El Gobierno refuerza su control sobre Telefónica al imponer condiciones a la entrada de STC
El Ejecutivo velará por la españolidad y la autonomía estratégica de la primera teleco española
El Gobierno ha condicionado su autorización a la toma del 9,9% de Telefónica por la teleco saudí STC, con un énfasis especial en preservar la españolidad y la estabilidad de la gran teleco patria. Esto se suma a la entrada del Estado, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), con un 10%, la designación de un consejero y el posible nombramiento de un segundo representante, lo que refuerza el papel del Ejecutivo en la empresa.
El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que el plácet del Ejecutivo estaba vinculado a una serie de condiciones, que los saudíes habían aceptado. De este modo, Moncloa se garantiza “que se asegure el elemento estratégico y la autonomía operativa de Telefónica, de forma que se salvaguarden los intereses nacionales y se proteja esa infraestructura crítica”, de acuerdo a las palabras del ministro.
El Ejecutivo contaba con poder de veto sobre esta transacción en virtud al llamado como escudo antiopas, que le da la potestad de vetar la toma de más de un 10% de empresas estratégicas por inversores extranjeros o de más del 5% si la firma objeto está vinculada con el mundo de la seguridad y la defensa, como es el caso de Telefónica. Esta normativa le permite igualmente imponer condiciones sobre la transacción.
Esta opción es la que ha elegido en el caso de Telefónica y STC, pero también con la entrada del fondo australiano IFM en Naturgy o la adquisición de GIP por BlackRock, de la que ha derivado la irrupción de la mayor gestora de fondos del planeta en la gasista. Igualmente ha condicionado la fusión de Orange y MásMóvil o la adquisición del negocio de Vodafone en España por Zegona.
Presumiblemente, el corpus de las condiciones sea similar a las anteriores, al menos en lo relativo al empleo o el mantenimiento de la sede en España. También al mantenimiento de la compañía en Bolsa, mantener políticas prudentes en el pago de dividendos, inversiones en España o sobreendeudamiento. Según publicó este periódico la semana pasada, entre estas condiciones estarán también salvaguardar las decisiones que afecten a la seguridad nacional y garantizar que la sede social y fiscal permanezca en España.
En otras transacciones del sector de telecomunicaciones, además, el Ejecutivo ha tratado de velar por el mantenimiento de las inversiones. En cuanto a la fusión de Orange y MásMóvil, el por entonces ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá, aseguró que la aprobación de la operación venía acompañada “un plan industrial de la entidad resultante que es verdaderamente ambicioso y con una orientación de muy medio plazo, con una política de inversiones muy potente durante los próximos años en infraestructuras digitales fijas y móviles”.
En cuanto a la operación de Vodafone y Zegona, su visto bueno estaba ligado a garantizar la continuidad del servicio y contemplaba inversiones futuras, principalmente en cobertura móvil con tecnología 5G. El Gobierno también velará en Telefónica por que los vaivenes en el capital no afecten a las inversiones de la teleco, al igual que en Naturgy condicionó las irrupciones de IFM y BlackRock en el capital a mantener la apuesta por las renovables.
En cualquier caso, el movimiento supone que el Ejecutivo incrementa su papel en Telefónica en dos sentidos. Por un lado, con estas condiciones que dirigirán tanto la política de voto de STC en las juntas de accionistas como ciertas decisiones de su futuro representante en el consejo de administración.
Por el otro lado, el anuncio de STC de la toma de este 9,9% en Telefónica —hace más de un año, en septiembre de 2023— incentivó al Estado a volver al capital de la compañía, décadas después de su completa privatización. Así, a través de la SEPI se ha hecho con un 10% del capital, un papel similar al que tendrán los saudíes. La españolidad de la teleco queda completamente blindada por el refuerzo de Criteria Caixa como socio, que ha alcanzado otro 10%, que se suma al 4,8% del BBVA. En virtud a estas operaciones la SEPI ha nombrado a un representante (el mismo número que se prevé tenga STC), para lo que ha designado a Carlos Ocaña, si bien con el porcentaje que ostenta en el capital puede plantearse proponer a un segundo consejero.
Por tanto, la institución, que depende del Ministerio de Hacienda, tiene ya un rol activo en la toma de decisiones de la compañía. Cuenta con voz y voto en el máximo órgano de administración, así como con capacidad de votar en las juntas, como uno de los principales accionistas. Las condiciones ahora impuestas no son sino un refuerzo en su rol en la teleco.
El propio presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en el el congreso de directivos de CEDE que se ha celebrado este jueves en A Coruña ha señalado: “Estamos a la espera de conocer los detalles de la decisión del Consejo de Ministros. STC no nos ha manifestado nada nuevo desde el año pasado, cuando comunicó su participación en Telefónica, y por lo tanto no puedo darles más noticias al respecto sobre sus intereses. En todo caso, una de las grandes fortalezas que tiene Telefónica son sus accionistas, grandes y pequeños, que dan estabilidad y apoyo a la operadora y reflejan la confianza de los inversores en la estrategia de Telefónica”.
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