Las eléctricas se apoyan en los críticos de la CNMC y en Transición para alegar sobre la retribución de las redes
Grandes y pequeñas distribuidoras y sus patronales presentaron ayer sus argumentos contra las circulares ante el Consejo de Estado
A diferencia de lo ocurrido con las alegaciones que el sector de la distribución eléctrica presentó este año ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en que tanto las grandes como las pequeñas empresas hicieron un frente común para expresar su posición sobre la nueva retribución de las redes, en el caso de la audiencia abierta por el Consejo de Estado el pasado lunes, las grandes han presentado alegaciones por separado y también a través de la asociación Aelec.
Ayer terminaba el escaso plazo que este organismo había otorgado a las empresas personadas en el trámite, a las que se les había entregado el expediente completo del polémico paquete normativo que regirá la rentabilidad de las redes en los próximos seis años. De esta manera, Iberdrola, Endesa y Naturgy, por separado; Aelec (integrada por las dos primeras y EDP) y Cide (asociación integrada por más de un centenar de pequeñas distribuidoras eléctricas) presentaban al finalizar la jornada del lunes sus alegaciones en contra de las propuestas de las circulares de la CNMC, que deben entrar en vigor el 1 de enero.
El pasado 29 de octubre el consejo de administración de la CNMC había acordado remitir sendas propuestas de circulares que establecen, respectivamente, la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución eléctrica y la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes de distribución (media y baja tensión). Por su parte, también envió la de las redes de transporte (en alta tensión) que gestiona Red Eléctrica, para el periodo regulatorio 2026-2031.
Precisamente, ha sido el dictamen del Ministerio para la Transición Ecológica, que incluye sus orientaciones de política energética y los votos particulares de dos de los tres consejeros disidentes de la CNMC, los que han servido de base a las empresas para armar unas alegaciones que suponen la última bala del sector para frenar las propuestas del organismo que preside Cani Fernández, que incluyen una TRF del 6,58% (cuando las compañías reclamaban un mínimo del 7%) y un nuevo modelo retributivo que introduce, por primer vez, el riesgo en las inversiones.
Según fuentes del sector, las empresas coinciden en argumentar ante el Consejo de Estado que la tasa propuesta por la Comisión es “discriminatoria” respecto a las de las redes de gas y de otros sectores regulados, como el de las telecomunicaciones, el aeroportuario o el ferroviario, en los que se asume riesgo, esto es, se retribuyen las inversiones en función de la evolución de la demanda. Además, la TRF de las redes de transporte se sitúa en el mismo nivel que la distribución, cuando estas infraestructuras de REE siguen con el modelo anterior sin riesgo. Algo sobre lo que advierte también el ministerio en sus orientaciones.
En línea con los votos particulares de los vocales Josep María Salas y María Jesús Martín, las empresas afectadas consideran que las propuestas son “arbitrarias, confiscatorias y discriminatorias” y “desincentivan la eficiencia”. Concretamente, esta consejera, que ha emitido un voto particular en contra de la circular sobre la nueva metodología de retribución de la distribución, considera que el ajuste tan exigente sobre las ganancias de eficiencia en gasto (Opex) no es proporcionado ni consistente con la introducción del nuevo modelo retributivo.
Perfil de riesgo
Por su parte, la patronal Aelec advierte ante el Consejo de Estado que, tanto los votos particulares de estos consejeros de la CNMC y el propio informe del ministerio confirman las preocupaciones trasladadas por el sector: que la tasa planteada no es suficiente para hacer frente a los retos de la transición energética y, además, discrimina a la distribución respecto al transporte por tener distinto perfil de riesgo. En su voto particular, Josep María Salas, subraya que “es difícil de sostener, desde una buena técnica regulatoria, que ambas actividades tengan la misma beta, parámetro que debe medir, justamente, el riesgo de la actividad regulada”.
En línea con todo ello, Aelec alerta de que “el cambio abrupto” del modelo, unido a que la retribución quede ligada a variables no controlables, como la demanda, “incrementa significativamente el riesgo regulatorio”.
También reitera que los recortes concatenados de Opex, que resultan en capturas de eficiencias excesivas, puede desincentivarlas, “por lo cual no puede considerarse una señal adecuada para el modelo retributivo”.
Dado que la función del Consejo de Estado es que las propuestas normativas sean conforme a derecho, Aelec incide en que las circulares en trámite “no garantizan la sostenibilidad y seguridad jurídica de la distribución eléctrica, y que deben ajustarse “para asegurar coherencia metodológica, alineamiento europeo y estabilidad regulatoria”.
Otro punto relevante que critican las compañías es el denominado parámetro K de sostenibilidad económica, o la inversión necesaria para lograr incrementos de potencia. Para cumplir con la planificación del ministerio, las distribuidoras consideran que este incentivo debe ser superior al propuesto (de 258 euros/kW a uno superior a los 327euros/kW). Un modo de evitar la discriminación entre territorios y consumidores, pues el esfuerzo inversor según cada caso es mayor para las compañías.
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