El testigo clave del ‘caso Iberdrola’ se apoya en el Supremo para tumbar la ofensiva judicial de la eléctrica
El alto tribunal ampara la actuación del ex ‘controller’ de la compañía José Antonio del Olmo, acusado de revelación y violación de secretos empresariales
El ex controller de Iberdrola José Antonio del Olmo ha recibido un fuerte respaldo del Tribunal Supremo que ahora le servirá de escudo en la intensa batalla judicial que le mantiene enfrentado a la eléctrica desde 2020. El exdirectivo que entregó documentación clave en el marco del caso Villarejo, y que puso en la picota al presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán ―tuvo la condición de investigado durante un año―, ha puesto en marcha una estrategia para desactivar todos los procedimientos iniciados por la eléctrica en su contra y ha aportado una reciente sentencia del alto tribunal que avala que sacara información de la compañía para denunciar irregularidades.
Del Olmo, director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola desde 2002 y hasta su jubilación en mayo de 2016, afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional que investigó la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo que se habían falsificado facturas para esconder los trabajos de espionaje. Esta confesión fue acompañada de un informe elaborado en 2004 que señalaba a Sánchez Galán y altos cargos de la época, lo que desencadenó la presentación de demandas y querellas por violación de secretos empresariales, revelación de secretos contra el ex controller, así como conflictos laborales.
El que fuera encargado de revisar y autorizar el pago de facturas en Iberdrola solicitó la aplicación de la directiva europea whistleblowing, diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones y evitar represalias de las empresas denunciadas. Pero el juez que investigó el caso Villarejo no le otorgó dicha protección porque dicha norma estaba entonces en trámites parlamentarios para su transposición en el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el Supremo, con la protección a los denunciantes ya en vigor, sí que le ha dado el apoyo legal. En una sentencia, con fecha del pasado 9 de septiembre, la Sala de lo Civil del alto tribunal sienta un importante precedente en esta materia y establece que para obtener dicha protección “basta con que el denunciante o alertador tenga sospechas razonables sobre infracciones reales o potenciales (...) que es lo que aconteció en este caso”. Esta sentencia es firme, por lo que Iberdrola solo tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si considera que hay una vulneración de derechos con este fallo. No obstante, antes de acudir al tribunal de garantías, la compañía debe presentar un incidente de nulidad de la sentencia en el Supremo, que no suele prosperar.
Copias de facturas y documentos contables
Por las funciones de su cargo, Del Olmo guardaba en su despacho copias de las facturas “confidenciales”, cuyo pago autorizaba y documentos de la contabilidad relativos a pagos a proveedores y dietas y retribuciones de los miembros de órganos de Iberdrola. En diciembre de 2004, junto a otros dos trabajadores de la eléctrica, depositó ante notario dicha documentación, que apareció 15 años después publicada en un medio de comunicación, al tiempo que fue aportada al sumario de la Audiencia Nacional.
Iberdrola acusó a Del Olmo de sustracción y filtración de documentos. Algunos juzgados le han dado la razón y han condenado al exjefe de Control de Funciones Corporativos por violación de secretos empresariales, como dictaminó un juzgado de Bilbao en septiembre de 2021 y confirmó la Audiencia de Vizcaya un año después; aunque precisó que no tenía pruebas de que el exdirectivo fuera el responsable de la filtración periodística, tampoco de lo contrario. Esta condena es la que ha sido revocada por el alto tribunal.
A raíz de los fallos de los tribunales vascos, la eléctrica interpuso otra demanda para reclamar una indemnización de 128.180 euros. Finalmente, se le reconoció el derecho a ser compensada con 20.000 euros por daño reputacional, pero Del Olmo llevó este asunto también ante el Supremo. Aunque previsiblemente resolverá la disputa siguiendo lo ya marcado, el exdirectivo de Iberdrola ha aportado la última sentencia de la Sala de lo Civil para cerrar la causa con la misma base, han informado fuentes jurídicas.
Por otro lado, Iberdrola abrió la vía penal por revelación de secretos tanto en los juzgados de Madrid como en los de Bilbao. La querella interpuesta en la capital ha sido desestimada, por lo que ya se encuentra también en manos del Supremo; mientras que el juzgado vasco se ha inhibido a favor de sus colegas madrileños, lo que ha sido recurrido por la eléctrica. En ambos casos, Del Olmo ha dado cuenta de la sentencia del alto tribunal sobre la protección a los denunciantes para el sobreseimiento.
Asimismo, apoyándose en el fallo del Supremo, Del Olmo también ha solicitado zanjar el proceso abierto por el acta notarial de 2004, cuya nulidad ha sido reclamada por Iberdrola y cuya audiencia previa está previsto que se celebre en noviembre.
Por último, la compañía eléctrica le reclamó la devolución de casi 600.000 euros percibidos como bonus y, tras conocer la condena ahora anulada por el Supremo, le retiró los beneficios sociales obtenidos con la jubilación, como asistencia sanitaria y una tarifa eléctrica especial. En el primer conflicto laboral, Iberdrola no logró la victoria judicial, mientras que el segundo se encuentra aún en tramitación.
En cuanto a la causa que se juzgará en la Audiencia Nacional por la contratación del comisario Villarejo (aún sin fecha), donde el exjefe de Seguridad Corporativa José Antonio Asenjo será el único ex alto cargo de Iberdrola que se sentará en el banquillo de los acusados, Del Olmo tendrá que declarar como testigo y, en base al fallo del Supremo, ha solicitado comparecer asistido por un letrado, prerrogativa que se da en circunstancias excepcionales.