EE UU confirma el fallo que ordena a España indemnizar a Nextera con 291 millones por el recorte de las primas de las renovables
El Tribunal del Distrito de Columbia abre la puerta a nuevos embargos de bienes tras ratificar la validez del laudo de mayor cuantía por este asunto
La justicia estadounidense se ha vuelto a pronunciar sobre la ofensiva que varias compañías que invirtieron en energías renovables en España, algunas bajo el amparo de fondos que han comprado sus derechos legales en los pleitos, lanzaron hace un decenio contra España por el recorte de las primas de las renovables con motivo de la reforma eléctrica que se llevó a cabo en 2013. El Tribunal de Distrito de Columbia dictó este martes un nuevo fallo en el que da validez a los intereses de los demandantes y abre la puerta a nuevos embargos de bienes españoles en el extranjero. En esta ocasión, la jueza Tanya S. Chutkan ha confirmado el laudo que el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) —corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial— dictó a favor de Nextera Energy, a quien le reconoció el derecho a cobrar 291 millones de euros, más intereses, la mayor indemnización concedida por este asunto.
El fallo, al que ha tenido acceso CincoDías, es el sexto que los tribunales de Estados Unidos dicta en contra de España en apenas dos meses, al confirmar los laudos dictados a favor de los inversores Cube Infraestructure (40,2 millones de euros), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), e Infrastructure Services Luxembourg —conocido como caso Antin— (125,1 millones) y Watkins (79,5 millones). Los derechos legales de todos ellos están cedidos al fondo norteamericano Blasket Renewables.
Nextera, la mayor eléctrica del mundo por capitalización bursátil, que invirtió 750 millones de euros en proyectos solares en España, ganó en 2019 la demanda que presentó ante el Ciadi por violar el Tratado de la Carta de la Energía, de la que España y la Unión Europea han retirado su adhesión. Los servicios jurídicos intentaron anular el laudo ante el Ciadi pero sin éxito.
Desde entonces, los beneficiarios de este conflicto económico buscan que la justicia ordinaria estadounidense ordene la ejecución del pago, mientras que España alegó inmunidad soberana. No obstante, el Tribunal de Apelaciones de Columbia rechazó dicha alegación, la principal línea de defensa de España en este asunto, al entender los dictámenes del Ciadi tienen validez de sentencia firme. España ha argumentado en todos los procesos relacionados con el recorte de las retribuciones previstas por inversiones en renovables que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó los arbitrajes intracomunitarios y la Comisión Europea tiene que autorizar el abono de dichas compensaciones para que no sean declaradas “ayuda de Estado ilegal”. Sin embargo, esto no convenció a la justicia norteamericana, que concluyó que dicha inmunidad no opera en estos casos.
Resuelto esto, la jueza Tanya S. Chutkan ha retomado el análisis sobre la pertinencia de reconocer el fallo del Ciadi y ha sentenciado que, de acuerdo a lo dictado por el órgano judicial superior, tiene jurisdicción para conocer el asunto. En este sentido, la jueza federal recuerda que la propia corte de arbitraje del Banco Mundial rechazó los argumentos sobre la inmunidad y añade que las leyes federales establecen que los laudos dictados en virtud del Convenio del Ciadi “serán ejecutados y se les otorgará la misma plena fe y crédito que si fueran una sentencia final”.
España solo ha afrontado un pago
Por el momento, de las 50 demandas de arbitraje que se presentaron contra España, 27 se han saldado a favor de inversores o fondos oportunistas, cuyas compensaciones suman alrededor de 1.500 millones de euros más intereses legales. De ellas, España únicamente ha afrontado la indemnización de unos 23,5 millones a la japonesa JGC, después de recibir la aprobación de la Comisión Europea, que tiene que dar luz verde a las indemnizaciones, y tras negociar con Blasket (que también cuenta con los derechos de este litigio) poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor de este asunto, según indicaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
Fuentes gubernamentales calculan que de la factura total se pueden ahorrar más de 1.300 millones, ya que es la cantidad que corresponde a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la Unión Europea. Así, cuentan con desembolsar únicamente 167 millones de euros en indemnizaciones a cuatro inversores extracomunitarios, no sujetos al derecho europeo, aunque la Comisión Europea aún no se ha pronunciado sobre su autorización.
Frente a la negativa de España de abonar las compensaciones, la estrategia de los inversores o fondos oportunistas ha sido la de instar en tribunales de Reino Unido, Bélgica o Australia el embargo cautelar de activos españoles en dichos países, a lo que ahora se puede sumar EE UU tras los recientes fallos. España siempre arguye que la Comisión Europea tiene que autorizar los pagos, un argumento que se reforzó a principios de año cuando Bruselas denegó la indemnización en el caso Antin al considerarla contrario a derecho europeo y, por tanto, “una ayuda de estado ilegal”. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que esta decisión es “trasladable al resto de casos intraeuropeos, presentados por sociedades de la Unión Europea”.
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