Consejeros disidentes de la CNMC califican la propuesta de retribución de las redes de “confiscatoria y discriminatoria”
María Jesús Martín y Josep María Salas se alinean con las alegaciones de las eléctricas, mientras Carlos Aguilar opta por mantener la actual regulación
Las propuestas de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la retribución para los próximos seis años de las redes eléctricas (de transporte en alta tensión y de distribución, en media y baja), no encontraron unanimidad en el consejo de administración que las aprobó el pasado 29 de octubre. Concretamente, tres consejeros, María Jesús Martín, Josep María Salas y Carlos Aguilar, emitieron cuatro votos particulares que la CNMC no publicó junto a las propuestas de circulares, una anomalía, ya que dichos votos forman parte de los propios textos legales que fueron enviados al Consejo de Estado, que los recibió el lunes. Las principales afectadas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y su asociación Aelec) aceleran ya sus alegaciones que deben presentar antes del próximo lunes.
Las propuestas de circulares, que las eléctricas rechazan, fundamentalmente, por considerar que la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes de distribución (6,58%) de una de las circulares no recoge el riesgo que se las obliga a asumir por primera vez han sido cuestionadas en el seno del propio organismo. En sus votos particulares, Josep María Salas y María Jesús Martín denuncian que la norma propone recortes de costes de forma “arbitraria, confiscatoria y discriminatoria” y “desincentiva la eficiencia”. A partir de ahora, se retribuirán las inversiones en distribución en función de la evolución de la demanda, no así el transporte.
María Jesús Martín, que ha emitido un voto particular en contra de la circular sobre la nueva metodología de retribución de la distribución, advierte que el ajuste de las ganancias de Opex de la propuesta no es consistente con la introducción de un nuevo modelo retributivo, ni proporcionado. La circular introduce un cambio de modelo en el segundo semiperiodo (de tres años) mientras que los ajustes de eficiencias en Opex se introducen, tanto al principio como durante el primer y segundo semiperiodo. Para esta consejera, “la sucesión de ajustes tan exigentes sobre las ganancias de eficiencia en gasto (conocido técnicamente como opex) en el nuevo modelo, puede desincentivar a las distribuidoras a buscar eficiencia o adoptar soluciones de flexibilidad”. Algo -subraya- que va en contra de los objetivos de la propia circular, que es maximizar la conexión de nueva demanda optimizando costes de inversión y operación.
En este sentido, según Martín, “es esencial dar un incentivo a que la distribuidora genere eficiencias en su actividad, que, en última instancia, revertirán en el consumidor, no únicamente en la empresa distribuidora”.
Por su parte, Josep María Salas, que ha presentado sendos votos particulares para las dos circulares sobre distribución, dice que con su voto quiere garantizar la protección de los derechos de los consumidores. “La singularidad -y novedad- es que el derecho de acceso a las redes no está suficientemente garantizado en España y se ha convertido en un recurso escaso, potencialmente sujeto a especulación, lo que compromete el derecho del consumidor al suministro, un bien jurídico que debe protegerse”.
Salas denuncia que la propuesta aplica una “captura inicial de margen de operación” que carece de justificación técnica y económica, penalizando decisiones de inversión ya tomadas y discriminando negativamente a las empresas más eficientes. “No solo no se atienden a las alegaciones de los agentes sobre el carácter confiscatorio de esta captura de márgenes inicial, sino que con el nuevo cálculo se redobla la sustracción de márgenes, sin justificación técnica ni económica”, asegura.
Dado que las primeras inversiones sujetas a la nueva metodología serán retribuidas en 2029, aunque se ejecuten en 2027, se introduce -en su opinión-, un doble riesgo: un cambio de modelo y poco tiempo para adaptarse. Además, mientras la retribución para la actividad de transporte es continuista y no introduce ningún factor de riesgo, la nueva metodología implica “un incremento del riesgo distinto para cada una de las actividades”.
Por coherencia con esta decisión, considera que “es difícil de sostener, desde una buena técnica regulatoria, que ambas actividades tengan la misma beta, parámetro que debe medir, justamente, el riesgo de la actividad regulada”, subraya en su voto. Para eliminar esta discriminación, ve “imprescindible incorporar un valor diferencial en la fijación del cálculo de la tasa de retorno financiero que refleje esta disparidad”.
En este sentido, Salas recuerda lo ocurrido con las circulares de gas en 2019, cuando la CNMC reconoció una mayor TRF a la actividad de distribución de gas por el mayor riesgo de esta actividad respecto a la regasificación y transporte de gas derivado del modelo retributivo paramétrico, ligado a la evolución del número de clientes y de la energía suministrada.
Territorios y consumidores
Los dos consejeros discrepantes coinciden en que la circular, tal y como está planteada, fomenta la discriminación entre territorios y consumidores, ya que no tiene en cuenta el esfuerzo inversor real ni el potencial de incremento de demanda de cada zona.
En cuanto al voto particular del vocal Carlos Aguilar se sitúa en el extremo contrario, ya que defiende, en general, que se mantengan la actual regulación y tasa de retribución (5,58%), lo que iría en contra de las orientaciones de política energética del Ministerio de Transición Ecológica, que sí se recogen en las propuestas de mejora de la propia CNMC.
El Consejo de Estado, que debe emitir su dictamen a partir de la próxima semana, una vez analice las alegaciones de las eléctricas, se puede ver en la dicotomía de apoyar a la CNMC frente al Ministerio para la Transición Ecológica, lo que perjudicaría a las compañías eléctricas, que, en este caso tienen en mayor medida el apoyo del departamento que dirige Sara Aagesen. En sus orientaciones de política energética, este también considera que no se deberían equiparar las tasas de la distribución y el transporte, teniendo en cuenta que este no asume ningún riesgo.
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