Sumar lleva al Supremo su pleito contra el Banco de España por los beneficios extra de la banca
El recurso de tres diputados de la formación política se une al de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también ha recurrido el fallo de la Audiencia Nacional que avaló que el supervisor no entregara la información
Los tres diputados de Sumar que demandaron al Banco de España por no entregarles la información solicitada sobre los beneficios extra que obtuvieron las entidades financieras en 2022 y 2023 por las facilidades de depósito elevan su batalla legal ante el Tribunal Supremo. El escrito presentado por Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago insiste en que la negativa del supervisor bancario español a entregar la documentación requerida, amparándose en la confidencialidad de los datos, vulnera el derecho fundamental de los parlamentarios de acceso a la información. Los parlamentarios denunciaron esta situación ante la Audiencia Nacional, si bien este órgano judicial avaló la actuación de la institución que ahora dirige el exministro José Luis Escrivá. Ahora, solicitan al alto tribunal a analizar el caso, sobre el que consideran que no existen precedentes, y piden formar jurisprudencia sobre el secreto de la información que obra en poder de la institución y su colisión con derechos fundamentales.
“Con la denegación del acceso a la información solicitada se está dando una obstrucción a la participación de los diputados en el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias en relación a la potestad legislativa de las Cortes, que de forma constante elabora normas o convalida real decreto-ley de carácter fiscal o financiero”, explica el recurso presentado el pasado 27 de febrero, al que ha tenido acceso CincoDías, contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado 15 de enero.
La reclamación de la formación política estaba centrada en los ingresos extraordinarios que las entidades bancarias recibieron por el tipo de interés que perciben al realizar depósitos a un día en los bancos centrales, lo que se denomina facilidad de depósito. Con esta fórmula, el Banco Central Europeo (BCE) trató de estimular la economía y evitar que los bancos aparcaran su liquidez, sobre todo en épocas de dificultades como la Gran Recesión o la crisis de la covid-19. Durante el tiempo que los tipos estuvieron a cero, esta cifra llegó a ser negativa, lo que implicaba que el BCE cobrara a los bancos un tipo de interés por tener sus reservas depositadas. Sin embargo, la inflación en 2022, provocada en gran parte por el conflicto en Ucrania, hizo que el banco central elevara los tipos y la facilidad depósito, lo que provocó que las entidades pasasen de pagar por la liquidez depositada en el BCE a rápidamente obtener réditos por ella.
En concreto, Sumar solicitó conocer la “cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, con un desglose del pago individualizado para cada entidad”. El 10 de junio de 2024, el entonces gobernador, Pablo Hernández de Cos, trasladó por escrito al Congreso de los Diputados el total de saldos depositados y de los intereses abonados por el Banco de España al conjunto de entidades de crédito, pero denegó separar los datos por cada entidad de crédito, alegando que ello podría afectar a la política monetaria y al secreto profesional. Tras ello, los tres diputados presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, que ahora llega al Tribunal Supremo.
Hernández de Cos ya se pronunció sobre su oposición a facilitar datos sobre las ganancias extraordinarias de los bancos en una comparecencia en el Congreso en mayo de 2024. “¿Por qué no podemos darle los datos individuales? Estamos sujetos al deber de confidencialidad [al respecto]. El Banco de España no puede hacer otra cosa que cumplirlo”, dijo en respuesta a una de las preguntas formuladas por uno de los diputados de Sumar que firmó la demanda, Carlos Martín. Y en base a ello, el supervisor comunicó a la Presidencia del Congreso que no podía atender a la petición de Sumar porque el régimen de secreto previsto en la normativa que lo regula no se lo permite, dado que la petición de información no proviene de una comisión de investigación de la Cámara Baja.
“Anomalía desproporcionada”
En opinión de Sumar, “no puede existir una presunción general de confidencialidad de todas las operaciones que realiza el Banco de España”. De hecho, en el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo sostiene que la información solicitada “es imprescindible para, en primer lugar, permitir un diseño óptimo de la política fiscal y, en segundo, defender los intereses de los inversores privados, en particular, de los minoristas”. En este sentido, el escrito recalca que en la respuesta del exgobernador dirigida a la Cámara Baja existe una “anomalía desproporcionada entre los intereses abonados bajo la facilidad de depósito del Banco de España en los años 2022 y 2023, puesto que la cantidad abonada en 2023 supone un 642% de la cantidad abonada en al año inmediatamente anterior”, que sería de interés aclarar.
Por todo ello, los diputados instan a la máxima instancia judicial a estudiar esa interpretación de confidencialidad de la información que realizó el Banco de España para negarse a detallar cuánto percibió cada banco a través de esta herramienta de política monetaria durante los meses de subidas en los tipos de interés. En su opinión, esta tesis choca directamente con derechos fundamentales de los ciudadanos, representados a través de la función parlamentaria. “Resulta notorio que nos hallamos ante un supuesto de relevancia general para la ciudadanía y sus representantes públicos, siendo además la cuestión suscitada de gran alcance económico, no existiendo precedentes de asunto similar, siendo de palmario interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, reza el texto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha alineado durante todo el procedimiento con la postura de los tres diputados de Sumar, al entender que el Banco de España no justificó suficientemente su decisión y que la información requerida no está protegida por el secreto profesional. Por este motivo, también presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar la vulneración del derecho de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios de acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos, en su vertiente de acceso a la información de los poderes públicos.
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