Los criptoactivos podrán ser embargados por la Agencia Tributaria
El Ejecutivo busca endurecer el control frente a la rápida evolución de estos medios de pago y garantizar mayor transparencia y lucha con el fraude
Mientras las criptomonedas empiezan a hacerse espacio entre los inversores, incluso los más tradicionales, los gobiernos trabajan para adoptar las nuevas normativas que las regulan. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que prevé cambios normativos en las obligaciones tributarias en el mercado de las criptomonedas. La novedad principal es que el Ministerio de Hacienda podrá embargar las monedas electrónicas a los contribuyentes con deudas. También lo podrá hacer con otros bienes y derechos situados en entidades de pago y de dinero electrónico.
Fuentes de Hacienda explican a CincoDías que estos embargos funcionarían como cualquier otro que se realiza actualmente y que está recogido en la legislación. “Hablamos de embargos que practican las administraciones tributarias por deudas tributarias, y funcionan igual: se gira diligencia de embargo y se coarta la disposición de esos bienes hasta la cuantía que corresponda”, destacan.
Además, esta iniciativa contempla que las obligaciones de diligencia debida e información sobre criptomonedas a las que están sometidos los proveedores de servicios afecten tanto a usuarios residentes como no residentes. De esta manera se pretende potenciar el intercambio de información entre países, con el objetivo de garantizar más transparencia en un sector marcado por los escándalos.
“Esto supondrá un importante avance en el ámbito del intercambio internacional de información fiscal. Lo que se concreta con un refuerzo para los actuales mecanismos y ampliando la información intercambiada, un instrumento esencial en los últimos años por la transparencia fiscal y en la lucha contra el fraude”, explica el ministerio en un comunicado. Y añade: “Lo mismo ocurrirá en el ámbito del suministro de información a la Administración Tributaria, al mejorar tanto la asistencia al contribuyente como el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y lucha contra el fraude”.
El Ejecutivo pisa el acelerador en la regulación cripto ante el uso siempre más amplio de este tipo de divisas. De hecho, con esta normativa busca dar respuesta a la “rápida evolución de los servicios bancarios y de pago y de los medios de pago, entre las que están las tecnologías de registro de criptoactivos”.
Con este anteproyecto de ley, el Gobierno pone en marcha la transposición de la directiva europea 2011/16/UE, más conocida como DAC8, sobre cooperación administrativa en tema fiscalidad. Esta, a su vez, traslada a la Unión Europea el Marco de comunicación de información sobre criptoactivos (‘Crypto-asset Reporting Framework’ en inglés) de la OCDE.
La directiva europea se ha adoptado para extender al sector las normas que exigen el intercambio de información con fines tributarios, para que Hacienda tenga la información necesaria para que estas ganancias tributen como cualquier otro activo financiero. De esta forma, los proveedores de servicios con criptoactivos estarán obligados a informar de las transacciones de clientes que residan en la Unión Europea, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas, y las autoridades tributarias estarán obligadas a intercambiar esta información automáticamente.
La DAC8 además obligará a enviar información de forma automática sobre acuerdos transfronterizos que algunos estados conceden a individuos con patrimonio de al menos un millón y medio de euros en inversiones o activos bajo gestión. La normativa incluye una amplia variedad de criptoactivos, incluidos los stablecoins, los tokens de dinero electrónico y los NFT. La primera información sobre criptoactivos se comunicará a las autoridades competentes a partir del 1 de enero de 2026.
Las novedades anunciadas por Hacienda requerirán la modificación de la Ley General Tributaria, en materia de asistencia mutua y de recaudación, y otras normas tributarias que, tras un periodo de consulta pública, llegará a a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
