ACS y Ferrovial activan sus escudos contra la escalada de precios en EE UU por el cierre de Ormuz
El sector constructor pide protección a la Administración Trump frente a la subida de los materiales básicos mientras las españolas se defienden con revisiones de precios, coberturas y acuerdos con proveedores
El mensaje de emergencia lanzado por el sector constructor ante el alza de precios de materiales básicos coincide a uno y otro lado del Atlántico. Estados Unidos, destino prioritario para ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona, OHLA y FCC, no escapa de esta inflación por el conflicto bélico en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, ante lo que se demandan medidas de protección al Gobierno de Donald Trump frente a los sobrecostes que se avecinan.
La Asociación General de Contratistas de América (AGC) ha advertido de una fuerte presión sobre los presupuestos de licitación y ejecución. Las subidas que comenzaron en marzo ya fueron las mayores desde la pandemia: la cesta de materiales básicos se encareció un 1,7% respecto a febrero, variación mensual que no se percibía en tales términos desde enero de 2022, mientras que el incremento interanual en el índice de precios de los suministros fue del 4,4%, el mayor en los tres últimos años. El encarecimiento acumulado desde marzo de 2020 ya era del 44% sin tener en cuenta la mano de obra.
ACS y Ferrovial son, de lejos, las referencias españolas con mayor peso en EE UU. Siguen la situación al minuto, pero trasladan cierto control de la situación. La primera lidera la edificación no residencial a través de Turner y tiene fuerte presencia en la obra pública con FlatironDragados. Un portavoz oficial de ACS explica que “la gran mayoría de nuestros contratos en Estados Unidos tienen cláusulas de protección ante el incremento de los precios de materias primas y suministros”, lo que le sirve de escudo. La renegociación de contratos millonarios ha sido prioridad para la empresa con el objetivo de reducir riesgos como constructora, especialmente en EE UU.
Con una facturación total de 49.848 millones al cierre de 2025, el grupo debe a EE UU un 59,2% de esa cifra (29.512 millones de euros). En cuanto a la cartera de contratos, con un volumen de 92.858 millones, el país supone un 52,3% del total. La cotización depende en gran parte de cuanto acontece en Norteamérica. La citada filial Turner edita un índice de costes de construcción, el TBCI, en el que se pone de manifiesto un incremento de 1,32% en EE UU a lo largo del primer trimestre, nivel que se ve superado en abril y mayo ante un conflicto que permanece enquistado. El vicepresidente de Turner, Attilio Rivetti, advierte del encarecimiento del acero, aluminio y cobre, aunque aún hace alusión a una demanda sólida en el mercado de la construcción en los tres primeros meses del año.
Ferrovial, con la constructora Webber como principal referencia local y fuertes intereses en el negocio concesional, recibe 3.485 millones de euros en ventas desde EE UU, el 36,2% de unos ingresos totales de 9.627 millones en 2025. Más del 40% de su cartera de obra, de 17.438 millones, está firmado allí. En el informe anual presentado el mes pasado en la junta de accionistas se hace alusión al riesgo de la volatilidad de precios o de los cuellos de botella en la logística por el conflicto en Oriente Próximo, a lo que se suma “la incertidumbre ante posibles cambios regulatorios y comerciales impulsados por Estados Unidos”.
La empresa de la familia Del Pino, que fía buena parte de su estrategia al crecimiento en el mercado norteamericano, reconoce que sus márgenes podrían sufrir por el incremento de costes. Pero ese momento no ha llegado, según explica un portavoz de la compañía. “En el corto plazo estamos experimentando cierta volatilidad y persiste cierta presión [sobre los costes], con un entorno principalmente condicionado por la situación en Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, esto no se está traduciendo en un impacto en la rentabilidad a corto plazo. La evolución a medio plazo dependerá de si estas tensiones persisten o si se produce una desescalada”, se explica desde la dirección de Ferrovial en EE UU.
“Las fórmulas de indexación incluidas en los principales contratos con clientes públicos, junto con las coberturas del precio del petróleo a más de un año en algunos países, actúan como mecanismo de protección de nuestra cartera de proyectos”, tranquilizan en Ferrovial. En su estrategia anticrisis también figuran la planificación anticipada de suministros (desde la fase de licitación de los proyectos) y la negociación de precontratos con proveedores.
