU bajo el Genius Act, pueda aceptarse también en el Viejo Continente.
La hiperactividad de las autoridades europeas en la regulación cripto ha venido creciendo en los últimos meses por el impulso de EE UU. “Han dado un paso adelante, y ahora estamos ante una nueva oleada regulatoria, lo que impacta en las decisiones políticas del Viejo Continente. Seguramente habrá un MiCA 2, pero esto no impide que se opte por actualizar la normativa actual con iniciativas paralelas”, tal y como ya está ocurriendo, avisa Paula De Biase, socia de regulación financiera de Baker McKenzie.
Los reguladores tienen asumido que el mundo cripto evoluciona más rápido que la regulación, algo que siempre ocurre especialmente con las normativas europeas, que requieren de tiempos más amplios para aprobarse. MiCA es un ejemplo de ello: se empezó a debatir en 2020 y se aprobó en 2023. Entró en vigor a finales de 2024 y hasta mediados de 2026 su aplicación no será completa en toda la UE. “Lo que teníamos en la cabeza en Europa en ese entonces era completamente distinto a lo que tenemos hoy y lo que tenían los americanos el año pasado. Es decir, un entorno competitivo, con actores que buscan soluciones globales. Entonces, MiCA en ciertos conceptos se ha quedado un poco atrasada”, concluye Aler.
¿Qué piensa la industria?
Los principales proveedores cripto en España y Europa celebran la llegada de MiCA, aunque en palabras de Jorge Soriano, CEO de Criptán, reconocen que ha sido un trabajo “titánico”. João Augusto Teixeira director de cumplimiento de Bit2Me, recuerda que el exchange empezó a trabajar en MiCA en febrero de 2024, casi un año antes que su entrada en vigor y que ha requerido de muchos recursos: 20 personas se dedicaron exclusivamente a ello junto con asesores externos. Estiman que les llevó más de 3.000 horas de trabajo y más de 200 reuniones. “Impulsó cambios a nivel cultural en BiT2Me. Dejamos un pasado de startup para ser una empresa regulada”, explica a este periódico.
Estabilidad, seguridad, previsibilidad...Con estas palabras describen el reglamento que da más garantías al inversor y que ha fomentado la entrada de nuevos actores institucionales, que siempre han querido acceder a este mercado pero que buscaban la seguridad de un marco legal como el actual para hacerlo. No obstante, reconocen que todavía hay retos por delante.
Joaquín Canals, Responsable de Alianzas Institucionales para el Sur de Europa de Bitpanda, cree que el éxito de MiCA dependerá de cómo se aplique en cada región. “Una implementación desigual entre países podría reintroducir diferencias que el reglamento nació para eliminar, dificultando la creación de un auténtico mercado europeo de criptoactivos”, avisa. Otro desafío es que con MiCA la región pueda estar al paso de un mercado en constante evolución, muy competitivo y que pueda ser un mercado atractivo para los actores del sector.
Víctor Saez, director de Expansión y Alianzas Estratégicas en Kraken, coincide con esta lectura y asegura que antes de pensar en regular lo que ha quedado fuera, la prioridad debería ser completar el despliegue de la normativa. Las llamadas a un MiCA 2.0, dice, son prematuras. “Los responsables políticos necesitan pruebas reales procedentes de la industria, los supervisores y los consumidores antes de plantearse cambios”, incide.
