Deloitte acuerda pagar 18,4 millones para zanjar una investigación del Gobierno de EE UU sobre políticas de igualdad
La Administración Trump impulsó una división para perseguir determinadas políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)
La firma de servicios profesionales Deloitte abonará 21,5 millones de dólares (18,4 millones de euros, al cambio actual) para resolver una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (conocida por el acrónimo DEI), tras la ofensiva lanzada contra estas prácticas por parte de la Administración del presidente Donald Trump durante su segundo mandato.
El acuerdo supone la resolución de un caso de acusaciones de discriminación laboral impulsado por la denominada Civil Rights Fraud Initiative, una unidad creada el año pasado por el Departamento de Justicia para perseguir determinadas políticas DEI mediante el uso de la legislación civil antifraude.
La Administración Trump ha puesto en el punto de mira tanto a organismos públicos como a empresas privadas y universidades por aplicar programas de diversidad que, según los defensores de los derechos civiles, buscan corregir desigualdades históricas que afectan a mujeres, minorías étnicas y personas LGTBI. La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que estas iniciativas son discriminatorias y contrarias a la meritocracia, especialmente para colectivos como los hombres y las personas blancas.
Según el Departamento de Justicia y recoge Reuters, distintas unidades de Deloitte recibían informes mensuales sobre objetivos demográficos de plantilla y evaluaban parcialmente a socios y altos directivos en función de su contribución al cumplimiento de esas metas. Las autoridades consideran que los objetivos destinados a aumentar la representación de las comunidades negra e hispana pudieron influir en decisiones de promoción profesional.
Deloitte ha negado haber incurrido en prácticas discriminatorias. El texto del acuerdo señala expresamente que el pacto no constituye una admisión de responsabilidad. Eso sí, la compañía afirmó que estaba satisfecha de haber resuelto el asunto para evitar los costes y las distracciones asociados a un litigio prolongado.
El acuerdo también pone fin a las reclamaciones presentadas por la organización American Alliance for Equal Rights, fundada por el activista Edward Blum, conocido por su oposición a las políticas de acción afirmativa. Esta entidad recibirá 4,3 millones de dólares (3,7 millones de euros) del importe acordado, según informó el Departamento de Justicia.
La demanda se presentó al amparo de la Ley de Reclamaciones Falsas de Estados Unidos (False Claims Act), que permite a denunciantes particulares demandar en nombre del Gobierno para recuperar fondos públicos presuntamente obtenidos de forma indebida. La normativa contempla además una compensación económica para quienes impulsan este tipo de procedimientos.