Las constructoras urgen medidas al Gobierno para salvar 40 obras públicas firmadas antes de 2021
La patronal CNC y las asociaciones Sepan y Anci demandan una reforma de la revisión excepcional de precios en reconocimiento de sobrecostes de ejecución
Llamada de atención del sector constructor al Gobierno por el riesgo de paralización de obras impactadas por la inflación en los costes de materiales básicos (cemento, cerámica, madera, plásticos, productos químicos, vidrio, aluminio, cobre, etcétera) que se desató con la pandemia. La patronal de la construcción, CNC, y las dos grandes asociaciones, Seopan y Anci, han firmado un comunicado conjunto en el que piden medidas urgentes para salvar al menos 40 proyectos importantes en pérdidas. La situación de urgencia no es nueva.
Se trata de contratos públicos firmados antes de 2021 y cuya ejecución se ve comprometida por la “desigual y limitada eficacia de la revisión de precios excepcional”. Entre los proyectos hay varios del Plan de Recuperación (PRTR), como actuaciones en cuatro corredores de Adif Alta Velocidad (Murcia-Almería, León-Asturias, Madrid-Extremadura y Vitoria-San Sebastián), de distintas obras de la Dirección General de Carreteras, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Estos contratos sufrieron desviaciones durante la crisis sanitaria, por lo que el Gobierno aprobó la revisión de precios excepcional a través de tres reales decretos-ley, el 3/2022, 6/2022 y 14/2022, y de la Orden HFP/1070/2022. Se trataba de garantizar la finalización de los contratos públicos de obra y compensar a las empresas contratistas por la alteración que llegó con el probado incremento de sus costes, imprevisible en la fecha de la licitación.
La reclamación de las contratistas de obra pública pasa por una reforma del mecanismo, referenciando el límite de la cuantía máxima de la revisión al precio del contrato o al presupuesto base de licitación, en sustitución del precio de adjudicación que marca la norma. También se pide un alza en el límite máximo revisable del 20% al 30% durante la ejecución de los contratos (mientras persistan derechos y obligaciones de las partes, lo que alcanza hasta la conclusión del plazo de garantía).
Las asociaciones hablan de medidas de sencilla implementación en la normativa de la revisión de precios excepcional que garantizarían la terminación del ramillete de obras públicas afectado. Además, aseguran que el impacto económico sería “muy reducido y acotado”.
Efecto limitado
La CNC, Seopan y Anci reconocen que las medidas que se tomaron durante la pandemia han contribuido “positivamente” a la continuidad de la obra civil nacional, pero también lamentan “una eficacia limitada y muy desigual en el equilibrio de los contratos dependiendo de su fecha de adjudicación y de formalización”. De este modo, alertan de “grave riesgo la ejecución de aquellos formalizados antes de 2021″.
El sector constructor argumenta que el procedimiento excepcional de revisión de precios se queda corto por estar limitado en un 20% del precio de adjudicación del contrato, no del precio total. Con ello se excluye el importe de los expedientes adicionales que pueden darse en cada uno de los proyectos. También quedaron fuera, como conceptos revisables, los costes de la energía y el de la mano de obra. Las asociaciones recuerdan que el último índice de la energía, publicado en diciembre de 2023, registra un 49,8% de incremento respecto al de diciembre de 2020.
Las compañías están soportando un incremento real de sus costes, señalan la CNC, Seopan y Anci, que va del 27% al 55% del precio de adjudicación, ante lo que la compensación máxima tiene como tope el referido 20%. Eso conlleva “un evidente perjuicio financiero para el contratista, que excede del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público”, afirman los colectivos empresariales en su comunicado conjunto.
El peligro del que se vuelve a advertir esta mañana es la “demora o paralización en la ejecución de contratos, al incurrir en costes muy superiores a los iniciales, con el consiguiente perjuicio para el interés público, tanto mayor si se considera que muchos de ellos afectan y comprometen la continuidad y terminación en plazo, en 2026, de importantes corredores ferroviarios y viarios con subvenciones europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”.
El reequilibrio en la obra pública, insuficiente a ojos de las empresas, se aplica desde el 1 de enero de 2021 aunque no estuviera previsto en los pliegos de contratación. La figura de la revisión de precios está prevista en España desde 1965 con el objetivo de actuar contra la volatilidad de los materiales más comunes en proyectos de construcción, pero prácticamente cayó en desuso con la entrada en vigor de la Ley de Desindexación, cuando dejó de ser una garantía obligatoria y desapareció de los pliegos.
Su restauración se produjo después de contabilizarse decenas de concursos desiertos entre 2021 y 2022 ante la dificultad de las constructoras de presupuestar sus costes en un contexto de precios descontrolados. A ello se sumaron obras ralentizadas o que habían llegado a paralizarse. Un riesgo, dicen las asociaciones, que vuelve a estar sobre la mesa de la Administración.
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