El Gobierno acelera la renovación de la presidencia de la CNMC
El Consejo de Ministros aprobará en breve la propuesta de candidato para relevar a Cani Fernández, cuyo mandato termina el día 17, y para cubrir otras tres vacantes del consejo


El Gobierno tiene la determinación de proponer en breve al candidato a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sustitución de Cani Fernández, a quien se le acaba su mandato de seis años el próximo día 17, así como de cubrir los dos puestos que quedarán vacantes en el consejo de administración del organismo, con la salida en esa misma fecha de Josep María Salas y Carlos Aguilar, y el que dejó libre la consejera Pilar Sánchez, tras su dimisión el pasado mes de enero.
Fuentes políticas aseguran que la voluntad del Ejecutivo es llevar la propuesta al Consejo de Ministros de hoy o el del próximo martes y, en cualquier caso, que el relevo esté cerrado a principios de julio. Una vez que el Gobierno acuerde la propuesta de candidatos, esta pasará por la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados donde le aguarda el veto del Partido Popular y Vox que, en cualquier caso, no tienen mayoría. Posteriormente, deberá ser aprobada en otro Consejo de Ministros, como paso previo a la toma de posesión de los designados.
La Comisión de Economía del Congreso debe emitir dos dictámenes: el de idoneidad de los candidatos para el cargo y el que demuestre la ausencia de conflictos de interés. En principio, no son vinculantes. Se puede dar la circunstancia de que algunos de los grupos políticos voten en contra de los dictámenes pero sin formular un veto, pero todo apunta, salvo sorpresa inesperada, a que el Partido Popular y Vox votarán en contra de los dictámenes y vetarán los nombramientos. Sin embargo, estos grupos no tienen mayoría (fijada en 18 votos sobre un total de 35). La posición de los populares es comprensible, pues no cuentan con ningún consejero de los 10 que componen el consejo de la CNMC.
Como es sabido, el voto que le daría la mayoría al PSOE está en manos de Junts, que reclama un segundo vocal que ocupe la vacante dejada por Pilar Sánchez, que era cuota PSOE, pues al que propuso en su día esta formación política, Pere Soler, lo consideran “un traidor” tras votar el año pasado a favor de autorizar la polémica opa del BBVA sobre el Sabadell, cuando el pleno de la CNMC dictaminó sobre esta operación de concentración. Soler forma parte de la Sala de Competencia del organismo (además de esta, cuenta con otra de Supervisión Regulatoria). Por su parte, ni Sumar ni Esquerra Republicana han planteado problemas, pues los dos consejeros ahora salientes (Sala y Aguilar) forman parte de sus cuotas y ambas formaciones propondrán a sus respectivos sustitutos.
Para desbloquear la situación, el Gobierno ha puesto encima de la mesa la opción de nombrar a un consejero catalán “ambivalente”, del agrado de los nacionalistas de Junts pero también del PSC. En cualquier caso, si no hay relevo ahora (en tanto se produce, la presidenta y los consejeros con el mandato caducado deben continuar en funciones), y los cambios quedan en manos de un hipotético Gobierno del PP y Vox, los socialistas temen que no volverán a contar con ningún consejero en el organismo regulador sectorial y autoridad de la Competencia. Esta posibilidad juega a favor de que también los partidos de la oposición aceleren y faciliten el recambio antes de que sea demasiado tarde. Para Junts vetar los nombramientos de la mano de PP y Vox le resultaría contraproducente, señalan fuentes sectoriales.
Respecto a la elección del futuro presidente de la CNMC, proceso en el que realmente está enfocado el Gobierno, que en los últimos días ha intensificado los contactos y negociaciones, se ha convertido en un auténtico encaje de bolillos. Se busca un candidato que reúna cualificación técnica y experiencia institucional y regulatoria y una visión de la intervención pública de la economía de quien lo propone, en este caso, el Ministerio de Economía, donde el poder de los llamados tecos (técnicos comerciales del Estado) es conocido.
En este caso, el objetivo es evitar un perfil similar al de la todavía presidenta, cuyo mandato, según las mismas fuentes, “no ha cumplido las expectativas” del Gobierno ni de la oposición. A la CNMC se le critica que no haya sabido resolver la cuestión más grave a la que se ha enfrentado: la de determinar la responsabilidad del gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que se ha saldado con más de 60 expedientes sancionadores, en principio, sin relación directa con el suceso. Cani Fernández fue propuesta por Nadia Calviño en 2020, siendo esta vicepresidenta primera y ministra de Economía, cargo que dejó para ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en enero de 2024.
Asignaturas pendientes
Por el momento, la presidenta de la CNMC ha aprobado algunos cambios, que afectan especialmente a la directora de Energía, Rocío Prieto. Además de proponerla como secretaria ejecutiva de Ariae (Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía), en sustitución de Jesús Sánchez Tembleque, cargo al que accedió el pasado 1 de junio, también la ha designado como representante de la CNMC en la asociación de reguladores de energía europeos (ACER) en sustitución de Josep María Salas, a partir del 17 de junio, fecha en que finaliza el mandato de este consejero. Sin embargo, en el caso del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (European Board for Media Services o Media Board), órgano consultivo de la UE cuyo representante es Carlos Aguilar, ha optado por no sustituirlo.
Fuentes empresariales aseguran que Cani Fernández también quiere aprobar antes de abandonar su cargo las propuestas de circulares de la retribución de las redes de gas (de distribución y transporte) para el nuevo periodo regulatorio hasta 2032, que comienza el próximo octubre. Dichas propuestas, que podrían incluir algunas de las peticiones que las empresas afectadas han realizado en sus alegaciones, se remitirán al Consejo de Estado para su dictamen y se aprobarían posteriormente en el Pleno de la CNMC. En diciembre del año pasado, el organismo dio luz verde a las retribuciones correspondientes a las redes eléctricas, cuyas polémicas circulares han terminado en los tribunales.
Una de las asignaturas pendientes que se encontrará el futuro presidente de la CNMC es la resolución de los 66 expedientes sancionadores que los servicios técnicos han venido incoando desde el 17 de abril a un buen número de generadoras eléctricas (especialmente, Endesa, Iberdrola y Naturgy) y al operador del sistema, Red Eléctrica, tras investigar casi un año el apagón. Para ello, la Comisión ha anunciado un plazo de entre 9 y 18 meses.