Transición acepta las propuestas de la CNMC y pide mejoras para la distribución respecto al transporte
El Consejo de Estado abre `in extremis’ un breve periodo de alegaciones sobre la nueva regulación y la tasa financiera para las líneas
El Consejo de Estado ha abierto este miércoles el plazo de audiencia pública para que las compañías eléctricas (y otras partes interesadas) puedan presentar alegaciones a las polémicas propuestas de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que establecen, respectivamente, la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución eléctrica y la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes de distribución eléctrica (media y baja tensión) y del transporte (alta tensión) para el periodo regulatorio 2026-2031, que debe publicarse en el BOE antes del próximo 28 de noviembre. De lo contrario, se prorrogaría la regulación actual.
Las afectadas han recibido in extremis el expediente completo (además de las propuestas del organismo regulador, los tres votos particulares de tres consejeros de la CNMC y el dictamen del Ministerio de Transición Ecológica sobre las mismas) y solo tienen de plazo hasta el próximo lunes para presentar alegaciones. El consejo de administración de la CNMC acordó el pasado 29 de octubre remitir sus propuestas de circulares (en las que fija un tasa de retribución financiera para la distribución del 6,58% para los próximos seis años, frente al 5,58% actual), tanto para la distribución como el transporte, pero hasta el pasado lunes no llegó al Consejo desde el Ministerio de Economía, el habilitado para hacerlas llegar. Por su parte, el departamento que dirige Sara Aagesen envió fuera de plazo su dictamen a la CNMC, con las orientaciones de política energética que le son preceptivas.
Se desconoce lo ocurrido en el último mes con el trámite de estas normas que ha tenido en vilo al sector eléctrico que, finalmente, ha podido descubrir la posición del ministerio, que, como se preveía, difiere en algunos aspectos de la del organismo que preside Cani Fernández y pide una mejora de la TRF para las redes, cuyas inversiones, por primera vez, van a tener que asumir riesgo.
Con carácter general, según el dictamen al que ha tenido acceso este diario, Transición considera que la propuesta no entra en conflicto con sus orientaciones energéticas por lo que no procede el arbitraje a través de la denominada Comisión de Cooperación. Y está de acuerdo en que, como propone la CNMC, y dado que el valor actual de la tasa no se corresponde con la situación actual de los mercados internacionales, procede aumentar dicho valor, tal como ha propuesto la la CNMC. Pero pide que no se equipare a la del transporte, que no asume riesgo, y menos con las del gas, aún por determinar.
Así, a falta de conocer la tasa que se propondrá para las redes de gas, que entrarían en vigor en 2027, Transición considera que la TRF de la actual distribución eléctrica es insuficiente para atraer el volumen de inversiones que se requieren en los próximos años. El ministerio recuerda que en sus orientaciones de política energética publicadas hace un año ya advertía que, “en relación con la descarbonización de la economía, la tasa no deberá incentivar la construcción de nuevas infraestructuras relacionadas con combustibles fósil” y que “las inversiones infraestructuras se producen en un contexto de aceleración de la transición energética a nivel global, en particular en Europa, con una alta competencia para el acceso a los mercados de capitales”. Y se lamenta de que ni la propuesta de circular, ni en su memoria, se haga mención a dicha competencia.
En este sentido, pide que la TRF de las redes eléctricas incorporen el mayor riesgo del nuevo modelo propuesto por la CNMC (las empresas podrán invertir sin tener asegurada la demanda), por lo que propone justificar “el incremento del parámetro Beta por encima de los valores establecidos en la circular de la TRF”, tal como hace la CNMC.
Esta orientación del ministerio implicaría un cambio en la primera circular, la de la metodología de retribución que se tramita en paralelo. En el borrador de circular que ha sido sometido a audiencia, se propone un cierto reparto del riesgo de demanda, en la medida en que la retribución de las empresas distribuidoras se podrá ver minorada si las nuevas inversiones no acaban teniendo un nivel de utilización acorde con las expectativas de demanda que se previó. En este sentido, la rentabilidad de la actividad, particularmente de los activos asociados a nuevas inversiones, deberá reflejar de manera adecuada el riesgo que, en su caso, se traslade a la actividad. Aunque el ministerio no hace propuestas numéricas, de sus apreciaciones se desprendería una mejora de la TRF del 0,45%.
Incongruencia
En su voto particular, el consejero Josep María Salas considera “incongruente” la decisión de dotar de metodologías dispares a dos actividades de redes eléctricas debería ser coherente con una determinación del parámetro beta en la fórmula de cálculo de la tasa de retorno financiero”. De esta manera hace referencia al hecho de que la TRF propuesta para el transporte (que no asume riesgos) sea la misma que la de la distribución.
Sala propone una modificación “para garantizar la congruencia normativa y evitar la discriminación” entre redes. El modelo propuesto “es difícil de sostener”, subraya.
Las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) que presentarán alegaciones a través de su asociación Aelec, tienen apenas tres días para presentar alegaciones, en las que volverán a exigir una tasa de, al menos, el 7%, para poder afrontar las futuras inversiones para la electrificación. Una vez que las analice el Consejo de Estado, este las devolverá a la CNMC, probablemente la semana del 9 de diciembre y, a su vez, con las matizaciones que exija el Consejo, y deberán ser publicadas en el BOE antes de finales de diciembre para que entren en vigor el 1 d enero
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