La justicia confirma la multa a García Carrión por retrasar el pago a sus proveedores de uva
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comparte con el Ministerio de Agricultura que incumplió la Ley de la Cadena Alimentaria por abonar las facturas más de 60 días e impone una sanción de 95.000 euros
García Carrión ha ganado en parte su batalla contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el pago a proveedores de vino. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso que la bodega de Valdepeñas interpuso contra una sanción de 100.000 euros por aplazar el abono de dichas facturas más de 60 días, al entender que esta falta no es “muy grave” porque no se dan los requisitos para achacar reincidencia. La administración la calificó como tal porque la compañía había sido previamente multada por hechos similares. Sin embargo, la penalización no ha sido anulada del todo, sino que se ha rebajado a 95.000 euros. Los magistrados han afeado que el grupo incumpla con la obligación de no extender el pago a quienes sus suministradores de uva de vinificación, por lo que han considerado que la conducta realizada es solo grave. El fallo aún no es firme, ya que se puede recurrir al Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra sobre este caso.
Aunque la sanción fue impuesta en febrero de 2021 por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y ratificada cuatro meses después por el propio Ministerio, los hechos se remontan a 2019 cuando la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) inspeccionó a tres entidades proveedoras de García Carrión para revisar los contratos alimentarios y plazos de pago en el sector vitivinícola. Se detectó que el grupo dueño de marcas como Pata Negra, Jaume Serra o Don Simón había excedido presuntamente el plazo máximo de 60 días para pagar la adquisición de productos no frescos y perecederos. Así, en septiembre de 2020, el organismo dependiente del departamento que dirige Luis Planas inició un expediente sancionador contra la bodega, en el que se tuvo en cuenta que ya fue sancionada en 2017 y otras dos veces en 2018.
La Ley de la Cadena Alimentaria, que se aprobó en agosto de 2013 y se reformó en diciembre de 2021, tiene como objetivo dar mayor transparencia a la formación de precios y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores del sector agroalimentario. Así, el texto se remite a la Ley de Lucha contra la Morosidad y fija el límite temporal para el abono de productos frescos en máximo 30 días y para los no frescos en el plazo de 60 días. “Precisamente, lo que busca esta ley es proteger a los más vulnerables del sector y una de las medidas clave es garantizar el cobro de los productos vendidos en un plazo determinado”, subraya la sentencia dictada el pasado 20 de diciembre.
Vino, entre los sectores más inspeccionados
En 2019, el sector del vino fue el segundo sector más inspeccionado de oficio por la AICA. De hecho, desde que la agencia se creó en 2014 hasta el primer semestre de 2024 (último informe público), el sector vinícola acumuló un total de 1.227 controles, siendo el tercer sector más vigilado por detrás de las frutas y hortalizas (2.300 inspecciones) y del lácteo (1.304). Durante esa década, el organismo ha impuesto sanciones a empresas de una quincena de sectores agrícolas por el importe total de 16,6 millones de euros, de las cuales el 52% del total de las infracciones es por incumplimiento de pagos.
García Carrión impugnó la resolución sancionadora y alegó que no se dan los requisitos para determinar que existe una reincidencia que justifique la penalización por una infracción muy grave. Según señaló en su recurso, no se han cometido “dos o más infracciones graves” en el plazo de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas, tal y como exige la Ley de la Cadena Alimentaria. La primera sanción fue firme por resolución del Ministerio de Agricultura en junio de 2017, pero dos años más tarde fue corregida por este mismo tribunal superior de justicia, que redujo la sanción de 100.000 euros a 3.000 euros. En cuanto a las otras dos multas, adquirieron firmeza en la vía administrativa en febrero y diciembre de 2018, ya que no fueron recurridas en los tribunales, según recoge el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia, en la que concluye que no se da la agravante.
Sin embargo, los magistrados sí creen que la conducta es grave porque el cobro de las facturas supera con creces el tope fijado por ley, ya que García Carrión utilizó el confirming a 90 días, que consiste en que una entidad financiera adelanta el importe adeudado y el proveedor puede cobrar antes de tiempo bajo las condiciones financieras pactadas. Los magistrados, que ponen en duda el criterio de la administración acerca de que la uva para el vino no sea considerado como un producto no fresco, explican que esta fórmula no está prohibida, pero precisan que solo es válida si se cumple los plazos establecidos. Así, rechazan el argumento de la bodega acerca de que los proveedores pueden cobrar antes de los dos meses, ya que solo podrán hacerlo “financiando el cobro, en suma perdiendo una cantidad de dinero en intereses”.
“La ley es clara: se deben pagar los productos no perecederos en un plazo no superior a 60 días, lo que no es tolerable es que se diga que se cumple con este precepto simplemente por ofrecer la posibilidad de financiación de esas facturas (a costa del que debe cobrar) en dicho plazo”, concluye el TSJM, que rechaza imponer una sanción en grado mínimo como solicitó García Carrión, que además recalcó que todos los cargos estaban atendidos.
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