ACS va a rendir cuentas este viernes ante su junta de accionistas, donde tendrá que explicar su nivel de exposición y los mecanismos de defensa ante un difícil entorno geopolítico. Ferrovial, por su parte, se cista con los analistas e inversores a final de semana con la presentación de los resultados del primer trimestre en la noche del jueves.
OHLA es otra de las que depende en gran parte de su trabajo en Estados Unidos, destino esencial para elevar sus ventas y resultado bruto de explotación hasta 2029. El grupo que preside Luis Amodio culminó 2025 con 3.455 millones en facturación, de los que 1.190 millones procedieron de Norteamérica (34,4%). La cartera de proyectos en esa región asciende a 3.167 millones, un 39% de los 8.100 millones que OHLA tenía por ejecutar a 31 de diciembre. La compañía ha eludido hacer comentarios sobre su situación y reacción al aumento de costes por suministros.
En Sacyr, menos expuesta al mercado de la obra civil estadounidense, se argumenta que la búsqueda de contratos bajo el modelo colaborativo y con revisión de precios -además de una labor cada vez más dedicada a atender a la concesionaria del grupo- hace posible capear la volatilidad de precios con cierta comodidad.
La asociación de contratistas AGC subraya que entre las subidas preocupa la del diésel para la maquinaria de obra, con un 38% al alza entre el 28 de febrero, cuando Estados Unidos ataca a Irán, y mediados de marzo, lo que se compara con el 40% que se rozó en el país norteamericano en 1990 durante la guerra del Golfo. La escalada supera el 50% entrado el mes de mayo.
Con el acero disparado un 15% respecto a los precios del primer trimestre de 2025, el cobre subiendo por encima del 20% o el aluminio encareciéndose un 34% en los últimos 12 meses, la AGC ha reclamado a la Administración Trump que adopte políticas para reducir la volatilidad en los mercados de materiales de construcción. El director ejecutivo de la asociación, Jeffrey D. Shoaf, teme que el país entre en una espiral de retrasos y cancelaciones de proyectos por la situación de incertidumbre.
Temor en Europa
La situación generada por el alza de costes de aprovisionamiento ha movido a las asociaciones españolas Seopan y Anci, así como de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a reclamar al Gobierno mecanismos excepcionales de revisión de precios en los contratos públicos. La demanda ha sido arropada por la patronal CEOE y afecta a empresas de construcción y servicios con una producción anual agregada de 64.000 millones y una plantilla total de 1,6 millones de trabajadores. El equilibrio de los contratos públicos en ejecución, se advierte desde estos colectivos, se encuentra amenazado por un 49% de incremento en el precio del betún asfáltico, del 13,7% en el aluminio o del 10% en el acero. También suben entre el 10% y el 25% los hormigones, áridos, ladrillos y los plásticos.
La Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) ha subrayado la vulnerabilidad de la cadena de valor del sector constructor en todo el continente a la crisis abierta en Oriente Próximo. También los riesgos para la competitividad de la UE y su capacidad para sostener la inversión pública con objetivos como la descarbonización y la transición digital.
“Los insumos relacionados con el petróleo (desde el diésel y el betún hasta los plásticos y productos químicos) están sometidos a una presión particular, especialmente en las obras de infraestructuras. Incluso en ausencia de escasez generalizada [de materiales], los márgenes se están estrechando”, ha sostenido la FIEC en una declaración institucional. “Los proyectos son más difíciles de presupuestar y aumentan los riesgos de retrasos, inversiones aplazadas y un menor ritmo de ejecución de infraestructuras y vivienda. Es probable que estos efectos persistan más allá de la crisis inmediata, con una volatilidad continuada, plazos de suministro más largos y condiciones de financiación más restrictivas”, se añade.
En toda Europa se ha generalizado la demanda de marcos contractuales con revisiones ante turbulencias excepcionales, la indexación de los proyectos de infraestructuras y plazos realistas de ejecución.