Economía retrasa la plena aplicación del reglamento MiCA hasta julio de 2026
El Gobierno anunció en 2023 que recortaba de 18 a 12 meses el periodo transitorio para adoptar la normativa, pero nunca lo aprobó legalmente. La CNMV tiene actualmente dos docenas de solicitudes sobre la mesa
La industria cripto en España puede dar este miércoles un suspiro de alivio. A pocas semanas del primer aniversario del reglamento MiCA, la normativa que regula los criptoactivos en el Viejo Continente, la ESMA ha actualizado el listado oficial de los periodos transitorios para la aplicación del reglamento en los países miembros y el ministerio de Economía español ha decidido retrasar de 12 a 18 meses el plazo para adaptarse a la normativa. Así, las entidades que comenzaran su actividad antes de enero de este año y todavía no hubieran conseguido la licencia, podrán seguir operando hasta julio de 2026. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) logra así tiempo para resolver las 24 solicitudes que tiene sobre la mesa: 22 de proveedores de servicios cripto y dos de entidades bancarias.
Aunque el reglamento europeo establece que los países tienen un máximo 18 meses para adaptarse y aplicar plenamente la normativa para los proveedores de servicios cripto que ya operaban conforme al marco legal nacional antes del 30 de diciembre de 2024, los legisladores europeos dieron carta blanca a cada estado para decidir si recortar este plazo y aplicar la normativa antes de tiempo. La mayoría optó por un periodo de 18 meses, mientras otros decidieron reducirlo a seis, como Polonia, o nueve, como Suecia.
En el caso de España, en verano de 2023 el ministerio de Economía anunció que iba a optar por un plazo de un año, que vencía a finales de diciembre. La entonces vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró que de esta forma se permitía a la CNMV iniciar antes su supervisión, para dar “seguridad jurídica y mayor protección a los inversores españoles en estos activos”.
No obstante, para que este plazo fuera efectivo, se necesitaba una reforma legal para trasponerlo a la jurisdicción española, un trámite del que era responsable el ministerio de Economía y que nunca ha llegado a ver la luz. Por ello, en las últimas semanas el sector estaba inquieto. La industria cripto española temía que algunas de las empresas que ejercían su actividad antes de diciembre de 2024 se vieran obligadas a parar su operativa a la espera de obtener licencia MiCA. Fuentes de Economía explican que “se ha decidido que es mejor mantener el plazo máximo para asegurar una transición adecuada”.
Esta posible paralización de la actividad se habría producido si el Gobierno hubiera optado por fijar a contrarreloj el plazo máximo en 12 meses, a pesar de que las firmas estuvieran inscritas en el registro del Banco de España —que supervisaba a los proveedores de servicios cripto para prevenir el blanqueo de capitales antes de que la CNMV se hiciera cargo en enero y en cuyo listado había 109 plataformas inscritas—, o que hubieran solicitado la licencia MiCA al supervisor del mercado.
El silencio de Economía había llevado a una parte del sector a descartar que el Gobierno mantuviera su palabra. En las últimas semanas, varias fuentes financieras ya daban por hecho que el plazo de transición pasaría a ser de 18 meses, el límite máximo establecido por MiCA. Y así ha sido. Dichas fuentes, aunque celebran esta decisión, al considerar que tanto la industria como el supervisor necesitan más tiempo para adaptarse a la normativa, critican la falta de pulso normativo del ministerio de Economía para formalizar en una norma con rango de ley su decisión inicial. Desde el ministerio reconocen que esto hubiera implicado que las entidades valoraran “traspasar sus clientes a otras entidades autorizadas en España u otro país de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo para su continuidad y los posibles riesgos y perjuicios para los clientes”.
Tampoco era el escenario ideal para la CNMV, que está lidiando con decenas de procesos atascados, un volumen difícil de resolver antes de finales de año. El mismo supervisor reconoció en octubre que el proceso para conceder las licencias MiCA ha sido más complicado y más largo de lo previsto, debido a los requerimientos que los grandes proveedores tienen que cumplir para poder obtener la licencia y al carácter cambiante del mercado y de los servicios que las entidades ofrecen. “Con tantos expedientes bloqueados, la propia CNMV podía salir perdiendo. Le viene bien tener unos meses más para poder regularizar a las entidades”, destaca una fuente del sector.
La CNMV se enfrentaba además a la posibilidad de tener que abrir expedientes sancionadores a las plataformas que, habiendo solicitado ya la licencia MiCA, pero sin haber logrado aún la autorización, hubieran seguido operando dentro del periodo de transposición transitoria previsto por la Comisión Europea y que finaliza en julio de 2026.
España no es el único país en haber ampliado el plazo que se había propuesto. Lituania estableció en un primer momento un periodo transitorio hasta el 1 de junio de 2025. No obstante, tal y como ha confirmado el Banco de Lituania a este periódico, se ha decidido ampliar hasta el 30 de diciembre ante la preocupación del mercado y para evitar que algunas empresas se vieran obligadas a suspender o finalizar sus actividades mientras estaban en el proceso de obtención de licencia.
Fuentes de ESMA recuerdan que una vez finalizado el periodo transitorio las entidades que no cuenten con licencia MiCA no podrán operar en la Unión Europea y reclaman la necesidad de una coordinación temprana y exhaustiva por parte de todas las partes interesadas para evitar, en la medida de lo posible, las perturbaciones y consecuencias negativas del fin de los períodos transitorios.
