Portugal elimina el impuesto del 7% a la generación eléctrica que España aún mantiene
El Gobierno y el regulador luso consideran que, en el contexto actual, el tributo “es innecesario”, mientras empresas y usuarios españoles piden su eliminación
El pasado 17 de diciembre, el Consejo de Ministros portugués aprobó un decreto ley por el que se elimina en el país vecino el impuesto equivalente al 7% que España aplica desde enero de 2013 a los ingresos de cualquier tipo de generación eléctrica. Este tributo fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente, en la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, cuyo objetivo era sanear las cuentas del sistema eléctrico español que llegó a acumular una deuda de casi 30.000 millones de euros tras años de déficit tarifarios. Para compensar esta medida, y dada la existencia de un mercado único de la electricidad en la Península Ibérica (Míbel), Portugal hizo lo propio a través del llamado Mecanismo de Equilibrio Competitivo, que es justo lo que el Gobierno luso acaba de eliminar. En España, las compañías generadoras, desde las grandes eléctricas hasta las renovables más pequeñas vienen pidiendo su derogación desde hace años, después de que los tribunales avalaran la legalidad de la misma.
Según un comunicado del Consejo de Ministros portugués, “con esta medida se elimina un impuesto aplicado a la producción nacional de electricidad, que ha sido considerado innecesario en el contexto actual del mercado, siguiendo una recomendación de la Autoridad Reguladora de Servicios Energéticos, o ERSE, [organismo equivalente a la CNMC española] con el objetivo de reducir los costes que recaen en última instancia sobre los consumidores, promoviendo al mismo tiempo una mayor eficiencia y simplificación del sistema eléctrico”.
Aunque el tributo se puede trasladar al precio final de la energía, esto es, se le puede repercutir al consumidor, las compañías son las que lo recaudan y, según han criticado, no siempre es posible trasladarlo a la factura de la luz. Hacienda devuelve los ingresos obtenidos al sistema eléctrico para financiar la deuda eléctrica. Para este año, la previsión de ingresos por este impuesto ronda los 2.000 millones de euros, según el Ministerio de Transición Ecológica.
La consecuencia para España de la decisión del Gobierno luso que dirige el primer ministro Luis Montenegro es que los generadores portugueses serán más baratos que los españoles, según un experto del sector. “Se puede dar la paradoja de que una central española más eficiente se quede sin producir porque una central portuguesa, aunque sea menos eficiente, pueda ofertar a menor precio; algo que ya pasa con las centrales eléctricas francesas, que no soportan este impuesto”, añade.
El llamado IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica) se aprobó en España con el propósito explícito de contribuir a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y financiar la deuda eléctrica, que en el momento de su aprobación aún ascendía a 24.000 millones de euros. El impuesto se aplica sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de electricidad, sin considerar costes operativos o de inversión.
Este gravamen fue recurrido en su día por las compañías eléctricas ante distintas instancias judiciales, que dieron la razón al Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), confirmó en marzo de 2021 que el impuesto no contravenía el Derecho de la Unión Europea, al no considerarse un impuesto indirecto sobre el consumo de energía. Por su parte, en junio de ese mismo año, el Tribunal Supremo ratificó su legalidad y constitucionalidad, al considerar que no vulneraba el principio de capacidad económica ni suponía una doble imposición.
Curiosamente, el Partido Popular, que fue el que lo implantó en su momento, acumula 10 iniciativas legislativas en el Parlamento para su derogación.
Suspensión temporal
En los últimos años, el impuesto del 7% fue suspendido temporalmente en varias ocasiones para paliar las subidas de precios en periodos de alta volatilidad del mercado mayorista. La primera suspensión se aprobó en 2018 y duró seis meses: desde el cuarto trimestre de ese año al primer trimestre de 2019.
Posteriormente, a raíz de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo decidió eliminarlo provisionalmente para aliviar las subidas históricas de precios que impactaron en la factura de la luz de los consumidores domésticos e industriales. Varios reales decretos fueron dejándolo sin efecto en los años 2021, 2022 y 2023. Aunque las empresas abrigaron la esperanza de que la suspensión se convertiría en definitiva, el Ministerio de Hacienda se opuso frontalmente y el IVPEE se reactivó gradualmente a lo largo de 2024, con una minoración de la base imponible ese año.
Una de las críticas por parte de las eléctricas y los consumidores es que, además de que frena la competitividad de las plantas de generación española respecto al resto de países europeos, el tributo se ideó para sufragar una deuda eléctrica que está a punto de desaparecer: su amortización definitiva está prevista para finales del próximo año. En 2026 la anualidad del déficit ascenderá a 1.883 millones de euros, frente a los 2.390 millones del año pasado, según el ministerio que dirige Sara Aagesen.
Este tributo, y otros de menor cuantía, como el canon hidráulico o la tasa nuclear sobre el combustible gastado (que suponen unos 600 millones de euros), sirven para financiar los llamados cargos de la factura de la luz que fija Transición Ecológica. Estos incluyen, además de la citada deuda eléctrica, la compensación a las renovables con derecho a retribución específica (el llamado Recore), que asciende este año a 5.760 millones de euros, o las subvenciones que reciben los sistemas extrapeninsulares, algo más de 840 millones.
Fuentes del mercado consideran necesaria una revisión integral de la fiscalidad del sector eléctrico, “para que se adapten a los nuevos objetivos de transición energética, teniendo en cuenta que la deuda va a desaparecer, pero evitando que se generen nuevos déficit”.
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