Los hoteles elevan la presión sobre Interior antes de denunciar el nuevo registro de viajeros
Están dispuestos a recoger solo algunos datos personales a la entrada del turista y quieren derivar a agencias de viajes, turoperadores y bancos de camas los relativos a la reserva
La cuenta atrás para la aprobación definitiva del nuevo registro de viajeros ya está en marcha. El Ministerio del Interior publicó el pasado 30 de diciembre el borrador de orden ministerial que lo regulará y en el que se establecen las nuevas obligaciones que deberán cumplir hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de coches. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska insiste en que solo se piden dos datos adicionales a los once que se solicitaban con anterioridad (la relación de parentesco en caso de que se viaje un menor y un teléfono o un correo electrónico de contacto) y las empresas afectadas denuncian que siguen siendo más de 30. Estas tienen de plazo para presentar sus nuevas alegaciones hasta el 21 de enero y han elevado su presión sobre Interior para lograr adaptar la norma antes de denunciarla ante los tribunales.
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), solo se muestra dispuesto a que los hoteles recopilen los datos personales de los clientes durante la entrada en el hotel. “De hecho, ese proceso ya lo hacemos. Somos el único país de Europa en el que los hoteles transmitimos todos los datos incluidos en el DNI o el pasaporte a la Policía”. Y rechaza la obligación de aportar toda la información relativa a la reserva, que deriva a las agencias de viajes, turoperadores y bancos de camas. “No sabemos quién está detrás de la gran mayoría ni tampoco tenemos acceso a datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros o el precio de la estancia”, puntualiza Estalella, que remarca además que aportar esa información vulneraría la protección de datos.
La patronal está asesorada por el bufete Tourism & Law en este conflicto y esta dispuesta a denunciar el registro ante los tribunales si se les obliga a recopilar cierta información, basándose en la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), fechada el 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el registro vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. “Le corresponde aportar los datos al que formalice las reservas”.
La segunda línea de defensa se centra en que la norma se quiere aprobar por la vía del decreto ley, por lo que consideran que vulnera el principio de jerarquía normativa. “Nuestros asesores ya nos han asegurado que es ilegal aprobar por la vía del decreto ley una norma que suprima derechos fundamentales como la privacidad y que debe hacerse mediante una norma de rango superior”, indica en alusión a que tendría que hacerse a través de una ley orgánica, aprobada en Congreso y Senado con el beneplácito de todos los partidos políticos, algo impensable ahora mismo por la falta de consenso. También se han mostrado críticos respecto al requisito de tres años de custodia de los datos. “La sentencia del TJUE establecía un período máximo de seis meses”. Estallela cree que no les queda más remedio que acudir a los tribunales.
Las agencias de viajes también apuran el plazo para presentar alegaciones al borrador de orden ministerial y están dispuestas igualmente a acudir a los tribunales. Mercedes Tejero, secretaria general de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), se muestra muy decepcionada con Interior porque contaba con que recogería en la orden ministerial gran parte de sus exigencias. “Siguen vulnerando el principio de jerarquía normativa y no han excluido ni al corporativo ni al turismo de congresos e incentivos que no tienen clientes consumidores, al intermediar como proveedores de agencias de viajes u operadores turísticos”. Tejero también lamenta que no se haya aclarado a quién le corresponde la obligación de facilitar los datos cuando intervienen varios operadores en el proceso de reserva, más aún cuando los hoteleros están presionando para que se les exima de esa obligación, ni que se haya atendido la petición de reducir de tres años a seis meses el tiempo durante el que se deben conservar los datos relativos a esa reserva.
Las observaciones presentadas por la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) también exigen aclaraciones al menos sobre nueve de los datos solicitados y hacen especial hincapié en la imposibilidad de conocer los datos de pago, del titular del medio de pago y de la fecha de caducidad de la tarjeta. “No almacenamos esa información en nuestros sistemas. El procesamiento de los pagos se realiza a través de intermediarios que gestionan directamente esos datos, garantizando así su seguridad y el cumplimiento con las normas de protección de datos”. También reclaman que se recojan al menos dos excepciones. “Existen clientes corporativos con los que se firman contratos multiconductor, en los que los datos son los de la empresa y el vehículo puede ser conducido por otras personas autorizadas. Tampoco se recaban los datos del conductor con cierto tipo de contrato cuyo cliente final son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
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